Gobierno Petro anunció que presentará decreto en las marchas del Día del Trabajo: habrá cambios en las reglas de algunos contratos laborales

El presidente de la República, Gustavo Petro, prevé anunciar el 1 de mayo de 2026, en Medellín, Antioquia, la expedición de un decreto orientado a establecer un plan de negociación colectiva para el sindicalismo colombiano, acto que coincide con el Día Internacional del Trabajo y que refleja la intención del Gobierno nacional de formalizar a los sindicatos como sujetos de reparación colectiva.

El Ministerio del Trabajo, bajo la dirección de Antonio Sanguino, informó que una segunda norma, centrada en regular la tercerización laboral, será presentada dentro de unas dos semanas, según el material publicado por Blu Radio.

Entre los puntos más novedosos del segundo decreto, aún en fase de elaboración, se encuentra la prohibición de tercerizar las actividades misionales de las empresas en ambos sectores, público y privado. Es decir, funciones centrales y permanentes, como la labor de médicos y enfermeras en hospitales, deberán ser desempeñadas únicamente por personal directamente vinculado.

Así lo confirmó la cartera laboral, advirtiendo que contratos de prestación de servicios, contratos a término fijo y esquemas de intermediación laboral quedarían vetados para esas tareas específicas.

La normativa también introduce la figura de “solidaridad de empleador”, que implica que, si una empresa subcontratada incumple las obligaciones laborales, la entidad principal debe responder por las condiciones del trabajador.

Lo anterior cobra relevancia en sectores donde abundan esquemas de contratación indirecta: por ejemplo, si un profesional de la salud queda desprotegido por el colapso de una cooperativa intermediaria, su empleador original será legalmente responsable de garantizarle el pago y los derechos laborales previstos, conforme explicó el Ministerio del Trabajo al medio citado.

Estas decisiones surgieron luego de varias rondas de diálogo con gremios, incluyendo la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), según detalló la cartera laboral. La nueva regulación busca, de acuerdo con el Gobierno, “evitar que la tercerización se convierta en un mecanismo de precarización laboral” y delimitar de manera más tajante cuándo resulta legítimo recurrir a este mecanismo en el país. Los contratos temporales —utilizados para reemplazos por maternidad o incapacidades— conservarán su vigencia y no serán afectados por la medida.

Cabe aclarar que el proyecto responde a reclamos históricos del sector sindical y formó parte de la agenda de la reforma laboral presentada previamente por el Ejecutivo, que proponía equiparar derechos de trabajadores tercerizados y empleados de planta. Esta iniciativa generó controversias y fue retirada antes de que el Congreso de la República pudiera debatirla.

El Ministerio del Trabajo también confirmó que la nueva disposición trazará fronteras claras: actividades accesorias, como los servicios de alimentación y transporte en hospitales, sí podrán seguir siendo contratadas con terceros porque no se consideran parte del objeto misional de la organización. De esta manera, el Gobierno pretende diferenciar de modo preciso las áreas donde la tercerización resulta admisible, al tiempo que fortalece la protección de quienes prestan servicios fundamentales.

Ministro de Trabajo negó que los fondos privados se utilicen en campaña política

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la legalidad del decreto 415, en medio de la controversia por la reciente suspensión dispuesta por el Consejo de Estado. Según el funcionario, el traslado de recursos de los fondos privados a Colpensiones responde a la necesidad de proteger la sostenibilidad del sistema público de pensiones y no persigue objetivos políticos ni electorales.

El gobierno, afirmó, presentará recursos legales para impugnar la decisión judicial que calificó de precipitada, tras considerar que la medida pone en riesgo el correcto financiamiento de las pensiones que ya paga el Estado colombiano, informó a Blu Radio.

El ministro Sanguino también insistió en que el actuar del Ejecutivo se sustenta en el artículo 16 de la Ley 100, que prohíbe pertenecer simultáneamente a más de un régimen pensional. A la par, rechazó cualquier intento de vincular los fondos transferidos a usos partidistas.

“¿Usted cree que la plata de las mesadas de los 25.000 nos las estamos gastando en campaña electoral, en publicidad electoral?”, puntualizó, destacando que dichos fondos están destinados de manera exclusiva al pago de pensiones actuales, y no a actividades proselitistas.