
El expediente por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sigue sumando capítulos y nombres en la lista de citados. En el inicio de mayo 2026, la atención se concentra en dos congresistas que deberán comparecer ante la justicia para dar su versión de los hechos en medio de un caso que sacude el panorama político.
La diligencia, prevista para el miércoles 6 de mayo, fue ordenada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia como parte de una investigación que busca esclarecer un posible entramado de corrupción dentro de la entidad. En esa fecha, las senadoras Martha Peralta (Partido Mais) y Berenice Bedoya (Partido ASI) acudirán a rendir versión libre, un paso clave dentro del proceso judicial.
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Detrás de esta citación está el magistrado Marco Antonio Rueda, que lidera las actuaciones y viene recopilando pruebas y testimonios para avanzar en la indagación. La comparecencia de las congresistas se da en un momento en el que el expediente sumó peso con nuevas declaraciones.

El origen de la decisión se encuentra en una serie de testimonios que fueron incorporados al proceso en las últimas semanas, entre ellos figuran las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y de María Alejandra Benavides, que se desempeñó como asesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Así rendirán cuentas las senadoras ante la Corte Suprema de Justicia
Ambos testimonios son considerados por las autoridades como relevantes dentro del análisis que adelanta el alto tribunal. Sus versiones hacen parte del material probatorio que permitió a la Corte Suprema profundizar en las posibles responsabilidades y conexiones dentro del entramado del que salieron salpicados tantos congresistas como ex altos funcionarios del Gobierno nacional.
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Aunque el proceso aún se encuentra en etapa de investigación, las versiones libres -derecho de un investigado a dar su versión de los hechos de forma voluntaria y sin juramento para defenderse durante un proceso legal- representan una oportunidad para que las personas citadas respondan directamente a los señalamientos que surgieron en su contra, en este caso por parte de las senadoras.

De esta manera, tanto Berenice Bedoya como Marta Peralta deberan explicar su presunta relación en el caso de la Ungrd, que gira alrededor de presuntas irregularidades en la contratación y el manejo de recursos públicos destinados a la atención de emergencias. La entidad, encargada de coordinar la gestión del riesgo de desastres en el país, está bajo la lupa por posibles anomalías en la adjudicación de contratos desde 2024.
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Este habría sido el papel de las senadoras en el entramado de corrupción de la Ungrd
Los nombres de las senadoras aparecen en el expediente como parte de una línea de investigación que indaga posibles intercambios entre gestión de recursos públicos y apoyos legislativos en el Congreso. El punto de partida de las acusaciones está en los testimonios entregados por Olmedo López; en sus declaraciones ante la Fiscalía y en los documentos que fueron incorporados al proceso, describió un esquema en el que funcionarios de la entidad habrían sido orientados a destinar contratos a determinadas regiones, bajo la intermediación o solicitud de actores políticos.
En ese contexto, el exfuncionario afirmó que recibió instrucciones para ponerse a “disposición” de la senadora Martha Peralta, que en ese momento presidía la Comisión Séptima del Senado. Según su versión, esa coordinación habría tenido como objetivo asegurar apoyos a la reforma pensional en trámite legislativo.
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Las menciones no se detienen ahí porque dentro del mismo expediente, Peralta también aparece asociada a la gestión de proyectos de mitigación en zonas específicas del país, particularmente en el río Ariari, en el departamento del Meta, con intervenciones previstas en el municipio de Puerto Concordia. Estos señalamientos hacen parte del análisis que adelanta la Corte Suprema para establecer si hubo solicitudes de contratos con destinación puntual.
En paralelo, la senadora Berenice Bedoya fue vinculada a la supuesta gestión de obras en el municipio de Aguazul, en Casanare, relacionadas con el río Únete. De acuerdo con lo conocido hasta ahora, el expediente incluye referencias a posibles solicitudes de intervención en esa zona como parte de las conversaciones que habrían llegado a la Ungrd.
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Uno de los puntos que más llama la atención de los investigadores es la eventual intermediación entre ambas congresistas. Según el testimonio de López, en algunos momentos habría existido una articulación entre Peralta y Bedoya para canalizar proyectos específicos hacia la entidad, lo que la Corte busca establecer con mayor precisión a partir de chats, documentos internos y declaraciones cruzadas.
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