Instituto Nacional de Cancerología y Nueva EPS lograron un acuerdo: qué pasará con los tratamientos de los pacientes oncológicos

El Instituto Nacional de Cancerología y la Nueva EPS acordaron el pago de una deuda de más de 136.000 millones de pesos y garantizaron la continuidad en la atención integral para pacientes oncológicos en Colombia, tras una serie de negociaciones que culminaron el 30 de abril de 2026.

El nuevo convenio, que será firmado formalmente el 15 de mayo, permitirá que los pacientes sigan recibiendo tratamientos sin interrupciones y accedan a medicamentos ambulatorios directamente en la institución, lo que agilizará el proceso y potenciará la calidad asistencial.

De acuerdo con la directora Carolina Wiesner, en entrevista con Blu Radio, “este acuerdo garantiza la continuidad en la atención de los pacientes y nos permite fortalecer la calidad del servicio que prestamos”. Además, explicó que el convenio representa un avance importante para el sistema: “estamos dando un paso clave para asegurar tratamientos oportunos y sin barreras”.

El acuerdo de pago implica un desembolso inicial por parte de la Nueva EPS de 52.000 millones de pesos. Esta cifra representa poco menos de la mitad de la deuda total acumulada. “Se trata de un compromiso que responde a la coyuntura financiera de la EPS, pero que nos da tranquilidad sobre el flujo de recursos”, precisó Wiesner. El compromiso consiste en repartir ese monto a lo largo del año, en función de las condiciones financieras actuales.

En el marco de este entendimiento, ambas entidades acordaron la creación de una mesa de trabajo para examinar los motivos por los que se devuelven algunas cuentas, detectar posibles fallas operativas y fortalecer la relación institucional para evitar retrasos en el futuro.

“La idea es identificar los cuellos de botella y corregirlos de manera conjunta”, señaló la directora. También impulsarán una línea de investigación conjunta orientada a generar nuevo conocimiento en prevención y detección temprana del cáncer. “Esto nos permitirá aportar a la construcción de un mejor sistema de salud”, añadió.

La consecuencia inmediata del acuerdo es que los pacientes oncológicos afiliados a la Nueva EPS podrán mantener su tratamiento de manera ininterrumpida tanto en adultos como en niños, incluidas personas en tratamiento prolongado y nuevos diagnósticos. Wiesner fue enfática al afirmar que “no habrá ningún tipo de modificación en el acceso al Instituto”.

El convenio establece además una novedad relevante: los pacientes podrán recibir medicamentos ambulatorios directamente en el Instituto Nacional de Cancerología, sin necesidad de gestionar autorizaciones o desplazarse a otros puntos de entrega. “Este cambio simplifica los trámites y mejora la experiencia del paciente”, concluyó Wiesner.

el contexto del sistema de salud en Colombia sigue marcado por presiones financieras estructurales. El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtió recientemente que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) acumulan deudas superiores a los 32 billones de pesos, lo que compromete su sostenibilidad.

Según lo expuesto por el funcionario en el Consejo de Ministros del 28 de abril de 2026, y citado en reportes de prensa, el sistema arrastra desequilibrios históricos que se han profundizado en la última década. Informes de la Contraloría General y auditorías forenses señalan que entre 2020 y 2025 varias EPS operaron con capital mínimo insuficiente e incluso patrimonio negativo, con excepciones puntuales como Aliansalud y Saludmia.

El presupuesto del sector salud ha aumentado de forma significativa, pasando de 41,4 billones de pesos en 2019 a 73,51 billones proyectados para 2026, con un crecimiento real cercano al 50,8% descontando inflación. A esto se suma un incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del 25% por encima de la inflación en el régimen contributivo, lo que supera ampliamente ajustes de administraciones anteriores.

En contraste, el régimen subsidiado, que atiende a la población más vulnerable, ha recibido incrementos más significativos en los últimos años como parte de un intento de corrección de brechas estructurales, según explicó el ministro.

No obstante, persisten alertas sobre la gestión de los recursos. El Gobierno ha señalado casos de presuntas irregularidades administrativas en algunas EPS.

Entre ellos, auditorías forenses han identificado posibles conflictos de interés y operaciones financieras entre empresas vinculadas dentro de un mismo grupo, así como créditos de gran magnitud respaldados con recursos públicos cuyo destino final no ha sido plenamente esclarecido.