Exgobernador Juan Carlos Abadía estaría delinquiendo mientras está privado de la libertad, según denuncia: “Presión indebida a funcionarios”

La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia alertó sobre la presunta comisión de delitos por parte de Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca, desde el establecimiento donde permanece recluido.

De acuerdo con la organización, se habrían identificado conductas con posible connotación penal vinculadas al uso de teléfonos y visitas no autorizadas. Entre las actividades señaladas, la red informó que Abadía mantendría contacto con miembros de su círculo cercano:

• Guadalupe Guerrero, secretaria general de EmCali (Empresas Municipales de Cali), que supuestamente sería la persona que buscaría recursos para Abadía.
• Diego Hau Caicedo, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), que presuntamente sería la persona que coordina contratos con el Gobierno y el exgobernador.
• Luz Adriana Zúñiga, que sería la responsable de armar las investigaciones con las que estarían presionando a algunos funcionarios.

Según precisó la red, estos tres ciudadanos estarían involucrados en delitos con fines extorsivos contra servidores públicos, los cuales se centrarían, entre otras cosas, en la obtención de contratos.

“Estaría ejerciéndose presión indebida a funcionarios, alcaldes y contratistas para obtener de los mismos, obviamente, contratos, nombramientos burocráticos, favorecimientos indebidos y, además, la intervención administrativa y la connotación frente a intereses políticos. Desde la cárcel, inclusive, se estaría permitiendo el uso irregular de teléfonos, visitas no autorizadas y, finalmente, faltas a los controles”, precisó la red de veedurías.

Los números telefónicos de las tres personas mencionadas aparecerían reportados. Por eso, la red solicitó a la Fiscalúa General de la Nación investigar posibles delitos de cohecho, concierto para delinquir y tráfico de influencias. Ya radicó formalmente la denuncia ante el ente acusador.

“En la denuncia se ponen en conocimiento los números de abonados telefónicos y los nombres de algunos presuntos vínculos con servidores públicos con quienes se estarían fraguando presiones y acuerdos ilícitos contractuales, burocráticos y políticos con alcaldes, contratistas y otros; denuncia donde solicitamos unas medidas urgentes acompañando datos que no se divulgan para mantener la reserva de la investigación penal respectiva”, detalló la red.

Asimismo, indicó que también solicitó medidas de protección para los denunciantes y las víctimas.

La condena contra el exgobernador del Valle

En febrero de 2024, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Juan Carlos Abadía a 21 años y siete meses de prisión tras hallarlo responsable de irregularidades en la celebración de contratos públicos. Se le endilgaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía.

En la decisión judicial, la Corte también le impuso el pago de una multa de $914.271.500, que integra dos componentes: la suma de $817.482.400 y otros 187,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de los hechos. De igual manera, el exfuncionario fue condenado a una inhabilitación de 240 meses para ejercer funciones públicas

Los hechos que sustentan el fallo ocurrieron el 29 de enero de 2010, cuando Abadía Campo, en calidad de gobernador, suscribió junto con el entonces secretario de Educación departamental un convenio de cooperación con la fundación Calimío por $1.072 millones. El objetivo era dotar de material bibliográfico a 40 bibliotecas escolares de 10 municipios en el Valle del Cauca. Sin embargo, la Corte determinó que la contratación se ejecutó sin las debidas verificaciones legales y, de manera deliberada, eludió la obligación de abrir una licitación pública para la adjudicación del contrato.

De acuerdo con el alto tribunal, para concretar el convenio con la fundación Calimío, los involucrados apelaron a la figura del interés público y así evadieron el proceso licitatorio, lo que benefició de forma indebida a terceros. Los magistrados señalaron además que en la etapa previa a la suscripción, no se realizaron estudios rigurosos ni completos para identificar las necesidades reales de las instituciones educativas que recibirían los recursos.

“No cabe duda que en este asunto la conducta se consumó con la apropiación ilegal de los recursos del convenio, los que se habían dejado en administración, tenencia o custodia del acusado Abadía Campo por razón de sus funciones propias de gobernador y ordenador del gasto, y en virtud de ello se apropió a favor de terceros de $817.482.400”, detalló la Corte.