Indígenas embera agredieron a funcionarios de la Alcaldía de Bogotá: todo habría iniciado por un tocamiento indebido

Un nuevo episodio de violencia generó alerta entre el personal de la UPI La Rioja en Bogotá, luego de que una funcionaria fuera víctima de tocamientos indebidos por parte de un integrante de la comunidad emberá, presuntamente bajo los efectos del alcohol.

La situación se agravó poco después cuando otro individuo, también en aparente estado de embriaguez, insultó y buscó agredir físicamente al equipo, lo que dejó como saldo a una trabajadora con lesiones leves.

La Secretaría de Integración Social informó que: “en el empalme de turno del equipo profesional, una funcionaria fue víctima de un acto de tocamiento indebido por parte de un integrante de la comunidad Emberá en aparente estado de alicoramiento. Ante esta situación, la profesional rechazó la conducta y el equipo se retiró del lugar, priorizando su protección”.

En medio del desplazamiento fuera de la unidad, el ambiente se tornó aún más tenso. Otro miembro de la comunidad adoptó una actitud hostil y agresiva, intentando golpear a uno de los profesionales, mientras profería insultos contra el grupo de trabajadores.

El equipo solicitó apoyo de la Policía, que intervino rápidamente para controlar la situación y restablecer el orden. El equipo fue reubicado en otro espacio institucional y la funcionaria afectada presentó únicamente lesiones leves.

“Como medida preventiva, los funcionarios se resguardaron y, siguiendo los protocolos de seguridad, se retiraron del punto para garantizar su integridad, continuando la jornada desde otro espacio institucional”, aseguró la Alcaldía.

Compromiso de las autoridades y llamado a la justicia

Desde la Alcaldía de Bogotá se emitió un pronunciamiento rechazando estos hechos y reiterando su compromiso con la protección tanto de los funcionarios distritales como de quienes reciben atención.

Miguel Silva, secretario general, destacó en su cuenta de X la necesidad de un mayor respaldo judicial: “Protegemos los derechos de los más vulnerables, pero necesitamos que la justicia haga cumplir los deberes”.

El funcionario también informó que, hasta la fecha, la administración ha presentado más de 20 denuncias ante la Fiscalía por instrumentalización de menores y agresiones a sus equipos de trabajo.

El Distrito insistió en que la seguridad debe ser prioritaria tanto para quienes prestan los servicios sociales como para las personas atendidas. También anunció que continuará reforzando el acompañamiento territorial y la articulación con las autoridades competentes para prevenir situaciones similares y garantizar espacios seguros en la atención social.

Las autoridades enfatizaron que la protección de los equipos y de la población atendida seguirá siendo central en la gestión distrital, mientras se mantiene el llamado a que los órganos judiciales avancen en las investigaciones y sanciones correspondientes.

Otra agresión a funcionarios de la Alcaldía

La agresión contra funcionarios distritales en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida dejó un saldo de tres heridos y profundizó la crisis entre la comunidad Emberá Katío y las autoridades de Bogotá. El incidente se suma a una serie de hechos denunciados previamente por la Alcaldía, que ha advertido sobre el deterioro de la situación en el albergue.

Según informó la Consejería de Paz, el 16 de abril de 2026 se registró un episodio violento en el que miembros de la comunidad Emberá Katío agredieron a funcionarios y causaron daños graves al archivo institucional del Idipron.

El Distrito aseguró que parte de la documentación habría sido retirada con el propósito de comercialización, acción que, según las autoridades, se produjo de manera violenta dentro del refugio.

La Unidad de Protección Integral La Florida fue escenario de un bloqueo por parte de la comunidad desde el 25 de marzo de 2026. De acuerdo con la Administración, esta medida impedió el acceso de los equipos institucionales y la normal prestación de servicios sociales, afectando especialmente a la población infantil y adolescente que depende de estos apoyos.

La respuesta institucional ante la crisis se centró en activar controles y trasladar los archivos restantes a otra zona para evitar mayores pérdidas. Durante estos procedimientos, funcionarios intentaron notificar una acción preventiva a algunas personas señaladas por los daños, pero la diligencia quedó inconclusa debido a amenazas con objetos contundentes contra el personal, según explicó la Consejería.

En la noche del 16 de abril, el conflicto escaló cuando, según el reporte oficial, miembros de la comunidad intentaron nuevamente retirar el archivo. Esta acción desencadenó nuevos enfrentamientos y resultaron heridos tres funcionarios: uno de la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, uno de la Secretaría de Integración Social y otro de la Secretaría de Seguridad. La Alcaldía rechazó los hechos y reiteró la gravedad de la situación.