Ejército Nacional liberó a 15 personas secuestradas por Los Pachenca, en zona rural de Riohacha, La Guajira

Un sector rural de Riohacha, La Guajira, se convirtió en escenario de tensión cuando 15 personas fueron liberadas tras permanecer secuestradas por hombres armados. Entre ellas se encontraba una mujer embarazada y tres menores, que fueron rescatados gracias a la intervención de la Primera División del Ejército Nacional.

El operativo, liderado por tropas del Gaula Militar Guajira de la Décima Brigada, sorprendió a los responsables y permitió que abandonaran el lugar antes de ser detenidos; la rápida acción de las Fuerzas Militares evitó que se produjeran enfrentamientos y garantizó la seguridad de las víctimas.

Según las autoridades, fueron diez presuntos miembros de Los Pachenca que llegaron hasta donde estaban las personas y las retuvieron. Mantuvieron control sobre el sector, portaban armas de largo alcance y vestían prendas de uso privativo de los militares, lo que les permitió intimidar a los habitantes hasta que la presencia del Ejército cambió la dinámica en el terreno.

El grupo señalado, identificado como integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (Acsn), exigió dinero en efectivo a quienes estaban retenidos. Las amenazas y la imposición de control generaron temor, especialmente entre la mujer embarazada y los menores de edad.

Las tropas activaron un dispositivo operacional que obligó a los responsables a abandonar el sitio. Antes de huir, los hombres armados se llevaron algunas pertenencias de las víctimas, incluidas sumas de dinero, las cuales ahora son objeto de verificación por parte de las autoridades.

Tras la liberación, las víctimas recibieron acompañamiento inmediato; la mujer en estado de gestación fue trasladada a un centro médico para garantizar su bienestar, mientras los menores contaron con atención especializada para asegurar su protección.

Además, el Ejército mantuvo vigilancia en corredores rurales de La Guajira para prevenir la consolidación de rutas de control por parte de estructuras ilegales; la presencia militar busca proteger a comunidades apartadas y garantizar la seguridad de los habitantes.

Las autoridades insistieron en la importancia de denunciar cualquier acto que afecte la tranquilidad de la población. Los canales oficiales permiten informar de manera directa sobre situaciones de amenaza o retención ilegal.

En la cuenta de la red social X del Ejército se informó que las vícitmas “habrían sido intimidados por presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. La rápida reacción del #GaulaMilitar frustró esta acción delictiva y obligó a los sujetos a huir. Los delincuentes habrían hurtado dinero y pertenencias (sic)”.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, un grupo armado con fuerte presencia en la región Caribe

Las Acsn, también conocidas como Los Pachenca, son un Grupo Armado Organizado (GAO) con alta influencia en el Caribe colombiano. Su origen se remonta a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a mediados de los 2000, cuando mandos locales y combatientes formaron estructuras que evolucionaron hasta convertirse en lo que ahora son.

El grupo tiene su base en la Sierra Nevada de Santa Marta y mantiene control sobre municipios de Magdalena como Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca y Puebloviejo, extendiéndose hacia zonas de La Guajira y Cesar. Actualmente, se reportan intentos de expandirse hacia corredores estratégicos en Norte de Santander.

El liderazgo de las Acsn es volátil; tras la muerte de alias Chucho Mercancía en 2019, otros cabecillas asumieron la dirección, entre ellos Deimer Patiño Giraldo, alias 80, junto con voceros conocidos como “Pinocho”, “Muñeca”, “5-5”, “Cholo” y “Flash”. La estructura combina control territorial histórico con economías ilícitas como narcotráfico, extorsión y contrabando.

Actualmente, las Acsn enfrentan un conflicto abierto con el Clan del Golfo por el control de rutas de narcotráfico en la Sierra Nevada. Esto provocó riesgos significativos para comunidades locales, alertando a organismos de derechos humanos y a la Defensoría del Pueblo.