El Gobierno de Estados Unidos podría retenerle el pasaporte a ciudadanos colombianos por estas razones

Viajar a Estados Unidos implica una revisión exhaustiva más allá de la aprobación de la visa y la presentación de documentos en regla. Las autoridades estadounidenses, incluidas agencias como el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Estado, pueden imponer restricciones al uso del pasaporte en casos de deudas fiscales, problemas judiciales o inconsistencias documentales que comprometan la validez o autenticidad de la identificación presentada.

Conforme a la información oficial, una de las razones más frecuentes para que el Departamento de Estado limite el pasaporte a nacionales, incluidos quienes cuentan con doble nacionalidad estadounidense y colombiana, se vincula a la acumulación de deudas tributarias catalogadas como “seriamente morosas”.

En estos casos, el IRS puede reportar al contribuyente ante el Departamento de Estado, lo que provoca la inmediata negativa a expedir un nuevo pasaporte o a renovar el vigente. Incluso cuando el deudor se encuentra fuera del país, solo tendría acceso a un documento temporal cuya única finalidad es autorizar el regreso a territorio estadounidense.

El procedimiento ocurre específicamente cuando, junto con la deuda federal, existen procesos activos de cobro —como embargos o gravámenes— contra la persona señalada. La propia agencia federal del gobierno de Estados Unidos aclaró que esta medida no recae sobre todos los contribuyentes con obligaciones pendientes: quedan excluidos quienes mantienen acuerdos de pago vigentes, atraviesan procesos de negociación o cuentan con recursos legales reconocidos que suspenden temporalmente la restricción.

En respuesta a las dudas frecuentes de los viajeros frente a una posible retención del pasaporte, las limitaciones pueden aplicarse a ciudadanos estadounidenses con doble nacionalidad o residencia, persistan o no fuera del país, y afectan tanto el trámite de renovación como la primera expedición del pasaporte. Esta política también considera casos de manutención infantil impaga: la ley federal establece la barrera en deudas superiores a USD 2.500 lo que equivale a $9.325.300; quien supere ese monto se expone a la negativa de trámites de pasaporte hasta regularizar su situación.

Las restricciones documentales no se limitan al ámbito fiscal. Según el Departamento de Estado, también se cancela o restringe el pasaporte si existen antecedentes por fraude, uso de documentos falsificados o delitos federales relacionados con la identidad. Las autoridades estadounidenses pueden revocar de inmediato el documento a quienes intenten alterar datos en la tramitación, modificar registros oficiales o emplear identidades falsas.

El estado físico del pasaporte puede determinar la entrada o rechazo en el control migratorio

La validez del pasaporte no depende solo de la situación judicial o fiscal de su titular. Un documento deteriorado, con páginas sueltas, manchas que impidan la lectura, perforaciones, roturas visibles o cualquier alteración que genere dudas sobre su autenticidad, puede considerarse inválido por los funcionarios de migración.

Según las autoridades estadounidenses, el pasaporte será rechazado si el deterioro impide verificar la información personal o el carácter genuino del documento. No obstante, fuentes oficiales precisaron al medio que signos normales de uso, como pequeños dobleces o ligero desgaste, no provocan restricciones si los datos permanecen legibles e íntegros.

La precisión de estos procedimientos busca garantizar la seguridad del sistema migratorio estadounidense y el adecuado cumplimiento de las políticas federales en materia tributaria y judicial. Cada situación, desde la deuda fiscal hasta la manipulación o el mal estado material del documento, puede derivar en restricciones inmediatas sobre la expedición y el uso del pasaporte para ingresar a Estados Unidos, con consecuencias puntuales que pueden limitar el derecho a la movilidad internacional.

Colombianos en riesgo de deportación en Estados Unidos

La administración de Donald Trump impulsó en las últimas semanas una ofensiva judicial y política orientada a debilitar de manera sostenida las garantías que ofrece el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca) a más de medio millón de jóvenes inmigrantes en Estados Unidos, una estrategia que busca aumentar la presión sobre los llamados dreamers hasta hacerles inviable la permanencia en el país.

La determinación de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) —tribunal vinculado al Departamento de Justicia— marca un cambio sustancial en la protección judicial de este colectivo. El organismo estableció que el solo hecho de beneficiarse de Daca no puede utilizarse, en adelante, como argumento suficiente para cerrar un proceso de deportación, como ilustró el caso de la activista Catalina Santiago.

Este precedente, si bien no conlleva una expulsión automática, permite que se reabran o reconsideren numerosos expedientes de jóvenes amparados por el programa, generando incertidumbre para alrededor de 525.000 personas, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Una estimación del Instituto para la Política Migratoria (MPI) reporta que entre 3.000 y 3.500 colombianos se encuentran entre los actuales beneficiarios.