Así era la mansión de lujo que habría construido de forma irregular el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, capturado por corrupción

Villa de Leyva, Víctor Gamboa Chaparro, San Cayetano, Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S. y Sisol S.A.S. están en el centro de un escándalo que sacudió a este municipio turístico de Colombia tras el arresto del alcalde y la polémica por una mansión construida de manera irregular, con lujos no autorizados y violaciones a la normativa local.

El complejo, levantado en el predio San Cayetano —adquirido para una vivienda de 551 metros cuadrados— terminó ocupando más de 5.000 metros cuadrados e incorporó lagos, pesebreras y una capilla, lo que desembocó en sanciones económicas, acciones judiciales y un proceso penal, de acuerdo con los archivos judiciales recogidos por El Tiempo.

Las imputaciones legales a Víctor Gamboa Chaparro incluyen concusión y prevaricato, en una investigación donde se indagan supuestos sobornos y entrega irregular de permisos urbanísticos.

En el sector conocido como San Cayetano, también denominado Nuestra Señora del Buen Suceso, según las fuentes, la municipalidad otorgó en 2022 una licencia limitada que fue ampliamente sobrepasada.

María Victoria Solarte Daza, representante de Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S., figura como beneficiaria principal. Según el medio citado, la inversión total en la obra fue de más de 6 millones de dólares, cifra estimada y obtenida de registros públicos y declaraciones de la compañía, con el terreno adquirido en diciembre de 2020.

Las irregularidades dieron lugar a medidas administrativas. Elizabeth Patiño Zea, asesora jurídica municipal, declaró a El Tiempo que la compañía solicitó una ampliación de la licencia en septiembre de 2023, solicitud que el alcalde negó por incumplimientos técnicos y violaciones al Plan de Ordenamiento Territorial.

Según explicó la funcionaria, la construcción había crecido en extensión y complejidad porque el proyecto ejecutó obras superiores a la licencia original, incorporando más edificaciones y áreas recreativas de las permitidas, lo que generó afectaciones ambientales.

Sanciones y medidas urbanísticas sobre la mansión

Inspecciones oficiales certificaron que la obra ejecutada por Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S. alcanzó 5.200 metros cuadrados, aunque la licencia sólo contemplaba 551. Las autoridades declararon nulo el proceso original y exigieron la suspensión inmediata de los actos administrativos relacionados.

Como consecuencia directa, se impuso una multa de 232 millones de pesos a la empresa responsable, junto con la orden de demoler las áreas edificadas sin respaldo legal.

De acuerdo con Portafolio, una sanción de $280 millones recayó sobre Sisol S.A.S. en abril de 2026, luego de que el inspector municipal verificara más irregularidades.

Documentos judiciales señalan la ausencia de protección a reservorios, construcciones fuera de norma y falta de acatamiento de exigencias arquitectónicas y estructurales.

Adicionalmente, el municipio negó en octubre de 2025 otra solicitud de licencia y, tras constatar nuevos incumplimientos, dio por terminado el trámite en marzo de 2026.

El caso judicial contra el alcalde de Villa de Leyva

El jueves 7 de mayo, Víctor Gamboa Chaparro fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía en el marco de la ampliación de las investigaciones.

Los cargos, según la Fiscalía General de la Nación y los medios consultados, son concusión y prevaricato por acción.

Grabaciones obtenidas por la Fiscalía y divulgadas por El Tiempo, refieren que el alcalde habría exigido un soborno del 20% del valor de la licencia y la contratación de una persona allegada con salario mensual de $13 millones para permitir la continuidad del proyecto.

El expediente reúne audios y documentos entregados a la Fiscalía, que fueron confirmados en las declaraciones del abogado Alejandro Cadena, defensor de la empresaria Solarte.

La defensa del mandatario, a cargo del penalista José Ricardo Burgos, aclaró que los hechos responden a un montaje y pidió revisar la autenticidad de los registros, insistiendo en que la contratación del allegado fue propuesta de la empresa, y no una imposición oficial.

Desde los denunciantes, José Alejandro Herrera y Alejandro Cadena —representantes legales de Solarte— sostienen que la sanción administrativa constituyó represalia tras oponerse a exigencias económicas, y niegan motivaciones distintas a los hechos judicializados.

Reacciones y versiones enfrentadas en Villa de Leyva

La detención del alcalde generó manifestaciones de apoyo ciudadano en la plaza mayor, mientras la Fiscalía avanzaba para definir si la medida de reclusión sería domiciliaria o carcelaria.

La defensa solicitó evaluaciones técnicas de las pruebas, alegando motivación política e irregularidades en la denuncia. Burgos afirmó que la contratación de un allegado fue iniciativa de los empresarios para facilitar gestiones con la administración.