Un nuevo análisis de la organización Carbon Tracker advierte que Colombia podría gastar hasta US$226.000 millones en importaciones de combustibles para el transporte por carretera de aquí a 2050 si mantiene su actual dependencia de vehículos con motor de combustión interna.
El estudio señala que este monto equivale a 1,9 veces el presupuesto nacional de 2025, lo que refleja la magnitud del impacto económico que tendría no acelerar la transición hacia tecnologías más limpias, como los vehículos eléctricos de batería (BEV).
Dependencia del petróleo y presión sobre la economía
De acuerdo con el informe, el transporte representó el 75% del consumo de petróleo en Colombia en 2023, con más del 25% proveniente de importaciones. Esta situación expone al país a la volatilidad de los precios internacionales del crudo, generando riesgos para la estabilidad fiscal y el bolsillo de los ciudadanos.
La continuidad de este modelo implica, además, una salida constante de divisas para la compra de combustibles refinados, lo que limita la capacidad del país para invertir en otros sectores estratégicos.
En contraste, la electrificación del transporte permitiría trasladar la demanda energética hacia fuentes locales, aprovechando la matriz eléctrica colombiana, que depende en gran medida de la energía hidroeléctrica y, cada vez más, de fuentes solares y eólicas.
Ahorros potenciales por US$40.000 millones
El análisis de Carbon Tracker plantea un escenario alternativo en el que Colombia acelera la adopción de vehículos eléctricos. Bajo este enfoque, el país podría ahorrar alrededor de US$40.000 millones en importaciones de combustibles fósiles hasta 2050.
Además, esta transición permitiría evitar el uso de aproximadamente 600 millones de barriles equivalentes de petróleo, reduciendo la dependencia de recursos externos y fortaleciendo la seguridad energética.
Impacto en salud y cambio climático
Más allá de los beneficios económicos, el informe destaca que la electrificación del transporte tendría efectos positivos en la salud pública al disminuir la contaminación del aire.
Asimismo, la reducción de emisiones del parque automotor podría evitar hasta US$35.000 millones en daños económicos relacionados con el cambio climático, en términos de valor presente.
Estos factores refuerzan la idea de que la transición energética no solo es una decisión ambiental, sino también una estrategia económica de largo plazo.
El costo de seguir vendiendo vehículos de combustión
Uno de los puntos más relevantes del informe es el impacto acumulado de continuar con la venta de vehículos de combustión interna. Según las estimaciones, cada nuevo vehículo de gasolina o diésel genera costos significativos durante su vida útil:
- Casi US$6.000 por automóvil particular
- Casi US$120.000 por camión mediano
- US$278.000 por camión pesado
- Casi US$350.000 por bus
Estos costos incluyen impactos en salud, subsidios y efectos climáticos, lo que evidencia que el modelo actual genera pasivos económicos crecientes para el Estado.
Subsidios y presión fiscal
El informe también advierte sobre la presión que los combustibles fósiles ejercen sobre las finanzas públicas. Para 2025, los subsidios a estos combustibles alcanzarían los US$6.800 millones, mientras que los ingresos derivados de su venta serían de US$6.300 millones.
Esto dejaría un déficit cercano a US$500 millones, lo que refuerza la necesidad de replantear la política energética y de transporte.
Un contexto global favorable para la electrificación
El estudio sitúa a Colombia dentro de una tendencia global en la que la movilidad eléctrica se vuelve cada vez más accesible. La expansión manufacturera de China ha permitido reducir los costos de las baterías en más de un 80% desde 2013, facilitando la adopción de vehículos eléctricos en economías emergentes.
Además, el costo por kilómetro de la electricidad es entre un 28% y un 55% menor que el de la gasolina o el diésel, lo que se traduce en ahorros operativos para los usuarios.
Ventajas estructurales de Colombia
El documento identificó varias condiciones que posicionan al país para avanzar en esta transición:
- Bajo nivel de propiedad de automóviles, lo que facilita la renovación del parque automotor
- Una matriz eléctrica limpia, con cerca del 72% de generación hidroeléctrica
- Limitada dependencia de la industria automotriz tradicional, lo que reduce barreras estructurales
Estas características permiten que Colombia tenga una oportunidad estratégica para liderar la transición energética en la región.
Recomendaciones para acelerar el cambio
El informe insta al Gobierno a implementar una estrategia integral que incluya regulaciones más estrictas para vehículos de combustión, reformas fiscales que favorezcan la movilidad eléctrica y el despliegue de infraestructura de carga a gran escala.
También destaca la importancia de establecer estándares de eficiencia vehicular robustos, que eviten la entrada de tecnologías obsoletas y brinden certeza a inversionistas.
Una decisión para el futuro del país
Para Ben Scott, jefe de demanda de energía en Carbon Tracker, “Colombia tiene una clara oportunidad para evitar una mayor dependencia de combustibles importados para el transporte y los costos a largo plazo asociados con la venta continua de vehículos de combustión interna. El país cuenta con ventajas estructurales que respaldan la transición hacia vehículos eléctricos de batería, al tiempo que ofrece la posibilidad de reducir gradualmente los subsidios a los combustibles, aliviando la presión sobre las finanzas públicas”.
En ese sentido, el informe concluye que la discusión ya no es si el país debe avanzar hacia la movilidad eléctrica, sino qué tan rápido puede hacerlo para capturar beneficios económicos, ambientales y sociales.
La decisión, advierte el análisis, definirá el rumbo energético y financiero de Colombia en las próximas décadas.
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