La administración de Barrancabermeja anunció una recompensa de $50 millones para quien suministre información que permita ubicar a los responsables de la masacre que cobró la vida de tres jóvenes y dejó una menor herida en el barrio Rafael Rangel.
La decisión se tomó en un consejo extraordinario de seguridad, en el que participaron representantes de la alcaldía, el Ejército, la Policía y organismos de inteligencia, con el objetivo de contener el avance de la violencia en la zona.
Esta medida responde al impacto social generado por el crimen, ocurrido la tarde del 29 de abril en el sector conocido como Loma de Oro, dentro de la comuna 6. Allí, hombres armados ingresaron a una vivienda y dispararon contra los ocupantes, causando la muerte de Juan Felipe Delgado Cabrales, de 21 años, su hermano Over Delgado, de 17, y una adolescente de la misma edad, pareja de uno de los hermanos.
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Una cuarta joven, también de 17 años, resultó gravemente herida y permanece bajo observación médica.
Primeras hipótesis de la investigación
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad de Barrancabermeja, el principal objetivo del ataque habría sido Juan Felipe Delgado Cabrales, conocido con el alias de Búcaro, que presuntamente pertenecía a la banda delincuencial Los de la M.
Las autoridades investigan si el triple homicidio está vinculado a disputas entre grupos dedicados al microtráfico y otras actividades ilegales en la región.
El secretario de Seguridad, Eduardo Ramírez, informó que “es una alteración de orden público, hay extorsión en algunos comerciantes. Se dispondrá de una cápsula investigativa y se asignaron dos fiscales para el caso. Hacemos un ofrecimiento público de una recompensa”.
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Según datos de la Policía, Juan Felipe Delgado había sido capturado semanas atrás por tráfico de estupefacientes, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas entre bandas rivales.
Contexto de violencia y respuestas institucionales
El múltiple homicidio se suma a una serie de episodios violentos que afectan a Santander y refuerzan la alerta sobre la disputa de economías ilegales en el Magdalena Medio.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señaló que, con este caso, ya son 49 las masacres perpetradas en Colombia en lo que va de 2026. Este organismo emitió alertas tempranas sobre el riesgo para la población de Barrancabermeja ante la imposición de normas y gobernanza ilegal por parte de grupos armados.
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En respuesta, la Policía Nacional desplegó operativos en la comuna 6, resguardando el sector y recolectando elementos materiales probatorios. El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que se realiza “una intervención sostenida en la zona donde ocurrió el ataque”, y que se investiga la relación de los hechos con la confrontación entre bandas conocidas como Los de la M.
Unidades de investigación judicial inspeccionaron la vivienda donde ocurrió la masacre, mientras los equipos técnicos revisan cámaras de seguridad y recopilan testimonios para reconstruir la dinámica del crimen.
“Lamentablemente se presenta una situación aquí en el sector de la Ladrillera... Cuando llegamos a verificar nos encontramos con una vivienda donde tres personas perdieron la vida”, declaró el coronel Edwin Nieto, comandante de Policía del Magdalena Medio.
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Clamor ciudadano y antecedentes de riesgo
La masacre generó temor entre los habitantes de la comuna 6, que piden una mayor presencia institucional y estrategias efectivas para restablecer la seguridad. Vecinos y familiares de las víctimas reportaron el ataque tras escuchar los disparos, y salieron alarmados en busca de auxilio. Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en la identificación de los responsables.
La Defensoría del Pueblo incluyó a Barrancabermeja en la Alerta Temprana 013/25 y alertas previas, advirtiendo sobre la disputa entre actores armados por el control del narcotráfico, extorsiones, tráfico de armas y robo de combustible en la zona. Estos factores contribuyen al incremento de la violencia y la vulnerabilidad de la población.
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Las autoridades mantienen la recompensa de $50 millones y hacen un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante la justicia. La investigación continúa mientras se refuerzan los controles y la presencia institucional en el sector.
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