
La discusión sobre la jurisdicción agraria volvió a encenderse en el Congreso en medio de un ambiente político cada vez más tenso entre el Legislativo y el Ejecutivo -que tiene muchos intereses en sus proyectos a solo cuatro meses de entregar el poder-. Esta vez, el centro del debate no solo está en el contenido de la reforma, sino en las reglas de juego con las que se intenta avanzar su aprobación.
En ese escenario, el representante a la Cámara Christian Garcés, del Centro Democrático, elevó sus reparos frente a lo que considera una presión del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, con el fin de acelerar el trámite del proyecto. A su juicio, el debate dejó de ser estrictamente jurídico y político para entrar en una dinámica en la que, advierte, se estaría desdibujando el papel de los jueces en este tipo de controversias sobre la tierra.
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Las críticas del congresista se hicieron públicas a través de su cuenta en la red social X, en la que cuestionó el alcance que podría tener la reforma y el rol que asumiría la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en la resolución de conflictos agrarios. En su mensaje dejó constancia de su inconformidad con el rumbo de la discusión legislativa y con las señales que, según él, envió el Gobierno en los últimos días.

Christian Garcés señaló que hay ‘mano’ del Ejecutivo en las votaciones de la reforma agraria en el Congreso
“El Gobierno insiste en que no sea un juez de la Jurisdicción Agraria quien defina la propiedad de la tierra, sino otorgarle esa competencia a la @Agencia Tierras, pese a que la @CConstitucional ha reiterado en varias sentencias que estas controversias deben ser resueltas por un juez (sic)”, escribió el congresista en su post.
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El representante a la Cámara agregó en su publicación: “Ahora, con presión mediática por las “ausencias” de congresistas, @PetroGustavo y @AABenedetti buscan obligar a la @CamaraColombia a aprobar el martes la Jurisdicción Agraria. Con los votos de @CeDemocratico no contarán para hacer quórum en escenarios donde se pretenda vulnerar la Constitución (sic)”.
El representante también difundió el orden del día previsto para el 5 de mayo de 2026, jornada en la que está programada la discusión del proyecto en la Cámara. Para él, el punto de fondo no es la asistencia o inasistencia de los congresistas, sino la forma en que se están construyendo las mayorías para sacar adelante las reformas del Gobierno.
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“Los proyectos no se hunden por “ausencias” de congresistas; se hunden por falta de concertación y de garantías jurídicas”, añadió Garcés en su publicación, al insistir en que el trámite legislativo debería estar acompañado de mayores consensos.

Esta fue la solicitud que hizo el presidente sobre el ausentismo en el Congreso
La crítica del representante Garcés surgió tras la solicitud hecha por el presidente Petro, en un contexto en el que tanto la plenaria del Senado como la de la Cámara no han podido sesionar con normalidad debido a la falta de quórum o a interrupciones tempranas que obligan a levantar las sesiones; tal y como pasó el 1 de mayo.
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Frente a eso, ese mismo día el presidente intervino con un llamado directo a las mesas directivas, por lo que el mandatario pidió acciones frente al ausentismo y advirtió sobre sus efectos en el trámite legislativo, en especial en iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.
“Le solicito a los presidentes de Senado y Cámara pasar las listas de inasistencia a las comisiones y plenarias de las dos Cámaras del Congreso al Consejo de Estado para aplicar la ley sobre inasistencia”, expresó el jefe de Estado en su cuenta de X. En su mensaje, hizo referencia a la posibilidad de pérdida de investidura para quienes incumplan de forma reiterada.
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El presidente insistió en que el ausentismo afecta el curso de reformas clave: “El gobierno ha dado mensajes de urgencia e insistencia a varios proyectos que deben ser respetados y tramitados de acuerdo a las normas”.
Entre ellos mencionó la jurisdicción agraria, la reforma a la salud, una eventual reforma tributaria enfocada en capitales de mayor capacidad económica y el código minero. Según el mandatario, estos proyectos requieren discusión y votación sin más dilaciones.
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Ante esta petición, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió con una carta dirigida a los presidentes del Senado y la Cámara, Lidio García y Julián López, respectivamente. El documento señala que ya existen mecanismos legales para enfrentar esta situación y pide activarlos para corregir prácticas que, según el Gobierno, debilitan la actividad legislativa.
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