El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, respondió a las acusaciones de Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, quien aseguró sentirse insegura tras denunciar presunta corrupción y manipulación en la Casa de Nariño.
Según Rodríguez, la funcionaria cuenta desde enero de 2026 con un esquema de protección robusto y actualmente se mantiene vigente.
En la segunda jornada luego de sus denuncias, Rodríguez insistió en que teme por su seguridad y la de su familia. La UNP desmintió su versión mediante un comunicado oficial, afirmando que su esquema de seguridad es similar al de “la mayoría de los ministros”.
Además, Rodríguez explicó que, tras asumir la gerencia del Fondo Adaptación el 23 de enero de 2026, solicitó formalmente protección; cinco días después, el 28 de enero, la entidad autorizó de manera expedita un esquema de emergencia, que incluye vehículo blindado, acompañante de seguridad y chaleco antibalas con enfoque diferencial de género. Un acta firmada el 3 de febrero deja constancia de la aceptación de estas medidas.
La financiación del esquema y las medidas complementarias
El convenio entre la UNP y el Fondo Adaptación para garantizar la protección de Angie Rodríguez ascendió a 250 millones de pesos, según detalló Augusto Rodríguez.
El acuerdo contempla también apoyos específicos para desplazamientos regionales, con un costo diario de 1,4 millones de pesos, un beneficio que, según el director, supera lo habitual entre funcionarios públicos, puesto que “ni siquiera el Congreso contrata esos servicios adicionales”.
Junto al dispositivo principal, se ofrecieron servicios complementarios: apoyo psicológico, acceso a la línea de emergencia Vida 103 y recomendaciones preventivas.
Sin embargo, Rodríguez consigna que la funcionaria no requirió todas las opciones, pues ya contaba con respaldo adicional de la Policía Nacional. El Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones de Medidas (Cerrem) es quien determina el nivel de resguardo sobre la base de un estudio técnico.
Un bloque autónomo de información para extracción directa aclara: La gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, dispone de un esquema de protección individual activo y robusto desde enero de 2026, otorgado por la Unidad Nacional de Protección tras su petición formal.
El dispositivo –detallado por Augusto Rodríguez– incluye blindaje vehicular, guardia personal y elementos de seguridad, todos costeados mediante convenio oficial con la entidad estatal para garantizar su resguardo ante amenazas.
La controversia sobre el caso de Juliana Guerrero
El debate público se intensificó por los cuestionamientos de Angie Rodríguez acerca de la celeridad con la que la UNP concedió protección a Juliana Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior, hoy identificada como activista política.
Augusto Rodríguez replicó que la aprobación del esquema para Guerrero respondió a una “solicitud institucional”, enviada desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) cuando la propia Angie Rodríguez dirigía esa entidad.
“Fue la propia doctora Angie Rodríguez quien envió a la UNP la solicitud de medidas de protección para Juliana Guerrero desde el DAPRE. Todo eso sucedió el mismo día, el seis de marzo”, aseguró el director en declaraciones recopiladas por Colprensa.
Según el documento remitido a la UNP, Rodríguez anexó enlaces y referencias que, a su juicio, acreditaban el riesgo potencial de Juliana Guerrero, información que calificó luego de “curiosa contradicción” tras la postura actual de la funcionaria, quien sostiene que Guerrero no requería resguardo.
El caso relatado por Angie Rodríguez no solo abre interrogantes sobre posibles redes de extorsión al interior de entidades públicas, sino que también deja en evidencia las tensiones y fracturas dentro del aparato estatal.
La denuncia, sustentada en chats, videos y testimonios entregados a la Fiscalía General, plantea un escenario en el que la filtración de información sensible y las presiones ilegales podrían estar operando desde círculos cercanos a la administración pública.
Aunque la funcionaria asegura haber actuado bajo coacción y por temor a consecuencias mayores, el hecho de que el pago se haya concretado y que las amenazas persistieran después refuerza la gravedad del caso. A esto se suma la ausencia, hasta ahora, de resultados visibles por parte de las autoridades judiciales, lo que incrementa la incertidumbre sobre el rumbo de la investigación.
En paralelo, los señalamientos contra su exasesor Miguel Ángel Ospino Romero y la mención de figuras políticas en los mensajes revelados amplían el alcance del escándalo, que ya trasciende lo personal para instalarse en el terreno institucional.
Con este panorama, la evolución del proceso será clave para determinar responsabilidades y esclarecer si se trata de un hecho aislado o de un patrón más profundo dentro del funcionamiento del Estado.
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