El Consejo de Estado de Colombia ordenó la suspensión provisional del traslado de cerca de 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, en el marco del estudio de legalidad del Decreto 415 de 2026.
La decisión cautelar mantiene congelada la movilización de recursos de unos 120.000 afiliados que habían solicitado cambiar de régimen pensional, mientras el alto tribunal define de fondo la validez de la norma.
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En medio de esta controversia, el presidente Gustavo Petro reaccionó con fuertes señalamientos contra el sistema financiero y la decisión judicial.
El mandatario cuestionó la posibilidad de que se ordene el giro de 5 billones de pesos asociados al proceso pensional y advirtió que, si no se devuelve el dinero, se estaría frente a lo que calificó como un acto ilegal y de apropiación indebida de recursos.
En su mensaje, Petro afirmó: “¿Oiga cómo que tendrán que girar 5 billones? Si no devuelven el dinero son ladrones”. Añadió que, en su criterio, se estaría trasladando al pueblo colombiano la carga de recursos pertenecientes a personas ya pensionadas en Colpensiones, pero que previamente habían sido administrados por fondos privados.
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El presidente sostuvo que esta situación constituye “un verdadero acto de latrocinio contra la Nación y el pueblo de Colombia”, señalando como responsables a los principales grupos financieros del país, entre ellos el Grupo Aval, asociado al empresario Luis Carlos Sarmiento, y el Grupo Bancolombia, vinculado al Grupo Empresarial Antioqueño, el cual recientemente tuvo participación en la adquisición de ISA.
El pronunciamiento presidencial se produjo en paralelo a una discusión más amplia sobre la actuación del Consejo de Estado.
En su mensaje, Petro criticó lo que considera una falta de urgencia del sistema judicial para abordar otros temas de impacto nacional, mientras —según él— se actúa con rapidez en decisiones que afectan a los trabajadores y sus ahorros.
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El mandatario señaló que mientras no se declara urgencia para reducir el costo de la deuda pública o enfrentar desastres climáticos, la justicia actúa de manera acelerada para proteger intereses financieros.
En su lectura política, el presidente enmarca la decisión judicial dentro de una tensión estructural entre el interés público y el sistema financiero, insistiendo en que los recursos en disputa pertenecen a los trabajadores y no a los intermediarios privados.
Según su comentario, el magistrado habría activado una medida cautelar de urgencia prevista en el artículo 234 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca), incluso sin que el demandante lo hubiera solicitado en esos términos, lo que ha alimentado el debate sobre la rapidez, el alcance y la motivación de la decisión judicial.
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La controversia se origina en la implementación del Decreto 415 de 2026, una de las piezas centrales del rediseño del sistema pensional impulsado por el Gobierno.
La norma establecía un mecanismo acelerado de traslado de recursos desde los fondos privados hacia el sistema público administrado por Colpensiones, con un esquema de transferencia dividido en dos fases: un 50% de los recursos en los primeros veinte días y el 50% restante en los diez días siguientes.
Esta velocidad en la movilización de los ahorros generó preocupación en el sector financiero y entre los administradores de fondos, que advirtieron sobre el impacto en la liquidez y en la estabilidad de los portafolios de inversión.
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De acuerdo con estimaciones de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asofondos), el volumen de recursos involucrados en la operación asciende a cerca de 24,5 billones de pesos.
Esta cifra refleja la magnitud del ahorro pensional en disputa y explica la intensidad del debate público.
El gremio ha señalado que la medida no solo afecta a las entidades administradoras, sino también a los afiliados que ya habían iniciado el proceso de traslado de régimen, quienes se encuentran en una situación de incertidumbre jurídica mientras se resuelve el litigio.
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