
En un pronunciamiento emitido el 25 de abril de 2026, la Defensoría del Pueblo informó sobre el deterioro de la situación de seguridad en el suroccidente colombiano, particularmente en el departamento del Cauca y zonas cercanas del Valle del Cauca.
La entidad señaló que en las últimas horas se ha registrado una intensificación de ataques con artefactos explosivos y acciones armadas que han impactado tanto a la población civil como a corredores estratégicos de movilidad.
Uno de los hechos más graves ocurrió en el municipio de Cajibío, en el sector de El Túnel sobre la vía Panamericana que conecta Popayán con Cali, donde fue detonado un artefacto explosivo mientras varios vehículos se encontraban detenidos. Según la información oficial confirmada por el gobernador del Cauca, Octaavio Guzmán, el hecho dejó un saldo preliminar de 14 personas fallecidas y más de 38 heridas.
Advertencia sobre nuevos explosivos

La Defensoría del Pueblo alertó específicamente sobre amenazas relacionadas con la posible instalación de nuevos artefactos explosivos en la vía Panamericana, uno de los principales corredores viales del suroccidente del país. Según el reporte, los puntos en riesgo se ubican en Mandivá, en el municipio de Santander de Quilichao, y en Pescador, en el municipio de Caldono, ambos en el departamento del Cauca.
En el mismo pronunciamiento, la entidad señaló que estas alertas se suman a otros hechos recientes en la región, como ataques en Mercaderes, Popayán y Guachené, donde se han registrado explosiones, dispositivos improvisados y el uso de nuevas modalidades como drones con carga explosiva.
“Lo que evidencia el uso de nuevas modalidades de ataque en zonas donde hay presencia de población civil”, advirtió la Defensoría al referirse a uno de los casos reportados en Popayán.
El organismo también se pronunció sobre los ataques recientes en el Valle del Cauca, incluyendo acciones contra instalaciones militares y policiales en Cali, Palmira, Jamundí y el corregimiento de Robles. “Estos hechos se inscriben en un contexto más amplio que incluye acciones violentas reportadas en el Valle del Cauca”, señaló la entidad al relacionar los distintos eventos.
La Defensoría advirtió que la situación no solo afecta a la fuerza pública, sino también incrementa el riesgo para la población civil. “Esta escalada no solo impacta a la fuerza pública, sino que está trasladando los riesgos a la población civil y a corredores donde transitan comunidades”, indicó el organismo.
Llamado urgente al Estado

En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo recordó que ha emitido alertas tempranas previas sobre actos de violencia en esta zona del país. “La Defensoría del Pueblo ha advertido de forma reiterada, a través del Sistema de Alertas Tempranas, sobre los riesgos derivados del control territorial, la imposición de normas y las disputas entre actores armados en el suroccidente del país”, señaló la entidad.
Asimismo, hizo un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades locales para reforzar la seguridad en la vía Panamericana, garantizar la atención de los heridos y proteger a la población civil en los corredores afectados.
“Cuando estos hechos se repiten en los mismos corredores, ya no son hechos aislados: evidencian fallas en la prevención y en la respuesta del Estado”, advirtió la Defensoría.

Finalmente, la entidad reiteró su llamado a implementar medidas de protección y a fortalecer la presencia institucional en el territorio, en medio de la continuidad de las acciones violentas en el suroccidente del país, pues el mismo sábado 25 de abril, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) denunció que los hechos registrados no corresponden a situaciones aisladas, sino que hacen parte de una dinámica más amplia de inseguridad en el departamento.
La organización indígena señaló la ocurrencia de ataques, retenes ilegales, atentados y asesinatos selectivos en municipios como Santander de Quilichao, Corinto y Caloto. También reportó casos de amedrentamiento a comunidades indígenas durante actividades de defensa territorial, así como un incremento en el reclutamiento forzado de menores de edad.
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