
La Agencia Nacional de Minería (ANM), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía encabezado por Edwin Palma Egea, anunció que desde el 19 de mayo de 2026 estará disponible una herramienta digital que busca fortalecer la transparencia en la cadena productiva de minerales.
La plataforma integrará información que hasta ahora permanecía dispersa en registros como el Rucom (Registro Único de Comercializadores de Minerales), Génesis —base de datos de mineros artesanales— y el sistema de Control a la Producción.
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La nueva plataforma ofrecerá la posibilidad de seguir el recorrido del oro desde su extracción hasta su comercialización o exportación, brindando un panorama completo del flujo del mineral en el país y facilitando la verificación de certificados de origen, registros de producción y pagos de regalías.
Cada transacción tendrá un código único, lo que permitirá a las autoridades y al público verificar toda la información relacionada con el oro y otros minerales.
Respuesta a exigencias internacionales y aumento de controles

El lanzamiento de este sistema responde a la creciente presión de los mercados nacionales e internacionales que exigen mayor claridad sobre el origen del oro colombiano.
El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional estima que más del 80% del oro producido en Colombia es ilegal, dato que refleja la magnitud del desafío para las autoridades.
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De acuerdo con cifras del Dane, entre febrero de 2025 y febrero de 2026, las exportaciones de oro alcanzaron los 771,8 millones de dólares, un crecimiento del 140,8% en comparación con el periodo anterior.
En los últimos cuatro años, Colombia exportó 236 toneladas de oro, generando $2,15 billones en regalías. Pese a estos ingresos, el país enfrenta el reto de garantizar que la mayor parte de ese mineral provenga de fuentes legales y verificables.
La nueva plataforma no modifica las normas vigentes, pero sí permitirá el acceso público y en tiempo real a la información de toda la cadena minera, lo que representa un avance frente al actual sistema fragmentado.
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Rol de las alcaldías y control sobre la minería artesanal

La implementación de la plataforma asigna un papel central a las alcaldías, especialmente en el control y registro de la minería de subsistencia.
Los mandatarios locales deberán reportar los niveles de producción y regalías, verificar la información suministrada por los mineros, visitar los sitios de explotación y confirmar la identidad de quienes participan en esta actividad.
Además, tendrán la responsabilidad de garantizar que no exista coacción de grupos ilegales y que no se superen los topes anuales de producción establecidos, que en el caso del oro están fijados en 420 gramos por minero.
El sistema facilitará el cruce de datos entre entidades y permitirá detectar irregularidades con mayor rapidez, según explicó el Ministerio de Minas en su comunicado oficial.
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La integración de las bases de datos Rucom, Génesis y Control a la Producción busca cerrar espacios a la infiltración de oro ilegal en la cadena comercial y contribuir a la formalización del sector.
Fase piloto y proyección a futuro

Durante su fase inicial, la plataforma funcionará como un piloto de registro voluntario. El Gobierno prevé, a mediano plazo, que todas las transacciones de minerales en Colombia deban registrarse obligatoriamente en este sistema.
Esta transición busca consolidar un modelo integral de trazabilidad y control en el sector minero, acorde con las expectativas internacionales y los compromisos del país en materia de lucha contra la minería ilegal.
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La cartera liderada por Palma Egea subraya que esta iniciativa se da en un contexto de crecimiento sostenido de las exportaciones y de presión internacional para certificar la legalidad de los minerales.
La información de la plataforma estará disponible para consulta pública y en tiempo real, lo que podría reforzar la confianza de los mercados y facilitar el trabajo de autoridades nacionales y extranjeras en la verificación del origen del oro colombiano.
La puesta en marcha del sistema de trazabilidad representa para Colombia un paso relevante en la supervisión de un sector afectado por la ilegalidad y la intervención de grupos armados.
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Las autoridades esperan que la nueva herramienta contribuya a reducir el margen de maniobra para actividades ilícitas, ampliar la formalización de los mineros de subsistencia y mejorar la percepción internacional sobre la minería colombiana.
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