La Asociación Sindical de Empleados de la Industria Energética (Asopetrol) puso en conocimiento de las autoridades y la opinión pública lo que sería, según la organización, una serie de presuntas irregularidades que, según su directiva, afectan la legalidad y la equidad del proceso. Además de exigir la intervención urgente de los entes de control, cuestionó la transparencia y la representatividad en la mesa de negociación.
La negociación colectiva entre Ecopetrol y sus sindicatos inició de manera formal tras suscribirse el acta de garantías el 27 de abril. Sin embargo, Óscar Bravo Mendoza, presidente de este colectivo, advirtió que “no se está cumpliendo con el decreto 0234 del 6 de marzo de 2026, que habla que cuando en una negociación se incluye otras empresas y otros actores de la industria, se debe dar una negociación multinivel”.
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Lo anterior, en términos más claros, implicaría un único pliego y una única mesa de negociación con todas las organizaciones sindicales. “Y esa condición en este momento no se está dando”, remarcó el dirigente sindical, que sostuvo que el proceso podría ser inválido si no se garantiza la plena legalidad y equidad en las condiciones de participación, pues alertó sobre favorecimientos a la Unión Sindical Obrera (USO).

“Llamamos la atención sobre la importancia de que antes que la historia, la tradición, se mire la equidad asociada a la cantidad de afiliados que tiene un sindicato. Aquí no se puede negociar solamente pensando en historia, sino en realidades”, alertó Bravo Mendoza, en relación con lo que estaría ocurriendo con este proceso, que se suma a otros reclamos que el directivo sindical ha elevado sobre este y otros asuntos de relevancia.
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Negociación colectiva de Ecopetrol con los sindicatos estaría bajo lupa
El nuevo proceso de negociación colectiva comenzó con la firma de actas de garantías por parte de los sindicatos de Ecopetrol, entre ellos Asopetrol y la USO. Sin embargo, la organización advirtió que el proceso se da en un entorno que califica de restrictivo e impuesto, más que en un escenario genuino de concertación equilibrada. “No puede interpretarse como una aceptación libre y plena”, remarcó el sindicato.

Así pues, el sindicato denunció que la empresa mantiene una “posición dominante en materia logística, económica, documental y operativa”, lo que se traduce en una evidente asimetría negocial. Además, aseguró que la Unión Sindical Obrera habría recibido garantías más amplias y favorables, sin que estas hayan sido puestas en conocimiento de las demás organizaciones sindicales, en lo que sería un evidente desequilibro.
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“En un escenario de pluralismo sindical, la empresa no puede ocultar, fragmentar o reservar información esencial sobre las condiciones materiales de negociación reconocidas a cada organización, cuando esa información es necesaria para verificar si existe igualdad real de trato”, afirmó Asopetrol en su pronunciamiento ante los entes de control, como la Procuraduría General de la Nación.

Por tal motivo, la agrupación también presentó una solicitud formal ante el Ministerio del Trabajo para que se verifique la legalidad del pliego de peticiones presentado por la USO, principal sindicato del sector. En la comunicación, firmada por Bravo Mendoza, se advirtió sobre “cuestionamientos serios y generalizados sobre el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios en la aprobación del pliego de peticiones presentados”.
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En consecuencia, el sindicato reclamó el derecho a que se le reconozcan cinco negociadores, en correspondencia con su número de afiliados. Además, exigió la aplicación integral del Decreto 0234 de 2026, que regula la negociación multinivel cuando están involucradas filiales y empresas del Grupo Empresarial Ecopetrol. “El proceso debe regirse por dicho decreto, indicando que se desarrollará en una única mesa”, dijo.
En su comunicación, este sindicato también ha advertido sobre una supuesta relación preferente entre la administración de Ecopetrol y la USO. Según sus declaraciones, la actual dirección de la empresa, encabezada por Ricardo Roa, tendría vínculos con la Unión Sindical Obrera, siendo esta organización que “presuntamente aportó más de $1.000 millones de pesos a la campaña que él gerenció”, de Gustavo Petro.
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De confirmarse las denuncias sobre mejores garantías, mayor interlocución o incidencia para la USO, mientras se restringen las condiciones de Asopetrol y otras organizaciones, la situación “podría configurar discriminación sindical indirecta”, se señaló. Por ello, el sindicato consideró indispensable la intervención inmediata de la Procuraduría “para evitar la distorsión del derecho constitucional a la negociación”.
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