Niños fueron usados como ‘escudos humanos’ en asonada contra militares en el Tolima, confirmó la gobernación: “Inhumano, cobarde y vil”

Las consecuencias de un reciente enfrentamiento en el municipio de Ataco, Tolima, han dejado un saldo de 13 militares heridos tras una asonada impulsada por civiles, en medio de un operativo contra la minería ilegal.

De hecho, en la mañana del jueves 7 de mayo de 2026, la gobernadora del departamento, Adriana Magali Matiz, denunció que las acciones violentas contra las Fuerzas Militares habrían sido protagonizadas por las disidencias de las Farc.

Además, la mandataria afirmó que, durante la asonada, el grupo armado utilizó a niños como escudos humanos para impedir la labor de las fuerzas armadas en el sector de Puente Amarillo.

“Denuncio ante Colombia la acción inhumana, cobarde y vil de las disidencias de las Farc y de todos los que se alimentan del multimillonario negocio ilícito de extracción de oro en Ataco, al utilizar como escudos humanos a la población civil, los niños y campesinos en la vía a Las Señoritas y Puente Amarillo”, señaló Matiz.

La Gobernación del Tolima condenó enérgicamente este hecho y señaló que los responsables buscan proteger el lucrativo negocio ilegal de extracción de oro en la zona. Según Matiz, los insurgentes y quienes operan en la minería ilícita utilizaron a la población civil, incluidos menores y campesinos, como barrera humana en las vías a Las Señoritas y Puente Amarillo.

Durante la intervención, los integrantes del Ejército recibieron ataques con piedras y otros objetos contundentes, lo que provocó lesiones en un oficial, dos suboficiales y diez soldados. La gobernadora aseguró que, a pesar de la magnitud del operativo militar, hasta ese momento no se registraban daños entre los habitantes de la región.

“Para tratar de torpedear las labores militares y policiales que se desarrollan con contundencia.Total respaldo a nuestras Fuerzas Armadas en su valiente labor, siempre en el marco del respeto a los derechos ciudadanos”, concluyó la gobernadora.

El pronunciamiento de la Gobernación de Tolima se da un día después de que la intervención militar para combatir la extracción ilegal de oro en el corregimiento de Santiago Pérez, al sur del municipio de Ataco en Tolima, culminara el miércoles 6 de mayo en una serie de disturbios que dejaron trece militares heridos y la destrucción de vehículos oficiales.

En el desarrollo de la confrontación, dos vehículos oficiales —entre ellos al menos un camión tipo NPR de la Policía— fueron incendiados en medio de la asonada. Según cifras proporcionadas por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, “existen cerca de 5.000 personas dedicadas a la extracción ilegal de oro en el sur del departamento, operando con más de 300 retroexcavadoras”.

Solo en abril se decomisó maquinaria valorada en $2.900 millones, utilizada para generar más de $15.900 millones mensuales en actividades ilícitas que alimentan la financiación de estructuras armadas ilegales.

El Ejército Nacional informó que los uniformados del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales intentaban desmantelar campamentos mineros cuando fueron rodeados por cientos de personas identificadas como “mineros ilegales”.

Esta multitud obstruyó el avance militar y, al escalar la situación, agredió a los uniformados con palos, piedras y machetes. La fuerza pública denunció que la vida de los efectivos quedó expuesta y que los disturbios llegaron hasta la estación de Policía del corregimiento.

Las imágenes captadas por ciudadanos mostraron a la población acompañando a los agentes a la estación de Policía en busca de refugio, un comportamiento inusual que revela el nivel de tensión y el temor.

Diversas autoridades han alertado sobre la posible manipulación de la comunidad por parte de estructuras armadas ilegales, en particular el Frente Ismael Ruiz, disidencia de las Farc. Se investiga la participación de personas provenientes de otras regiones del país, vinculadas a redes de extracción ilícita.

Ante la gravedad de los hechos, el Ejército Nacional expresó: “Rechazamos estos actos violentos que atentan contra la institucionalidad y obstaculizan las operaciones orientadas a proteger los recursos naturales, restablecer la legalidad y salvaguardar la seguridad de las comunidades”.