Procuraduría escuchará a la magistrada Cristina Lombana por insultos de Armando Benedetti: la llamó “loca demente”

La Procuraduría General de la Nación avanzó en el proceso disciplinario contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, al citar a declarar a la magistrada Cristina Lombana, tras los insultos que recibió en medio de un procedimiento judicial que derivó en una controversia institucional.

El caso tomó relevancia luego de que Benedetti calificara a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia como “loca demente” y “delincuente”, durante un allanamiento a su vivienda en Puerto Colombia, Atlántico, el 11 de noviembre de 2025. Según información publicada por El Tiempo, las declaraciones se dieron en una entrevista telefónica mientras agentes judiciales ejecutaban la diligencia ordenada por la togada.

Benedetti ha cuestionado la actuación de Lombana al sostener que perdió su condición de aforado tras dejar el Senado en 2022, por lo que, a su juicio, la Corte Suprema no tendría competencia para adelantar actuaciones en su contra en etapas posteriores.

“La señora magistrada Lombana está loca demente y es una delincuente al mandar a allanar hoy la casa mía (…) la Sala me ha dado la razón a mí, ella no tenía por qué hacerlo porque ella es una delincuente ella ha investigado 50 familiares míos, es una loca demente”, afirmó Benedetti en declaraciones recogidas por Noticias RCN, en referencia al procedimiento judicial.

Avances en la investigación disciplinaria

A partir de la compulsa de copias ordenada por el Consejo de Estado, la Procuraduría activó formalmente el proceso disciplinario con el objetivo de establecer si las declaraciones del ministro constituyen una falta en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con Semana, el procurador delegado para la Sala Disciplinaria de Instrucción, Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, citó a la magistrada Lombana para rendir testimonio bajo juramento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 170 del Código General Disciplinario.

El Ministerio Público busca determinar si Benedetti incumplió los deberes de respeto, imparcialidad y rectitud que rigen a los servidores públicos, especialmente en su relación con la administración de justicia. Las expresiones utilizadas por el ministro han sido calificadas en distintos sectores como injuriosas y potencialmente calumniosas, lo que podría configurar una falta disciplinaria.

Como parte de la práctica de pruebas, el testimonio de la magistrada será recabado inicialmente mediante cuestionario escrito. En caso de que Lombana opte por no responder bajo esta modalidad, se programará una audiencia presencial para recibir su declaración. Esta decisión ya fue notificada tanto al ministro como a su equipo de defensa dentro del proceso.

Contexto judicial y antecedentes del caso

El origen de la controversia se remonta al allanamiento realizado en noviembre de 2025, el cual se llevó a cabo dentro de una investigación contra Benedetti. En ese contexto, la magistrada Cristina Lombana ha tenido un papel activo en la conducción de diligencias judiciales relacionadas con el funcionario.

Tras estos hechos, se produjeron distintas acciones legales en torno a la permanencia de Benedetti en el cargo. En segunda instancia, el Consejo de Estado determinó que el ministro podía continuar en sus funciones, al confirmar la decisión previamente adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, integrante de la Sección Quinta, concluyó que los argumentos presentados en la demanda no eran suficientes para anular el nombramiento de Benedetti como ministro del Interior, cerrando así ese frente jurídico específico.

Paralelamente, la Procuraduría evaluó la gravedad de los hechos y, desde marzo de este año, decidió elevar el caso de indagación preliminar a investigación formal, lo que permitió avanzar en la recolección estructurada de pruebas.

En ese marco, el testimonio de la magistrada Lombana fue considerado una prueba clave, dado que su versión permitirá esclarecer el contexto en el que se produjeron las declaraciones del ministro y su eventual impacto en el respeto debido a la función judicial.

Próximas decisiones del Ministerio Público

La Procuraduría continúa en etapa de recolección y análisis probatorio. Para ello, el abogado Iván Gerardo Jácome Gutiérrez, miembro de la Sala Disciplinaria de Instrucción, fue designado para coordinar la diligencia de testimonio y garantizar el cumplimiento de las formalidades procesales.

Una vez se obtenga la declaración de la magistrada, el Ministerio Público procederá a evaluar integralmente las pruebas recaudadas, con el fin de establecer si las conductas atribuidas a Benedetti configuran una falta disciplinaria sancionable.

El eje del proceso se centra en determinar si el ministro vulneró el deber de respeto hacia la administración de justicia y los funcionarios judiciales, un principio esencial en el ejercicio de la función pública.

En caso de comprobarse responsabilidad, la Procuraduría podría imponer sanciones disciplinarias, cuya naturaleza dependerá de la gravedad de la conducta y de las conclusiones derivadas del análisis del caso.