La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a tres policías sobrevivientes, acusándolos de la muerte de sus compañeros Fabián Ordóñez Cancimance y Víctor Manuel López Giraldo en la vereda El Recreo (Cauca), después de que nuevas pruebas balísticas contradijeran la versión inicial de un ataque externo.
La investigación, reconstruida por la revista Semana, detalla que, tras nueve años de investigaciones, el caso cambió de orientación judicial tras un informe clave.
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El 26 de junio de 2017, un grupo de la Policía Nacional fue asignado a un operativo en Almaguer, un municipio al sur del Cauca. La patrulla, integrada por cinco funcionarios, se desplazaba en una camioneta por la vereda El Recreo, jurisdicción de La Vega, cuando los policías Fabián Ordóñez Cancimance y Víctor Manuel López Giraldo murieron a causa de disparos.
Los tres sobrevivientes declararon, según el mencionado medio, que habían sido atacados por supuestos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde una motocicleta—a partir de la presencia histórica del ELN en esa zona montañosa.
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Informe balístico: el vuelco del caso
El análisis pericial solicitado por la Fiscalía General de la Nación, principal órgano de investigación penal en Colombia, marcó un punto de inflexión.
De acuerdo con el reporte citado, el informe de balística determinó que “en ningún momento los disparos realizados presuntamente desde el exterior del vehículo en el que se desplazaban los integrantes de la patrulla de policía judicial impactaron al interior”. Además, los impactos en los cristales y los disparos letales se originaron dentro de la camioneta.
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A la luz de estos elementos materiales probatorios, la investigación concluyó que la muerte de las víctimas fue causada por compañeros de su propia institución. El caso fue catalogado en el ámbito judicial como fuego amigo o posible dolo.
Imputación formal y procesos judiciales
Sobre la base de las pruebas recabadas, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos tras 9 años de investigaciones.
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Iván Darío Ramírez Cardona y Yonier Alejandro Marín Millán fueron acusados de homicidio culposo, falso testimonio, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y fraude procesal, todos en calidad de coautores y a título de dolo.
Por su parte, Jhon Jairo Martínez Martínez, actualmente residente en España y quien compareció remotamente, fue imputado por falso testimonio, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y fraude procesal, también como coautor y con dolo.
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Ninguno de los 3 imputados aceptó los cargos. Se encuentran en libertad, dado que la Fiscalía no solicitó órdenes de captura ni medidas de aseguramiento.
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