Gustavo Petro cuestionó el uso del fracking y los negocios asociados a Ecopetrol, al señalar que han afectado sus recursos de inversión.
En el centro de ese debate, el Gobierno de Colombia evalúa una desinversión estratégica superior a $50,5 billones en activos de la petrolera estatal, que incluiría la eventual venta del recurso Permian y de al menos otros 15 activos considerados relevantes antes de 2026.
El plan se desarrolloa en la estrategia de transición energética impulsada por el presidente Gustavo Petro, quien ha planteado como prioridad nacional el abandono progresivo de la fracturación hidráulica y la reorientación de recursos hacia energías limpias.
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La iniciativa busca redefinir el papel de Ecopetrol en la economía colombiana, en medio de un debate sobre la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental.
De acuerdo con la información publicada, la propuesta de venta de activos fue diseñada para permitir una transformación gradual de la matriz energética del país.
Sin embargo, también ha generado tensiones dentro del sector, especialmente por el alcance de los activos involucrados y por la incertidumbre sobre el destino final de los recursos obtenidos.
Daniel Sossa, tesorero de la Junta Nacional de la Unión Sindical Obrera, advirtió que Ecopetrol debería limitar la desinversión únicamente a filiales o unidades no rentables, subrayando que algunos activos tienen carácter estratégico y no deberían ser incluidos en procesos de venta.
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El Gobierno ha intensificado su oposición al fracking. La administración Petro ha reiterado su rechazo a esta técnica, especialmente en regiones como La Guajira, donde se han planteado proyectos energéticos en medio de una alta vulnerabilidad hídrica.
El presidente ha insistido en que la prioridad debe ser la protección del agua, argumentando que su disponibilidad es un factor determinante para la vida y el desarrollo regional.
El mandatario afirmó que realizar fracking en La Guajira tendría consecuencias graves para las comunidades locales, debido al alto consumo de agua que requiere la técnica.
Esta postura ha sido respaldada por el Ministerio de Minas y Energía, que ha reiterado que la seguridad hídrica es un eje central de la política energética actual. Bajo esta visión, el agua se ha convertido en un elemento clave dentro del enfoque de desarrollo del Ejecutivo.
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El debate también se ha intensificado por los recientes hallazgos de gas en el país. Mientras el Gobierno mantiene su postura restrictiva frente al fracking, sectores energéticos han insistido en la necesidad de explorar nuevas reservas para garantizar el abastecimiento interno.
Regiones como el Valle Medio del Magdalena y la cuenca Cesar-Ranchería han sido mencionadas como áreas con potencial energético significativo, lo que alimenta la discusión sobre el futuro del suministro de gas en Colombia.
En ese contexto, un hallazgo reciente en el pozo Copoazú-1, ubicado en el bloque GUA-OFF-0 en aguas offshore de La Guajira, ha sido destacado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos como un avance relevante en la exploración gasífera.
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El descubrimiento, realizado por Petrobras International Braspetro B.V. y Ecopetrol S.A., se suma a los esfuerzos por ampliar las reservas del país y fortalecer la producción energética en el corto y mediano plazo.
Pese a estos hallazgos, el Gobierno insiste en que el desarrollo energético debe alinearse con criterios de sostenibilidad.
La administración ha señalado que el modelo de fracking no es compatible con la protección de los ecosistemas ni con la preservación de los recursos hídricos, especialmente en territorios donde la escasez de agua ya representa un problema estructural.
En materia de infraestructura energética, el Ejecutivo ha resaltado avances en la modernización del sistema eléctrico. Según cifras oficiales, la matriz energética colombiana ya cuenta con cerca del 13,87 % de participación de fuentes renovables.
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Este crecimiento ha sido atribuido a inversiones en infraestructura, particularmente en proyectos de transmisión y subestaciones en la región Caribe, liderados por ISA, con inversiones superiores a los USD 1.000 millones.
El Gobierno sostiene que estas inversiones hacen parte de una estrategia más amplia de transición hacia energías limpias, que busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
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