
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) dio a conocer un informe de política pública en el que señala un deterioro estructural de la seguridad en Colombia durante el periodo comprendido entre 2022 y 2026. El documento, presentado el 29 de abril de 2026 en Bogotá, advierte que esta situación tiene efectos directos sobre la gobernabilidad, la convivencia y la seguridad en las principales ciudades del país.
Según el informe, pese al desarrollo del marco normativo de la política de Paz Total, no se evidencian resultados consistentes en la reducción de la violencia. En contraste, se registra una expansión de grupos armados, el fortalecimiento de economías ilegales y un incremento sostenido de delitos de alto impacto en distintas regiones del territorio nacional.
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“Lo que estamos viendo en distintas regiones del país es una señal clara de que la política de Paz Total no está logrando contener ni reducir la violencia. Las ciudades capitales están asumiendo las consecuencias de un modelo que no está garantizando seguridad en el territorio”, afirmó Andrés Santamaría, director de Asocapitales.
Incremento de indicadores de violencia

El informe detalla un aumento significativo en los principales indicadores de seguridad. Entre las cifras más relevantes se encuentra el registro de 14.038 homicidios en 2025, lo que lo convierte en el año más violento de la última década. Asimismo, se contabilizan más de 50.000 homicidios acumulados entre 2022 y 2026.
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En cuanto a otros delitos, se reportaron 13.417 casos de extorsión en 2025, una de las cifras más altas registradas. Además, se documentaron 701 secuestros en ese mismo año, lo que representa el nivel más alto en diez años y un aumento del 124%. A esto se suma el desplazamiento masivo de más de 88.100 personas en 2025, la cifra más elevada en los últimos 18 años.
El documento también señala la circulación de armas ilegales y el uso creciente de tecnologías como drones explosivos, lo que evidencia una evolución en las capacidades operativas de los grupos armados. De acuerdo con el análisis, mientras se adelantaban procesos de diálogo, los principales grupos armados incrementaron su presencia territorial, en algunos casos con aumentos superiores al 100%.
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Otro aspecto destacado en el informe es la figura de los denominados “gestores de paz”. Según Asocapitales, 75 personas con antecedentes o condenas penales, que suman más de 1.246 años, han recibido beneficios jurídicos sin que existan resultados verificables en la reducción de la violencia.
“No puede haber beneficios sin resultados. Una política de paz sin condiciones verificables de seguridad termina debilitando la capacidad del Estado y fortaleciendo a las estructuras criminales”, señaló Santamaría.
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Impacto en ciudades capitales

El informe advierte que las ciudades capitales concentran cerca del 50% de los delitos de alto impacto en el país, lo que las convierte en el principal escenario de la crisis de seguridad. Entre los datos presentados, se indica que el 93% de los homicidios permanece en la impunidad.
También se evidencia un déficit estructural en el pie de fuerza policial. En el caso de Bogotá, por ejemplo, se señala que opera con hasta un 31% menos de policías de lo recomendado según estándares internacionales. A esto se suma que 11 alcaldes de ciudades capitales han sido amenazados entre 2024 y 2026.
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El informe resalta además que las ciudades concentran más del 90% de los casos de extorsión del país. Igualmente, alerta sobre un proceso de urbanización del crimen, con presencia de estructuras armadas en barrios de ciudades como Cali, Barranquilla y Cúcuta.
Otro elemento mencionado es la ofensiva terrorista registrada entre el 24 y el 26 de abril de 2026, periodo en el que se reportaron más de 26 acciones criminales en 48 horas, con al menos 20 víctimas fatales. Este hecho es señalado como una confirmación de la tendencia de deterioro en tiempo real.
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Llamado a replantear la política de seguridad

Frente a este panorama, Asocapitales hizo un llamado al Gobierno nacional para replantear la política de seguridad y paz, con énfasis en un enfoque territorial. Entre las propuestas incluidas en el informe se destacan la implementación de procesos de diálogo con verificación independiente y resultados medibles, el fortalecimiento del pie de fuerza policial en ciudades capitales y la inclusión efectiva de alcaldes en el diseño de la política de seguridad.
Asimismo, se plantea la necesidad de un ataque estructural a las economías ilegales y la revisión de la figura de gestores de paz como parte de las medidas para enfrentar la situación actual.
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“Colombia necesita una política de paz que esté acompañada de una política de seguridad sólida. Sin control territorial, sin justicia efectiva y sin coordinación con las ciudades, no hay paz sostenible”, concluyó Santamaría.
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