La Fiscalía imputó cargos a tres policías por la muerte de otros dos uniformados: informe de balística desmontó la “versión oficial”

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a tres policías sobrevivientes, acusándolos de la muerte de sus compañeros Fabián Ordóñez Cancimance y Víctor Manuel López Giraldo en la vereda El Recreo (Cauca), después de que nuevas pruebas balísticas contradijeran la versión inicial de un ataque externo.

La investigación, reconstruida por la revista Semana, detalla que, tras nueve años de investigaciones, el caso cambió de orientación judicial tras un informe clave.

El 26 de junio de 2017, un grupo de la Policía Nacional fue asignado a un operativo en Almaguer, un municipio al sur del Cauca. La patrulla, integrada por cinco funcionarios, se desplazaba en una camioneta por la vereda El Recreo, jurisdicción de La Vega, cuando los policías Fabián Ordóñez Cancimance y Víctor Manuel López Giraldo murieron a causa de disparos.

Los tres sobrevivientes declararon, según el mencionado medio, que habían sido atacados por supuestos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde una motocicleta—a partir de la presencia histórica del ELN en esa zona montañosa.

Informe balístico: el vuelco del caso

El análisis pericial solicitado por la Fiscalía General de la Nación, principal órgano de investigación penal en Colombia, marcó un punto de inflexión.

De acuerdo con el reporte citado, el informe de balística determinó que “en ningún momento los disparos realizados presuntamente desde el exterior del vehículo en el que se desplazaban los integrantes de la patrulla de policía judicial impactaron al interior”. Además, los impactos en los cristales y los disparos letales se originaron dentro de la camioneta.

A la luz de estos elementos materiales probatorios, la investigación concluyó que la muerte de las víctimas fue causada por compañeros de su propia institución. El caso fue catalogado en el ámbito judicial como fuego amigo o posible dolo.

Imputación formal y procesos judiciales

Sobre la base de las pruebas recabadas, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos tras 9 años de investigaciones.

Iván Darío Ramírez Cardona y Yonier Alejandro Marín Millán fueron acusados de homicidio culposo, falso testimonio, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y fraude procesal, todos en calidad de coautores y a título de dolo.

Por su parte, Jhon Jairo Martínez Martínez, actualmente residente en España y quien compareció remotamente, fue imputado por falso testimonio, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y fraude procesal, también como coautor y con dolo.

Ninguno de los 3 imputados aceptó los cargos. Se encuentran en libertad, dado que la Fiscalía no solicitó órdenes de captura ni medidas de aseguramiento.

La DEA desmantela red de policías vinculada al Clan del Golfo en Colombia

Una incautación de 1.849 kilogramos de cocaína en Bélgica permitió a la DEA, con colaboración de autoridades colombianas, destapar en 2023 una red de oficiales de la Policía Nacional que, en alianza con el Clan del Golfo, facilitaban envíos internacionales de droga.

Esta operación genera consecuencias jurídicas inéditas: por decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, uno de los investigados será extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico.

Según la investigación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos se sustenta en evidencias que incluyen grabaciones. En estas, dos uniformados son captados negociando exportaciones de cocaína con intermediarios del Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). El caso marca un hito en la cooperación judicial entre ambos países y revela el nivel de penetración de redes criminales en las estructuras de seguridad.

La incautación en el puerto de Amberes permitió a la DEA reconstruir en detalle todo el recorrido del cargamento desde Colombia, incluyendo el manejo de contenedores y la implicación directa de funcionarios policiales en la logística.

Uno de los oficiales identificados es el mayor Andrés Osorio, quien, según el reporte remitido a los juzgados colombianos, figuraba en la nómina tanto del Clan del Golfo como del grupo criminal Los Pachenca, también llamado Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

Las pruebas recabadas muestran que Osorio y al menos otro oficial utilizaban sus funciones para allanar el paso de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos y Europa.

Según la información enviada a la justicia, ambos se comunicaban “directamente con representantes de otras Organizaciones de Tráfico de Droga” y, para su beneficio personal, aprovechaban su posición de confianza y los procedimientos legales internos “para facilitar el envío de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia”.