Secretaría de la Mujer explicó por qué la cuota alimentaria no es un favor, sino “una obligación legal” para los padres

La cuota alimentaria representa mucho más que un simple apoyo económico. En Colombia, es una obligación legal que padres y madres deben cumplir para garantizar los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.

Así lo explicó a través de una publicación que compartió en sus redes sociales la Secretaría de la Mujer de Bogotá, y precisó que “no se trata de un favor ni de una ayuda voluntaria”.

Al cumplir con la manutención, se protege el bienestar, la salud, la educación y la equidad de los hijos e hijas.

¿Por qué es una obligación y no un favor el pago de la cuota alimentaria?

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 44, establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

De este modo, la cuota alimentaria es un mecanismo legal que busca asegurar el acceso efectivo a estos derechos, sin importar la situación personal, laboral o emocional de los adultos responsables.

El incumplimiento reiterado o parcial de esta obligación tiene claras consecuencias legales.

Además de los procesos judiciales, la persona que no paga puede ser reportada en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), lo que afecta su vida crediticia y su acceso a otros derechos civiles.

Violencia económica y sobrecarga para las mujeres

No pagar la cuota alimentaria, hacerlo tarde, de manera incompleta o convertir el dinero en una herramienta de presión, castigo o control, no solo vulnera los derechos de los menores.

Este incumplimiento profundiza la violencia económica y la sobrecarga que enfrentan muchas mujeres, quienes suelen asumir solas la crianza, los gastos y la carga emocional de la familia.

La inasistencia alimentaria es una de las principales causas de judicialización familiar en Colombia y afecta a miles de hogares.

Cuando uno de los responsables desaparece del cuidado, alguien más —casi siempre una mujer— debe asumir la totalidad de la responsabilidad, lo que incrementa las desigualdades y perpetúa la inequidad de género.

Consecuencias del incumplimiento

El no pago de la cuota alimentaria no solo genera dificultades económicas inmediatas, sino que puede convertirse en una forma de violencia económica.

Pagar tarde, de manera incompleta o condicionar el dinero a la voluntad del adulto responsable implica forzar a la otra persona a insistir y negociar constantemente lo básico para sus hijos, lo que puede derivar en un ciclo de presión y control psicológico.

El Estado colombiano ha establecido mecanismos legales para combatir la morosidad alimentaria y proteger el derecho de los niños a una vida digna. Es importante recordar que cuando se incumple la cuota alimentaria, no se está castigando a la otra persona adulta, sino que se está afectando el desarrollo, la salud y el futuro de una hija o un hijo.

Cumplir con la cuota alimentaria es una responsabilidad ineludible que ayuda a construir una sociedad más justa y equitativa, destacaron desde la Secretaría.

No obstante, la corresponsabilidad económica es indispensable para una crianza compartida y para evitar que la carga recaiga desproporcionadamente sobre una sola persona.

Por este motivo, paternidad y maternidad responsables no pueden quedarse en palabras, y por ello implican acciones concretas y un compromiso real con el bienestar de los hijos.

Garantizar la manutención es proteger derechos, promover el bienestar y avanzar hacia la equidad, mencionó la entidad en su publicación.

Al final se detalló que la cuota alimentaria es, ante todo, un derecho de los niños y una obligación ineludible de los adultos responsables.

De otro lado, y como una opción para que esto se cumpla, desde septiembre de 2025 se anunció que miles de niños, niñas y adolescentes en Colombia tendrán acceso más inmediato a los recursos destinados a su manutención como consecuencia directa de la sanción presidencial de la Ley Sarita.

Así se denominó a una reforma que modifica el Código General del Proceso para permitir la entrega anticipada de fondos embargados en procesos de alimentos, un cambio que busca erradicar los prolongados retrasos judiciales y garantizar la protección efectiva del derecho al mínimo vital de la infancia.

Más de 55.000 procesos judiciales ejecutivos de alimentos activos podrán beneficiarse de manera directa, lo que pone en evidencia la amplitud del problema que busca resolver la Ley Sarita y la dimensión social de su impacto, destacó El Nuevo Siglo.

Hasta la promulgación de esta reforma legal, los fondos embargados por decisión judicial quedaban depositados en el Banco Agrario correspondiente y bloqueados hasta la sentencia definitiva, un trámite que podía prolongarse durante años y que afectaba gravemente a los menores cuyo sustento dependía de esos recursos.