Cuatro días bastaron para que el transporte intermunicipal de pasajeros en el suroccidente de Colombia acumulara pérdidas que superan los $4.000 millones de pesos y dejara a casi 80.000 personas sin poder moverse entre ciudades.
Así lo reveló la Asociación para el Desarrollo del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) en un análisis económico que describe el deterioro del sector ante la escalada de violencia que vive la región.
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La cifra más llamativa del informe es que 79.483 pasajeros dejaron de movilizarse en el corredor del suroccidente en apenas cuatro días, lo que equivale a una contracción del 40% en la demanda. Para entender la magnitud: es como si, de cada diez personas que normalmente compran un tiquete de bus, cuatro decidieran quedarse en casa.
Cali encabeza la lista de ciudades afectadas con 42.937 usuarios menos, seguida de Popayán con 16.680, Pasto con 12.968 e Ipiales con 6.897.
Detrás de ese éxodo de pasajeros hay un contexto que lo explica. Desde el 25 de abril de 2026, cuando la activación de un artefacto explosivo de alto poder en la vía Panamericana, en Cajibío, Cauca, dejó al menos 12 muertos y 25 heridos, la principal arteria vial del suroccidente quedó fracturada.
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A eso se sumaron ataques con drones cargados de explosivos contra estaciones de policía y sedes militares en Cali y Palmira, atribuidos al Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, en particular a las facciones del alias Iván Mordisco.
La ruptura de los ceses al fuego bilaterales en la zona convirtió la región en escenario de confrontación abierta, y la violencia dejó de concentrarse en las montañas para alcanzar los centros urbanos del Valle del Cauca.
El resultado directo sobre el transporte es que 7.060 despachos de buses fueron cancelados en ese mismo período de cuatro días. Dicho en términos sencillos: miles de salidas desde terminales de Cali, Popayán, Pasto e Ipiales nunca ocurrieron.
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Las vías alternas, cuando existían, incrementaron los tiempos de viaje hasta en nueve horas, lo que terminó por desincentivar por completo la movilidad terrestre en toda la región.
El golpe económico es proporcional a ese colapso operativo. Cali superó los $2.576 millones en pérdidas; Popayán registró afectaciones cercanas a $1.000 millones; Pasto acumuló $778 millones e Ipiales más de $413 millones.
Aditt advirtió que esta situación “compromete gravemente la capacidad financiera de las empresas, que hoy no cuentan con liquidez para cumplir obligaciones básicas como el pago de créditos ni la renovación de flota”.
Lo que ocurre ahora no es un hecho aislado dentro del año. En lo corrido de 2026, el sector ya había encajado golpes similares: los paros en Boyacá y Santander dejaron pérdidas superiores a $4.300 millones y más de 70.000 pasajeros afectados.
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Con la emergencia actual en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, el acumulado del año ya supera los $9.000 millones en pérdidas, según el análisis de Aditt, lo que evidencia un deterioro estructural del sistema de transporte en el país.
El escenario se agrava por el momento político que atraviesa Colombia. El país se aproxima a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, y la Comisión de Paz del Senado ha advertido que la seguridad de las urnas en municipios como Santander de Quilichao, Miranda y Tumaco está en alto riesgo.
En ese marco, los ataques han profundizado la incertidumbre sobre la movilidad en toda la región y añaden presión sobre un sector que ya operaba debilitado.
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Aditt concluyó que “la combinación de pérdidas económicas, caída en la demanda y deterioro operativo configura una crisis sin precedentes que amenaza la viabilidad” del sector.
Las empresas de transporte intermunicipal reclamaron medidas urgentes para recuperar la confianza de los usuarios y estabilizar financieramente las operaciones, con la advertencia de que, de no tomarse acciones concretas, el transporte intermunicipal en el suroccidente del país enfrenta “un escenario inminente de colapso”.
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