Por primera vez, excomandantes de las Farc en el Caribe aceptaron su responsabilidad en secuestros y crímenes de lesa humanidad

En una de las audiencias que más ha dado de que hablar de la JEP en los últimos meses, por primera vez en la historia cinco antiguos mandos medios del extinto Bloque Caribe de las Farc-EP comparecieron para reconocer su responsabilidad en los secuestros perpetrados en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y Barranquilla.

Cabe recordar que los comparecientes, Abelardo Caicedo “Solís Almeida”, Osmany Landero “Hernando González”, Gilberto de Jesús Giraldo “Aldemar Altamiranda”, Luis Cuadras “Leonardo Guerra” y Uriel Oviedo “Mañe” fueron parte del Estado Mayor del Bloque Caribe.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP documentó 463 secuestros individuales y colectivos atribuidos a esta estructura. Los comparecientes fueron señalados como determinantes en la ejecución de la política de secuestro, implementada bajo tres patrones: obtención de recursos para la lucha armada, control social y territorial, y la intención de presionar al Estado mediante secuestros para canje de guerrilleros presos.

Los comparecientes fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, como toma de rehenes, privación grave de la libertad, desaparición forzada, asesinato, tortura, tratos crueles y desplazamiento forzado. Estos delitos no son susceptibles de amnistía ni perdón judicial.

La audiencia se dividió en dos jornadas, desarrolladas en el Museo de Arte y Memoria de Mampuján en María La Baja, Bolívar, y en la Universidad Nacional, sede La Paz, en Cesar. La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll presidió las sesiones, acompañada por las magistradas Catalina Díaz Gómez, Diana Vega Laguna y el magistrado Óscar Parra Vera. En las diligencias participaron once víctimas que participaron activamente, exponiendo casos representativos de los secuestros cometidos en la región.

Entre los testimonios, Andrea Redondo relató el secuestro y desaparición de su padre, Oswaldo Redondo, en 2001. Andrea tenía diez años y recordó que su madre tuvo que mudarse junto a ella a otras zonas del país para poder sostenerla económicamente y alejarse de la violencia.

“La desaparición forzada es una forma de tortura que se prolonga en el tiempo”, afirmó el compareciente Uriel Oviedo, que asumió la responsabilidad por la muerte y desaparición de Oswaldo Redondo, al que acusaron de ser colaborador de los paramilitares.

Entre los hechos relevantes estuvo la participación de la víctima Andrea Bautista, que fue secuestrada siendo niña en un retén ilegal. Bautista enfatizó la necesidad de que la violencia termine para que las nuevas generaciones crezcan en entornos seguros. Además, los comparecientes reconocieron su responsabilidad en el secuestro y asesinato de la exministra Consuelo Araujo “La Cacica”, fundadora del Festival de la Leyenda Vallenata.

Otro caso mencionado fue el del exministro Fernando Araújo, puesto que el compareciente que se encargó de cuidar al político en cautiverio comparó el sufrimiento del exministro durante su cautiverio con las condiciones carcelarias de un condenado.

En la audiencia participó Roberto Lacouture, secuestrado en 1989 en un corregimiento de Becerril, narró como pasó tres meses privado de libertad, la mitad del tiempo amarrado a un árbol. “Todos los sueños que tenía en esa época con mi novia, que hoy es mi esposa, no los pudimos cumplir”.

Otros testimonios fueron el de Alejandro Lara, que en nombre de su padre, un zootecnista de 80 años que fue secuestrado tras el robo de unas vacas; el de Víctor Manuel Quintero, hermano de Isaías y Ersaín Quintero, dos desaparecidos tras ser secuestrados en 1998 en zona rural de Becerril, y el de familiares de otras víctimas que murieron en cautiverio.

Luego de que finalizó la segunda audiencia, las víctimas disponen de 15 días para realizar observaciones a los reconocimientos hechos por los comparecientes. Estos tendrán la oportunidad de proponer proyectos de Sanciones Propias orientados a la reparación.

Por su parte, la Sala de Reconocimiento de Verdad evaluará los aportes de verdad y, si cumplen los requisitos, también emitirá una resolución de conclusiones que trasladará el proceso a la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de Paz. Este documento identificará a los comparecientes que hayan aportado verdad y reconocido su responsabilidad, y estos podrán ser considerados para la imposición de las sanciones contempladas por la justicia transicional.