A un mes de las elecciones presidenciales, la transparencia financiera de las campañas presidenciales en Colombia muestra diferencias notables.
Solo cinco de las trece candidaturas han presentado sus ingresos y gastos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras la mayoría mantiene sin revelar su información económica, según alertó Transparencia por Colombia.
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Los cinco aspirantes que han cumplido con la entrega de reportes económicos al órgano electoral han sido Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras.
De las otras nueve campañas, encabezadas por figuras como Iván Cepeda y Luis Gilberto Murillo, no hay registro público de ingresos ni de gastos, lo que, de acuerdo con la organización social, representa un riesgo para la confianza electoral al impedir identificar el origen y destino de los recursos cuando resta poco para las elecciones del 31 de mayo.
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La legislación colombiana exige la rendición de cuentas en la financiación electoral a todos los candidatos. Esta labor debe realizarse a través del aplicativo Cuentas Claras y dentro de un plazo máximo de ocho días tras cada movimiento de fondos, conforme a la Resolución 10753 de 2025.
El incumplimiento genera señales de alerta sobre la transparencia con la que se financia la carrera presidencial, señala Transparencia por Colombia. La normativa incluye a candidatos que se retiran durante la campaña, quienes deben declarar los recursos utilizados mientras participaron.
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Campañas que han reportado sus finanzas ante el CNE
Entre las campañas que han presentado sus cuentas destacan Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, cada una con ingresos de $15.000 millones, obtenidos exclusivamente mediante créditos bancarios.
El abogado también lidera el gasto, con un total de $13.257 millones, de los cuales cerca de $9.800 millones se han destinado a propaganda electoral, especialmente en pendones y publicidad televisiva.
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En la campaña de la candidata del Centro Democrático, los gastos ascienden a $4.228 millones, con prioridad en medios digitales y tradicionales para la difusión proselitista.
Por su parte, Sergio Fajardo reporta ingresos por $1.008 millones, procedentes principalmente de préstamos de particulares y $100 millones de recursos propios; sus gastos alcanzan $855 millones enfocados en administración y publicidad radial.
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Entre tanto, Claudia López ha informado gastos por $62 millones en áreas de administración y estrategia digital, aunque figura con ingresos en cero en este corte. Por último, se encuentra Roy Barreras quien presenta ingresos por $100 millones, debido a un préstamo personal, y egresos de $49 millones, mayormente en honorarios de administración.
La preocupación por la falta de transparencia financiera
Las campañas que no han presentado ningún reporte hasta el 29 de abril son las de Iván Cepeda, Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo, Miguel Uribe Londoño, Mauricio Lizcano, Santiago Botero, Gustavo Matamoros, Sondra Macollins y Clara López.
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Esta última, pese a haber renunciado, mantiene la obligación de declarar los fondos y egresos de su tiempo en competencia.
Transparencia por Colombia advierte que este déficit de información no es inédito. En las recientes elecciones al Congreso, más del 66% de las candidaturas tampoco presentaron reportes de financiación durante toda la campaña.
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“El incumplimiento de ese deber es una señal de alerta sobre la transparencia con la que se está financiando la carrera por la Casa de Nariño”, subrayó la organización.
Además, la actual falta de datos impide a la ciudadanía conocer quién respalda y financia a la mayoría de los candidatos justo cuando aumenta la intensidad electoral.
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Topes legales y el plazo para rendir cuentas
El tope máximo de gastos por campaña en estas elecciones es de $37.110.502.954, tal como recordó Transparencia por Colombia. La ley obliga a reportar en tiempo real mediante el aplicativo Cuentas Claras.
Con la cercanía de la primera vuelta, se anticipa un aumento en la inversión y una mayor presión sobre las campañas incumplidas y las autoridades para garantizar la transparencia durante todo el proceso.
Mientras crece la actividad política y se eleva la inversión electoral, la mayoría de los ciudadanos sigue sin acceso a la información sobre la financiación de los candidatos, lo que pone a prueba la confianza pública en el sistema justo cuando el país está por definir su futuro en las urnas.
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