
La defensa de Zulma Guzmán, empresaria colombiana y principal sospechosa en el caso conocido como el “crimen del talio”, viajará a Bogotá junto a los especialistas británicos en psiquiatría forense Alan Mitchell y Bradley Hillier para inspeccionar la cárcel El Buen Pastor.
La finalidad es determinar si el centro penitenciario cumple los estándares internacionales de derechos humanos requeridos por el Reino Unido. Esta verificación resulta necesaria, porque la Fiscalía General de la Nación solicita la presencia de Guzmán en Colombia para avanzar en las investigaciones del caso en el que se le acusa, de manera presunta, de planear el envenenamiento con talio de dos menores en Bogotá en abril de 2025.
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El Reino Unido condiciona cualquier extradición a Colombia a la certificación de las condiciones carcelarias y la garantía de los derechos fundamentales de la persona solicitada. Por esta razón, la defensa de Guzmán promovió la inspección junto a los especialistas británicos, cuya evaluación será determinante para autorizar el traslado de la procesada.
Requisito británico de derechos humanos para la extradición
La inspección está programada del 25 al 27 de mayo de 2026, aunque El Tiempo señala que será del 25 al 27 de mayo, mientras que Asuntos Legales especifica el 25 y 26 de mayo, por lo que existen diferencias de fechas entre las fuentes.
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La defensa legal de Guzmán organizó el procedimiento para responder a la exigencia británica de certificar que no hay riesgo de maltrato ni condiciones inadecuadas en la prisión colombiana.
El diario mencionado indicó que, en conversaciones con la Fiscalía, los especialistas británicos en psiquiatría forense Alan Mitchell y Bradley Hillier, convocados por la defensa, examinarán tanto la infraestructura general de El Buen Pastor como, precismante, el área de psiquiatría.
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María Milena Méndez, directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, trasladó la solicitud oficial a las autoridades colombianas. La principal preocupación es el estado de salud mental de la procesada.
Por su parte, el medio jurídico Asuntos Legales detalla que el informe resultante de la visita deberá certificar la ausencia de riesgos e idoneidad de las instalaciones. Si el dictamen es favorable, el proceso de extradición podrá avanzar formalmente ante los tribunales del Reino Unido.
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Acusaciones y proceso judicial de Zulma Guzmán
Zulma Guzmán enfrenta cargos en Colombia por delitos contra menores, al ser señalada como responsable del envenenamiento de dos niñas con frambuesa contaminada con talio en Bogotá.

Según las investigaciones de la Fiscalía, las niñas consumieron la fruta el 13 de abril de 2025 y fallecieron luego de recibir atención médica. La Fiscalía General de la Nación sostiene que un domiciliario entregó el alimento por orden de Guzmán.
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Antes de ser detenida, Guzmán fue rescatada del río Támesis en diciembre de 2025. Posteriormente, estuvo recluida en el Hospital de Salud Mental St Charles en Notting Hill y, tras recibir el alta, fue ingresada en la prisión HMP Bronzefield en Surrey, donde permanece en prisión preventiva a la espera de la resolución sobre su extradición.
Ambos medios resaltan que la visita de especialistas británicos responde a protocolos obligatorios en casos en los que la entrega requiere certificar condiciones penitenciarias adecuadas.
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Informe técnico y pasos finales para la extradición
Finalizada la visita del 25 al 27 de mayo, la comisión británica elaborará un informe técnico sobre la infraestructura y el respeto a los derechos fundamentales en El Buen Pastor.
Este documento será evaluado por los tribunales del Reino Unido, que determinarán si se cumplen los requisitos para continuar el proceso.
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La Fiscalía General de la Nación ha tramitado formalmente las solicitudes de la defensa para garantizar el respeto al debido proceso y a los estándares internacionales. Con un dictamen favorable, se podrán reactivar los trámites para trasladar a Guzmán a Colombia y para que comparezca ante la justicia.
Emitida la aprobación tras la inspección, las autoridades quedarán facultadas para iniciar el traslado y cumplimiento de los protocolos internacionales de extradición.
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