La Corte Constitucional tomó el miércoles 22 de abril de 2026 una decisión relevante sobre las normas que rigen el reparto y la formalización de la tierra rural en el país. La sentencia C-099 de 2026 emitida por el alto tribunal respondió a varias demandas contra el Decreto Ley 902 de 2017, que es la principal herramienta legal para aplicar la Reforma Rural Integral prevista en el Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc.
La Sala Plena, con una votación unánime de nueve votos a favor (9-0), decidió inhibirse de pronunciarse de fondo sobre los artículos 58, 60, 61, 70, 71, 74, 75 y 76 del decreto ley, en su argumentación porque las demandas no presentaron argumentos suficientes. Con ello, la Corte no encontró fundamentos sólidos para evaluar la constitucionalidad de esos artículos en esta ocasión, en medio del análisis exhaustivo de la norma.
En cuanto a otros puntos, declaró exequibles los artículos 36, 38, 39, 47, 56, 57, 75 y 80, pero estableció una condición importante: la competencia para resolver estos temas seguirá en manos de los jueces y tribunales actuales, conforme a lo decidido en la Sentencia C-073 de 2018, hasta que la nueva justicia agraria y rural, creada por el Acto Legislativo 03 de 2023, entre en funcionamiento.
Además, el alto tribunal tras la ponencia del magistrado Vladimir Fernández eliminó las frases “en los términos del presente decreto ley” de los artículos 38 y 39, pues consideró que no se ajustan a la Constitución Política. En ese sentido, también declaró constitucional el artículo 79 del mismo decreto.
¿Qué implica la decisión para la justicia agraria?
En términos prácticos, la Corte ordenó que el sistema judicial vigente siga aplicando las reglas de tierras hasta que el Congreso de la República expida la ley que pondrá en marcha la nueva jurisdicción agraria y rural. Esta transición es clave, ya que el Acto Legislativo 03 de 2023 ordenó en consecuencia la creación de tribunales y juzgados especializados para atender los conflictos y trámites sobre tierras rurales.
En la sentencia se exhorta al Congreso a aprobar la ley respectiva “a la mayor brevedad”. Al mismo tiempo, la Corte pidió al Consejo Superior de la Judicatura que adelante todos los preparativos para que, a partir de 2027, estos nuevos tribunales y juzgados comiencen a funcionar de manera gradual y progresiva, conforme al marco legal que se adopte sobre el particular.
Reforma Rural Integral: ¿qué es y por qué es central?
Es válido destacar que la Reforma Rural Integral es el primer punto de los cinco que hacen parte del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado y el grupo guerrillero. Su finalidad es transformar el campo colombiano, mejorar el acceso a la tierra para campesinos y comunidades rurales y, del mismo modo, combatir la histórica desigualdad en la distribución de la propiedad agraria.
Así pues, el Decreto Ley 902 de 2017 surgió para facilitar la adjudicación de tierras, formalizar la propiedad rural y crear un Fondo de Tierras para quienes no tienen tierra o poseen muy poca. En síntesis, el decreto definió los mecanismos y procedimientos para que campesinos, víctimas del conflicto y otros actores rurales puedan acceder a la propiedad de la tierra de forma más ágil.
A pesar de su objetivo, la aplicación de la reforma ha sido polémica. Diversos sectores sociales y expertos advierten que los trámites siguen siendo lentos y burocráticos y que aún persiste una gran concentración de la tierra en pocas manos. De hecho, algunos artículos del decreto han sido cuestionados por permitir, según críticos, que personas con mayor poder económico se beneficien más que pequeños campesinos.
Por otro lado, organizaciones rurales han insistido en que la implementación de la nueva justicia agraria es una deuda pendiente, pues solo con jueces especializados se podrá garantizar una distribución más justa y resolver de manera efectiva los conflictos de tierras.
El panorama con la decisión de la Corte Constitucional
Es clave señalar que la decisión de la Corte no cambia el funcionamiento actual de los procesos sobre tierras. Todo seguirá igual hasta que el Congreso apruebe la ley que reglamenta la jurisdicción agraria y el Consejo Superior de la Judicatura ponga en marcha los nuevos tribunales rurales, previstos para empezar a operar en 2027.
En ese sentido, los miembros de la Sala Plena se reservaron la posibilidad de presentar aclaraciones de voto, en tanto que los detalles completos y la motivación de la sentencia se publicarán en los próximos días. De esta forma, se avanzó en la discusión sobre el futuro del campo colombiano, la equidad en el acceso a la tierra y la necesidad de que las reformas acordadas en el proceso de paz se cumplan de manera efectiva y transparente.
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