La continuidad de la alimentación escolar en medio de la emergencia invernal llegó a la Corte Constitucional con una solicitud de la Defensoría del Pueblo para respaldar el decreto que busca evitar que miles de estudiantes pierdan acceso al PAE por la suspensión de clases.
La intervención se centra en mantener la entrega de alimentos incluso cuando no haya presencialidad escolar, debido a afectaciones provocadas por lluvias, daños en infraestructura y dificultades de acceso en múltiples regiones del país.
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De acuerdo con información citada por Blu Radio, la Defensoría defendió la constitucionalidad del Decreto Legislativo 176 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica derivada de la ola invernal, al considerar que busca proteger derechos fundamentales de estudiantes afectados.
La medida permite que niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar continúen recibiendo apoyo nutricional incluso fuera de la jornada escolar y por fuera de las instituciones educativas cuando asistir a clases no sea posible.
El eje de la solicitud es evitar que la suspensión académica termine interrumpiendo un servicio que en muchos casos representa una parte esencial de la alimentación diaria de los estudiantes.
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La Defensoría advirtió que los impactos climáticos han generado daños en colegios, uso de planteles como albergues, interrupciones del calendario escolar y problemas de movilidad derivados del deterioro vial y del transporte escolar.
Esas condiciones han afectado la prestación educativa y, con ello, el acceso ordinario al PAE, lo que elevó las alertas sobre posibles consecuencias en seguridad alimentaria y permanencia escolar.
“La intervención documentó que los mecanismos ordinarios de gestión del riesgo resultaron insuficientes para atender la magnitud de la crisis”, señaló la Defensoría, citado por Blu Radio.
La entidad insistió en que el decreto no amplía beneficiarios ni modifica la naturaleza del programa, sino que busca garantizar continuidad en condiciones excepcionales.
Según esa postura, la medida responde a una coyuntura extraordinaria y pretende evitar que la emergencia climática profundice vulneraciones relacionadas con alimentación, educación y desigualdad.
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Uno de los argumentos centrales expuestos ante la Corte es que la norma no restringe derechos, sino que opera como mecanismo de protección frente a una contingencia que alteró condiciones normales de acceso al servicio educativo.
La Defensoría también presentó reportes regionales para sustentar la necesidad del decreto.
En Sucre, por ejemplo, se reportaron afectaciones en 14 instituciones educativas y 36 aulas en municipios como Majagual, Guaranda, San Marcos y Caimito, según la información conocida.
También se documentaron daños en Córdoba y situaciones en las que alimentos del PAE habrían sido redireccionados para responder a necesidades derivadas de la emergencia en zonas como Urabá Darién.
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Esos casos fueron expuestos como evidencia de impactos concretos que, según la entidad, justifican medidas excepcionales para mantener cobertura alimentaria.
El debate tiene como trasfondo la revisión constitucional del decreto, cuyo aval definiría si la medida se mantiene como herramienta para garantizar continuidad del programa mientras persistan condiciones extraordinarias.
La Defensoría sostuvo que dejar sin efecto la norma podría agravar riesgos de hambre, deserción escolar y ampliación de brechas para estudiantes en territorios afectados por la temporada invernal.
“Sostenemos que el Decreto 176 de 2026 debe ser declarado constitucional para evitar que la crisis climática se traduzca en hambre, deserción o mayor desigualdad educativa”, indicó la entidad, citado por ese medio de comunicación.
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El pronunciamiento pone en el centro la relación entre emergencia climática y derechos fundamentales, especialmente en zonas donde la infraestructura escolar y las condiciones de movilidad han resultado comprometidas.
Para la Defensoría, la discusión no es únicamente operativa sobre alimentación escolar, sino una respuesta frente a efectos sociales más amplios derivados de la crisis.
También plantea que, en territorios vulnerables, la continuidad del PAE puede convertirse en una barrera de contención frente a impactos más severos en permanencia educativa.
La solicitud ante la Corte se produce mientras persisten efectos de la ola invernal sobre comunidades e instituciones educativas, escenario en el que la alimentación escolar aparece como una de las prioridades de respuesta.
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La revisión constitucional del decreto será determinante para establecer si esa continuidad puede mantenerse bajo el esquema excepcional planteado por el Gobierno y respaldado por la Defensoría.
Mientras eso ocurre, la discusión dejó sobre la mesa la necesidad de garantizar que una emergencia climática no termine traduciéndose en interrupciones alimentarias para estudiantes que dependen del programa.
El planteamiento defendido por la Defensoría apunta justamente a evitar que la suspensión de clases implique también la suspensión de derechos.
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