“Se triplicó la crisis” en Savia Salud, esa es la denuncia que lanzó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tras la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que suspendió provisionalmente la intervención de la Superintendencia de Salud sobre la EPS que atiende a 1,7 millones de usuarios.
La decisión judicial abrió un nuevo frente político sobre el manejo del sistema de salud y dio fuerza a los cuestionamientos del mandatario regional, quien aseguró que durante la intervención la situación financiera de la entidad se deterioró gravemente.
El dato que concentró la controversia fue el salto del patrimonio negativo de 572.000 millones de pesos a 1,5 billones, cifra que Rendón convirtió en el centro de su crítica contra el Gobierno nacional.
“Como en todas las entidades del sector salud que ha intervenido Petro, se han deteriorado en su patrimonio financiero”, afirmó el gobernador, citado por Revista Semana, al insistir en que la intervención agravó la situación de la EPS.
El fallo del Tribunal cuestionó la resolución que ordenó la toma de Savia Salud por considerar que habría vacíos en la motivación del acto administrativo, especialmente frente al análisis sobre factores estructurales del sistema, como la UPC y los Presupuestos Máximos.
Pero el enfoque político tomó fuerza por la tesis de que la intervención no resolvió la crisis, sino que la profundizó. Esa fue la línea que impulsó Rendón tras conocerse la decisión judicial.
“Esa intervención no es más a lugar, no cumplió con el estándar constitucional”, sostuvo el mandatario, citado por Revista Semana, al celebrar la orden que obliga en diez días al Gobierno a realizar el empalme con los accionistas.
La decisión impacta a una EPS clave para el régimen subsidiado en Antioquia, razón por la que el debate trascendió lo jurídico y pasó al terreno político, con críticas sobre el modelo de intervención impulsado por el Gobierno Petro.
“Rompe con el modelo intervencionista”, dijo Rendón, citado por Revista Semana, en una frase que convirtió el caso Savia Salud en una disputa más amplia sobre la política de salud del Ejecutivo.
El gobernador advirtió además que aún no se sabe en qué condiciones recibirán la entidad tras el proceso de intervención, lo que, según planteó, genera incertidumbre para los usuarios más vulnerables del sistema.
Ese punto reforzó uno de los mensajes centrales del pronunciamiento: que la discusión no solo es financiera o política, sino que tiene implicaciones directas sobre millones de afiliados del régimen subsidiado.
La cifra de 1,5 billones terminó marcando el nuevo enfoque del caso, porque convirtió el debate en una discusión sobre deterioro patrimonial y no únicamente sobre la legalidad de la intervención.
La reacción política también se amplificó desde Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez calificó la decisión como histórica y sostuvo, citado por Revista Semana, que la intervención fue ilegal, arbitraria y con fines políticos.
Ese respaldo reforzó la lectura de que el fallo puede tener efectos más allá de Savia Salud, al abrir un precedente sobre otras intervenciones en el sistema.
Mientras avanza el proceso para el eventual retorno de la administración a sus accionistas, el caso se convirtió en un nuevo choque entre regiones y Gobierno nacional, con una narrativa impulsada desde Antioquia: que la crisis de Savia Salud no se contuvo, sino que se multiplicó bajo la intervención.
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