
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 31 años de prisión contra el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, alias ‘Kiko’ Gómez, por el homicidio del concejal Luis Gregorio López, de acuerdo con información conocida por El Tiempo.
El fallo revierte una absolución emitida en segunda instancia y restablece la responsabilidad penal del exmandatario como determinador del crimen ocurrido en 1997.
La decisión fue adoptada por la Sala de Casación Penal, que concluyó que hubo errores en la valoración de pruebas por parte del Tribunal Superior de Bogotá, acogiendo los argumentos de la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas.
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El alto tribunal resolvió casar parcialmente la sentencia que en 2024 había absuelto a Gómez Cerchar por este homicidio, lo que permitió reactivar la condena impuesta en primera instancia en 2017 por el Juzgado 9 Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
En esa decisión inicial, el exgobernador había sido declarado responsable como determinador del asesinato del concejal López Peralta, un caso que durante años ha sido considerado uno de los más representativos de la violencia política en la región, citado por el medio fuente.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá había concluido posteriormente que no existían pruebas suficientes para atribuirle la autoría intelectual, lo que llevó a su absolución en ese momento, citado por el medio fuente.
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La Corte Suprema, con ponencia del magistrado José Joaquín Urbano Martínez, revisó nuevamente el expediente y determinó que sí existían elementos probatorios suficientes que permitían sostener la responsabilidad penal del exmandatario, citado por el medio fuente.
El fallo también restableció la condena al pago de perjuicios morales a favor de la hija de la víctima, Diana Carolina López Zuleta, como parte de las medidas de reparación derivadas del crimen, citado por el medio fuente.

No obstante, el alto tribunal decidió no modificar otros apartados de la sentencia de segunda instancia, lo que implica que se mantienen la prescripción de otros homicidios relacionados y las absoluciones previamente decretadas por esos hechos, citado por el medio fuente.
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Entre estos casos se encuentran los asesinatos de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro, los cuales no fueron objeto de reapertura dentro de esta decisión judicial, citado por el medio fuente.
El proceso contra Gómez Cerchar está vinculado a su presunta relación con estructuras armadas ilegales que operaban en La Guajira, en particular con el grupo de ‘Marquitos Figueroa’ y el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), citado por el medio fuente.
Según las investigaciones, estas alianzas habrían facilitado la ejecución de homicidios selectivos contra opositores políticos en la región, en un contexto marcado por la violencia y el control territorial de grupos ilegales, citado por el medio fuente.
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El asesinato del concejal Luis Gregorio López Peralta, ocurrido en 1997, fue uno de los hechos que evidenció la infiltración de estructuras criminales en escenarios políticos locales, lo que motivó múltiples investigaciones judiciales a lo largo de los años, citado por el medio fuente.
La decisión de la Corte Suprema representa un nuevo capítulo en este caso, al reafirmar la responsabilidad de uno de los dirigentes políticos más polémicos de la región y consolidar una línea jurisprudencial sobre la valoración de pruebas en procesos por violencia política.
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