Defensa de la familia de Miguel Uribe Turbay rechazó polémicas declaraciones del director de la UNP: “Afectación grave a la dignidad”

La defensa de la familia de Miguel Uribe Turbay cuestionó los señalamientos realizados por el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, durante una diligencia ante la Fiscalía, en medio de la investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial de oposición.

En un comunicado público, el abogado Víctor Mosquera Marín expresó su desacuerdo con las declaraciones entregadas por Rodríguez Ballesteros, quien previamente había defendido la actuación de la entidad y negado omisiones en el esquema de seguridad del dirigente político.

La defensa sostuvo que los argumentos del funcionario carecen de respaldo probatorio y resultan incompatibles con el rigor exigido en escenarios judiciales. Según el comunicado, “resulta jurídicamente inaceptable que, en un escenario procesal que exige rigor, objetividad y responsabilidad institucional, se emitan afirmaciones carentes de sustento fáctico y probatorio”.

En ese mismo sentido, el representante legal planteaó cuestionamientos sobre la efectividad del esquema de protección asignado al senador, señalando que, de haberse implementado adecuadamente, el desenlace habría sido distinto. El texto expone que la evaluación de los hechos permite inferir insuficiencias en las medidas adoptadas.

Sobre las solicitudes de refuerzo del esquema de seguridad

El comunicado también hace referencia a solicitudes previas realizadas por el precandidato presidencial para fortalecer su esquema de seguridad. De acuerdo con el abogado, dichas peticiones fueron tramitadas por la UNP, pero no se tradujeron en un incremento efectivo de las medidas de protección.

En particular, se indica que el propio director de la entidad suscribió una resolución en la que se reconocía la necesidad de protección extensiva para el núcleo familiar, aunque sin ampliar de manera sustancial los recursos asignados. Según la firma, “se asignaron tres (3) hombres de protección para un grupo familiar compuesto por siete (7) personas, lo cual evidencia una respuesta claramente insuficiente frente al nivel de riesgo existente”.

Adicionalmente, la defensa señaló que, tras el atentado, el director de la UNP habría reconocido públicamente limitaciones en el esquema de seguridad. Sin embargo, el comunicado sostiene que esa postura habría cambiado con el tiempo, generando versiones que consideran contradictorias.

Declaraciones de Augusto Rodríguez

Previo a su comparecencia ante la Fiscalía, Augusto Rodríguez Ballesteros ofreció declaraciones a medios de comunicación en las que defendió la actuación de la entidad y negó cualquier omisión en el caso.

El funcionario afirmó que la UNP cumplió con sus obligaciones conforme a la normativa vigente. “Absolutamente no, nosotros hicimos todo lo que norma y la obligación que nos plantea nuestra misionalidad, frente a lo que había que hacer. Todo lo de la UNP se hizo al pie de la letra”, señaló.

Asimismo, se refirió a la percepción de los familiares del senador sobre el manejo del riesgo, indicando que podría estar influenciada por asesoría legal. En ese contexto, expresó: “Han sido un poco manipulados por su abogado y entonces, están en una creencia que es equivocada”.

Frente a estas afirmaciones, la defensa rechazó cualquier insinuación sobre manipulación o responsabilidad de la familia o de las autoridades judiciales: “Tales señalamientos no sólo carecen de sustento, sino que constituyen una afectación grave a la dignidad de las víctimas y a la confianza pública en las instituciones”, señaló Marín.

El documento también advierte que este tipo de declaraciones pueden generar confusión en la opinión pública y trasladar responsabilidades hacia la persona que fue víctima del atentado, quien no puede ejercer su defensa debido a su fallecimiento.

Finalmente, la defensa reiteró su respeto por las instituciones del Estado, incluyendo el grupo especial de la Fiscalía encargado del caso, y expresó su expectativa frente a las decisiones judiciales que puedan adoptarse en los próximos días para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.