Gobierno Petro anunció que hará recortes en contratos y viáticos de funcionarios: así será el Plan de Austeridad en 2026

La medición de eficiencia será central en el nuevo modelo presupuestal y también limitará adquisición de automóviles y servicios profesionales, informó el Minsiterio de Hacienda

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El Ministerio de Hacienda presentó el Plan de Austeridad del Gasto 2026 con el que plantea una transformación estructural en la gestión de los recursos públicos a partir del próximo ciclo presupuestal. La propuesta principal prevé recortes en contratos, la eliminación de arbitrajes internacionales y una reducción importante de viáticos y gastos operativos para todas las entidades del Presupuesto General de la Nación.

Según el documento, las medidas incluyen la eliminación de nuevos tribunales de arbitramento internacionales en contratos estatales, restricciones al uso de vehículos oficiales y un control estricto sobre el número de contratos de prestación de servicios y personal externo. Además, por primera vez, se establecerá un indicador obligatorio que medirá en pesos el ahorro presupuestal alcanzado respecto a 2025, lo que eleva el estándar de transparencia y control en el uso de fondos públicos.

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El Ministerio de Hacienda destacó en el texto que “las controversias que se susciten con entidades públicas pertenecientes al Presupuesto General de la Nación deben resolverse ante la justicia ordinaria, administrativa y constitucional de la República de Colombia”. La directriz excluye, salvo autorización expresa de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, la posibilidad de acudir a tribunales de arbitramento internacionales para resolver controversias comerciales derivadas de inversiones estatales.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, es gran responsable de las finanzas del Gobierno nacional - crédito Carlos Ortega/EFE
Germán Ávila, ministro de Hacienda, es gran responsable de las finanzas del Gobierno nacional - crédito Carlos Ortega/EFE

Eliminación de arbitrajes internacionales en contratos estatales

De acuerdo con el documento, el Gobierno nacional determina que, “dentro del ordenamiento jurídico colombiano ninguna norma de carácter legal impone que las entidades públicas deban solucionar sus controversias comerciales ante la justicia arbitral internacional”.

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La finalidad de dicha política es frenar la conformación de tribunales de arbitramento internacionales que, según la cartera, “demandan pago de honorarios altos, bien por conformación por las mismas partes, ya por acudir ante un tribunal de renombre”. El Gobierno nacional apunta a generar un ahorro directo al resolver los conflictos contractuales solo ante la jurisdicción colombiana y delimitar la intervención extranjera solo a situaciones excepcionales avaladas oficialmente.

La estrategia cambia de raíz la estructura contractual estatal y da prioridad al control nacional de controversias, reforzando la soberanía jurídica en la gestión de los contratos públicos.

Recorte a la contratación de servicios y personal externo

El Plan de Austeridad del Gasto 2026 instruye a todas las entidades del ámbito nacional a reducir los contratos de prestación de servicios. Esto impacta, en especial, a las entidades que ya hayan formalizado parte de las plantas de personal durante el año previo.

El Ministerio de Hacienda enfatizó en que se debe “reducir la duplicidad de costos asociados a la ejecución de programas y proyectos de inversión, mediante la reducción en la contratación de personal de servicios técnicos especializados, profesionales o de apoyo a la gestión”.

Así las cosas, las instituciones estarán obligadas a demostrar reducciones reales en el gasto relacionado con personal externo respecto al periodo anterior, con lo que se priorice el uso del personal ya vinculado de forma permanente. De esta manera, se pone el foco en la eficiencia administrativa, evitando el crecimiento innecesario de plazas de apoyo profesional fuera de la plantilla regular del Estado.

Reducción de viáticos, vehículos oficiales y gastos superfluos

Dentro de los gastos operativos, el proyecto de decreto especifica que:

  • Los servidores públicos del nivel directivo recibirán solo el 80% de la tarifa legal en viajes con pernoctación y el 50% para desplazamientos de un solo día.
  • La adquisición de vehículos oficiales nuevos estará limitada solo a casos donde los automotores tengan más de seis años de antigüedad comprobada. Asimismo, la Unidad Nacional de Protección recibió la instrucción de revisar y reducir la conformación de sus esquemas de seguridad.
  • El recorte también alcanza la compra de recuerdos oficiales para eventos, la contratación de publicidad estatal y las suscripciones a publicaciones periódicas.
  • Se dará prioridad a las reuniones virtuales sobre los encuentros presenciales, y los gastos por viajes deberán justificarse solo en circunstancias excepcionales y plenamente documentadas.

Dichas iniciativas buscan optimizar recursos y garantizar la sostenibilidad financiera, implementando controles efectivos en los gastos del día a día de la administración pública.

- crédito Joel González/Presidencia
El Gobierno Petro informó que el Plan de Austeridad de 2026 estará publicado para comentarios hasta el 12 de mayo - crédito Joel González/Presidencia

Indicador obligatorio de ahorro presupuestal

Por primera vez, el Plan de Austeridad del Gasto 2026 exige a todas las oficinas de control interno calcular y documentar de manera obligatoria el monto en pesos del ahorro obtenido en 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. El indicador se convierte en una herramienta central de gestión y rendición de cuentas, permitiendo evaluar objetivamente la eficacia de la política de austeridad implementada por cada entidad. Los informes internos sustentados serán de carácter público y comparables.

El Ministerio de Hacienda resaltó la importancia de este instrumento, que marca un precedente en la administración estatal colombiana.

A partir de la vigencia de 2026, la medición precisa del ahorro presupuestal formará parte del estándar mínimo de transparencia institucional exigido por el Gobierno nacional, lo que consolida la disciplina fiscal como uno de los ejes de modernización del gasto público.

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