Augusto Rodríguez, director de la UNP, aseguró que familia de Miguel Uribe Turbay ha sido manipulada por abogado: “Están en una creencia equivocada”

Augusto Rodríguez, de la Unidad Nacional de Protección (UNP), llegó a la Fiscalía General de la Nación por el caso del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay y, antes de rendir declaración, respondió a medios de comunicación defendiendo la actuación de la entidad y negando una posible omisión en el esquema de seguridad.

“Absolutamente no. Nosotros hicimos todo lo que la norma y la obligación, que nos plantea nuestra misionalidad, había que hacer. Se hizo todo lo de la Unidad Nacional de Protección, se hizo al pie de la letra”, afirmó el funcionario al ser cuestionado por presuntos fallos en la protección.

Rodríguez explicó que la decisión de no reforzar el esquema se basó en los insumos técnicos disponibles: “La Policía recibió de pronto alguna solicitud y una entrevista que le hizo al doctor Miguel Uribe, y el informe que le entrega la Unidad Nacional de Protección no habla de ello, sino sencillamente recomienda las mismas medidas que tenía anteriormente”.

En esa misma línea, insistió en que las medidas se mantuvieron conforme a las recomendaciones oficiales: “En la última resolución mantuvo las medidas que tenía anteriormente por disposición de la Policía Nacional, que fue quien recomendó que se mantuvieran esas medidas”.

El director de la UNP también señaló que presentará elementos probatorios ante la Fiscalía: “Sí, claro, algunos elementos tanto de la Unidad Nacional de Protección como de la Policía, y testimonios de los escoltas que muestran cómo el doctor Miguel Uribe, lamentablemente, hizo algunas orientaciones que debilitaron el esquema”.

Frente a señalamientos de omisión o posibles consecuencias judiciales, fue tajante: “Absolutamente no”, dijo sobre una eventual imputación o incluso prisión.

Finalmente, sostuvo que existe una discusión sobre la interpretación del riesgo y las decisiones adoptadas: “Ellos tienen una equivocación en la percepción de cómo se evalúa el riesgo y quién determina las medidas… han sido un poco manipulados por el abogado (Victor Mosquera) y están en una creencia equivocada”, señaló, agregando que el supuesto debilitamiento del esquema tuvo relación con decisiones del propio protegido y con la actuación de las autoridades evaluadoras, dejando en manos de la Fiscalía la determinación final de responsabilidades.

En medio de la diligencia judicial y las declaraciones del director de la UNP, el caso del magnicidio del senador por el Centro Democrático Miguel Uribe Turbay sigue generando nuevas controversias políticas y jurídicas en el país, especialmente en torno a las responsabilidades institucionales sobre su esquema de seguridad.

La Fiscalía General de la Nación Fiscalía General de la Nación avanza en la recolección de testimonios y pruebas para determinar si hubo fallas en la protección del dirigente político, mientras el debate público se intensifica sobre la gestión de riesgos y las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.

Por su parte, la Unidad Nacional de Protección Unidad Nacional de Protección ha reiterado que actuó conforme a los protocolos establecidos, defendiendo que las evaluaciones de riesgo se hicieron con base en información técnica y en coordinación con la Policía Nacional.

Sin embargo, las declaraciones de Rodríguez han reavivado la discusión sobre el alcance de las recomendaciones y la responsabilidad final en la asignación de esquemas de seguridad a figuras de alto perfil político.

En paralelo, otro frente de tensión política se abrió tras las denuncias relacionadas con el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, quien anunció acciones judiciales tras ser vinculado a una acusación basada en un documento anónimo. El mandatario regional afirmó que el señalamiento compromete su seguridad y reputación, y rechazó cualquier relación con el magnicidio de Uribe Turbay.

Escobar, en declaraciones públicas ante la Asamblea departamental, insistió en su inocencia y calificó la acusación como un ataque sin sustento probatorio.

El gobernador sostuvo que su trayectoria académica y pública contradice cualquier insinuación de participación en hechos violentos y afirmó: “El gobernador de Nariño es inocente”, en referencia directa a los señalamientos difundidos a partir de una carta anónima.

Según lo expuesto en el debate regional, la denuncia habría surgido de un documento que menciona supuestos encuentros en Manta, Ecuador, donde se habría hablado de financiación de actividades ilegales.

No obstante, estas afirmaciones no han sido verificadas por las autoridades competentes y se mantienen en el terreno de la especulación, según lo indicado por el propio funcionario.