
Las autoridades ofrecieron hasta $200 millones de recompensa por información que permita ubicar e identificar a los responsables del atentado terrorista contra el cantón militar Pichincha, en Cali. La prioridad de la investigación, según confirmó el alcalde Alejandro Eder, está centrada en localizar al hombre que habría abandonado el vehículo utilizado en el ataque.
La decisión se conoció pocas horas después de la explosión que sacudió el sur de la ciudad en la mañana del 24 de abril. El hecho generó alarma entre residentes, comerciantes y conductores que transitaban por una de las zonas más concurridas del sector. Mientras avanzan las labores judiciales y de inteligencia, las autoridades buscan reconstruir cada movimiento previo al atentado para establecer quiénes planearon la acción y cómo lograron movilizar el automotor cargado con explosivos hasta inmediaciones de la unidad militar.

La emergencia ocurrió cerca del cantón Pichincha, sede de la Tercera Brigada del Ejército, ubicado entre los barrios Meléndez y Nápoles, en cercanías de la tradicional calle 5.
Vecinos del sector relataron que una fuerte detonación interrumpió la rutina de la mañana y provocó momentos de pánico. Tras el estruendo, varias personas salieron de viviendas y locales intentando entender qué había ocurrido, mientras otras corrían buscando resguardo. De acuerdo con información preliminar entregada por fuentes militares, el ataque habría sido ejecutado con una buseta acondicionada con explosivos.
Las primeras versiones indican que algunos artefactos fueron lanzados desde el exterior hacia las instalaciones de la brigada. Uno o dos cilindros habrían quedado dentro del batallón sin detonar, mientras en la parte externa el vehículo terminó incendiado. Ese detalle incrementó la preocupación de las autoridades, pues evidencia que el impacto pudo ser mayor de haber explotado la totalidad de los elementos utilizados en la acción criminal.
“En cercanías al cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada, en Cali, se atiende una situación que involucra un vehículo acondicionado con explosivos”, indicó un informe de la Tercera División del Ejército. Tras la detonación, unidades militares activaron de inmediato los protocolos de seguridad y acordonaron la zona para permitir el ingreso de personal especializado.
“Unidades del Ejército mantienen el control del área, mientras equipos especializados en explosivos, con apoyo de aeronaves no tripuladas, adelantan las verificaciones técnicas para establecer las circunstancias del hecho y preservar la seguridad de los hombres y mujeres que integran la unidad militar, así como de la población civil en el sector. En este hecho no se registran, hasta el momento, afectaciones al personal militar ni a la población civil”, informaron en las Fuerzas Militares.
La explosión dejó una mujer herida y daños materiales en viviendas cercanas al complejo militar. Varias fachadas resultaron afectadas y algunos residentes denunciaron vidrios rotos, puertas averiadas y afectaciones menores en estructuras. La onda expansiva también se sintió en cuadras aledañas, lo que aumentó el temor entre la comunidad.
El nuevo ataque trajo a la memoria otro episodio ocurrido contra la misma unidad militar. Sobre las 10:20 de la noche del 4 de abril de 2024, un fuerte estruendo volvió a estremecer a los vecinos del sector, que inicialmente reaccionaron con desconcierto y miedo, hasta confirmar con el paso de los minutos que las instalaciones de la Tercera Brigada habían sido blanco de un atentado. En esa ocasión, la Alcaldía de Cali rechazó lo sucedido y anunció una recompensa de hasta $50 millones para obtener información que permitiera identificar a los responsables.

Las investigaciones posteriores atribuyeron esa acción armada, así como un ataque registrado el mismo día contra la estación de Policía del corregimiento de Robles, en Jamundí, a disidencias de las Farc pertenecientes al frente Jaime Martínez. Ese grupo ilegal ha mantenido influencia criminal en Jamundí y presencia en zonas como Buenaventura, Dagua y, más recientemente, Calima El Darién, en el Valle del Cauca.
Según las autoridades, el atentado de 2024 se ejecutó con artefactos explosivos improvisados. Aunque no dejó personas muertas ni heridas, sí ocasionó daños en una vivienda ubicada en la parte externa del batallón. De acuerdo con los reportes oficiales de entonces, el objetivo principal habría sido impactar las casas fiscales situadas dentro de la guarnición militar.
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