
Con una votación de 6 a 2, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó en la mañana del miércoles 29 de abril de 2026 la sanción contra la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño, tras comprobarse la violación de los topes legales de gastos por más de 5.300 millones de pesos en las dos vueltas electorales.
Esta resolución, de carácter administrativo, confirma que la coalición Pacto Histórico transgredió la normativa financiera electoral, un hecho tipificado como delito penal en Colombia desde 2017.
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Dentro de la decisión se detalla que los apoderados de los sancionados agotaron los recursos de ley y que todas las recusaciones contra los conjueces fueron estudiadas y desestimadas antes de confirmar la sanción. En el ámbito penal, la Fiscalía General de la Nación enfatizó que la investigación abierta por este caso cuenta con elementos adicionales no contemplados por el CNE, lo que amplía el alcance de las pesquisas más allá del hecho administrativo.
Además de la multa impuesta —que asciende a $5.922.000.000— la autoridad electoral ordenó remitir copias del expediente a la Fiscalía para que investigue a Ricardo Roa por posibles delitos vinculados a la financiación de campañas con fuentes prohibidas, la violación de límites de gasto, fraude procesal y otros delitos que surjan de la información contenida en la resolución.
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Otros pedidos del CNE por la campaña presidencial de Gustavo Petro

El CNE también envió la versión digital del expediente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, considerada el juez natural del presidente, dentro del proceso identificado con el radicado 5914, para su análisis y posibles acciones futuras.
La resolución de la entidad encargada de los asuntos electorales del país recibió un refuerzo institucional, ya que la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía solicitando investigar tanto a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, como al actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presuntas anomalías relacionadas con el registro de gastos de la campaña presidencial de Gustavo Petro y de la campaña al Senado del Pacto Histórico. Según la investigación, Jaramillo tuvo la responsabilidad de coordinar la campaña al Senado en ese periodo.
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El núcleo de la indagación penal apunta a que en 2022, autoridades detectaron maniobras para presentar gastos del entorno de Petro como si correspondieran a la campaña legislativa dirigida por Jaramillo. Voceros del ente acusador indicaron en diálogo con El Tiempo que los investigadores analizan una posible “triangulación de recursos”.
Esta desviación incluiría gastos de desplazamientos aéreos contratados con la empresa Sadi S.A.S., asociada a Eduardo Restrepo Osorio, alias Caco, conocido como narcopiloto y quien se entregó a la justicia de Estados Unidos.
Tanto Gustavo Petro como Ricardo Roa y Guillermo Alfonso Jaramillo negaron cualquier irregularidad relacionada con los gastos de campaña.
Las multas que tendrán que pagar los miembros de la campaña Petro Presidente

La suma sancionatoria incluye diferentes conceptos y periodos: $2.252.000.000 corresponden a infracciones cometidas en la primera vuelta presidencial, mientras que $627.000.000 fueron adjudicados por financiación prohibida y $596.000.000 adicionales por violaciones en los topes de gastos en la segunda vuelta.
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Este dictamen obliga al gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, junto con otros miembros claves del equipo electoral, a asumir la responsabilidad económica. Además de Roa, la sanción recae sobre Lucy Aydee Mogollón, en calidad de tesorera, y María Lucy Soyo Caro, como auditora interna de la campaña en la primera vuelta.
Colombia Humana, fundado por Gustavo Petro, optó por allanarse a los cargos y comenzar a pagar parte de la multa. Según la secretaria general y representante legal del movimiento, Andrea Camila Vargas de la Hoz, esta acción busca allanar el camino para que el movimiento político sea reconocido jurídicamente como partido dentro del Pacto Histórico.
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En el contexto de estos procesos administrativos, destaca un hecho particular que afecta directamente al gerente Ricardo Roa. El CNE lo ha obligado a regresar $165.000.000 “correspondientes al pago efectuado por el concepto del gasto denominado ‘Evento Movistar Arena del 19 de junio de 2022’, debidamente indexado al año 2025”.
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