Tras la explosión que dejó nueve trabajadores muertos, revelan el nombre de la empresa y los propietarios de la mina en Sutatausa, Cundinamarca

La investigación sobre la explosión ocurrida en la mina La Trinidad, en Sutatausa, Cundinamarca, no solo avanza en el esclarecimiento de las causas técnicas del siniestro, sino que también ha puesto la atención pública sobre la empresa responsable de la operación minera y su estructura de propiedad.

Según el medio El Tiempo, los dueños de la mina en la que murieron nueve personas por una explosión en Sutatausa, Cundinamarca, son los integrantes de la familia Pérez Velásquez, vinculados a la sociedad P3 Carbonera Los Pinos SAS, empresa que desde 2016 tiene la titularidad de la operación minera donde ocurrió la tragedia del 4 de mayo de 2026.

La explosión registrada en la mina La Trinidad, ubicada en zona rural del municipio de Sutatausa, dejó un saldo de nueve trabajadores muertos y generó una fuerte reacción de las autoridades locales y departamentales.

El hecho obligó a la activación inmediata de los organismos de emergencia, el despliegue de equipos de rescate y la implementación de apoyo psicosocial para acompañar a las familias de las víctimas, mientras avanzan las investigaciones técnicas que buscan establecer las causas exactas del siniestro.

De acuerdo con los primeros reportes entregados por autoridades departamentales y medios como Caracol Radio, la principal hipótesis apunta a una posible falla en el sistema de ventilación o a deficiencias en el monitoreo de gases acumulados en el interior del socavón, particularmente metano, uno de los elementos más peligrosos en la minería subterránea.

Sin embargo, la determinación final de responsabilidades dependerá del informe técnico que debe emitir la Agencia Nacional de Minería (ANM).

El caso ha tomado mayor relevancia porque apenas un mes antes del accidente, la ANM había realizado una visita de inspección en otra de las áreas del mismo complejo minero en Sutatausa, identificada como La Ciscuda, también operada dentro del proyecto.

En esa visita, la autoridad minera emitió recomendaciones puntuales enfocadas en reforzar los sistemas de seguridad, especialmente en lo relacionado con el manejo de gases, la hermetización de labores abandonadas y la actualización de los planes de mitigación de riesgos.

Entre las advertencias más importantes se encontraba la necesidad de actualizar el plan de inertización, instalar barreras en puntos críticos de ventilación y fortalecer los controles en zonas consideradas inestables.

Asimismo, la ANM insistió en la obligación de incluir de forma más estricta los riesgos de explosión y derrumbe dentro de la matriz de seguridad del proyecto minero, con el fin de evitar incidentes como el ocurrido.

El complejo minero donde se presentó la tragedia tiene una extensión aproximada de 36 hectáreas e incluye varias explotaciones subterráneas, entre ellas La Ciscuda, Veta Grande y Vidriosa. La concesión fue otorgada en 2016 al actual operador, quien ha mantenido la administración del proyecto durante los últimos nueve años.

La operación está a cargo de la sociedad P3 Carbonera Los Pinos SAS, empresa identificada como titular de la explotación minera.

Según registros empresariales citados por El Tiempo, la compañía reportó ingresos cercanos a los 45 mil millones de pesos en 2025, además de activos por alrededor de 34 mil millones de pesos. Su actividad económica principal se concentra en la extracción y comercialización de combustibles sólidos, así como en el transporte terrestre de carga.

La empresa fue constituida en 2002 en Bogotá y ha expandido sus operaciones dentro del sector minero-energético en diferentes regiones del país. Su estructura accionaria está conformada principalmente por miembros de la familia Pérez Velásquez, entre ellos Willington Pérez Velásquez, Leidy Andrea Pérez Velásquez y Pedro Daniel Pérez Velásquez, además de Luz Ángela Pérez Salazar. El representante legal y gerente de la compañía es Cristóbal Pérez Velásquez.

Las autoridades departamentales han señalado que tanto el Plan de Trabajos y Obras (PTO) como el Plan de Manejo Ambiental de la operación se encontraban aprobados desde 2009, cuando se formalizó la actual concesión minera.

No obstante, estos documentos fueron nuevamente solicitados dentro del proceso de investigación para verificar si existieron fallas en su implementación, actualización o cumplimiento efectivo en campo.

La secretaria de Minas de Cundinamarca, Sandra Milena Fonseca, explicó que los equipos técnicos están analizando la información recopilada en las inspecciones previas, incluida la realizada el 9 de abril de 2026, pocas semanas antes del accidente. Según indicó, todavía no es posible establecer una relación directa entre las observaciones hechas en esa visita y la explosión ocurrida en mayo.

“Es demasiado prematuro afirmar que las recomendaciones de la inspección se mantenían sin corregir al momento del accidente. Estamos a la espera del informe definitivo que establezca con precisión las causas”, señaló la funcionaria en declaraciones a Caracol Radio.

Fonseca también enfatizó que la normativa minera en Colombia exige monitoreo permanente de gases, calibración constante de equipos y sistemas de ventilación adecuados en labores subterráneas, condiciones que deben cumplirse de manera estricta para reducir el riesgo de explosiones.

“Puede haber equipos instalados, pero si no están debidamente calibrados o en funcionamiento óptimo, el riesgo se incrementa”, agregó.

Por su parte, organismos de socorro como Bomberos de Cundinamarca confirmaron que la empresa operadora cumplía formalmente con los requisitos regulatorios vigentes. Sin embargo, aclararon que el cumplimiento documental no descarta la existencia de fallas operativas en el terreno, las cuales hacen parte de la investigación en curso.