Casi la mitad de la plata de los departamentos viene de la Nación y se prenden las alarmas por la dependencia fiscal

Mientras más baja es la categoría fiscal de un departamento, mayor suele ser su dependencia de los giros que llegan desde la Nación. Esa es una de las principales conclusiones del último análisis del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, que revisó cómo se financiaron estas entidades territoriales durante 2025 y qué tanto margen real tienen para decidir sobre sus recursos.

El informe advirtió que la discusión no es menor. Los departamentos son actores clave en la prestación de servicios públicos y en la ejecución de políticas regionales, pero no todos cuentan con las mismas herramientas para responder a sus necesidades. Las diferencias en ingresos propios, acceso al crédito y recursos condicionados marcan brechas profundas entre territorios.

Durante 2025, los departamentos reportaron ingresos totales por $60,5 billones. Sin embargo, casi la mitad de ese dinero no provino de recaudo local ni de decisiones propias, sino de transferencias nacionales. En total, estas sumaron $28,7 billones, equivalentes al 47% del total, lo que las convirtió en la principal fuente de financiación. Después aparecieron los recursos propios, con $19,3 billones (32%), y los recursos de capital, con $12,5 billones (21%).

Uno de los puntos centrales del estudio es que la autonomía fiscal cambia según la categoría administrativa del departamento. En los de categoría especial, los ingresos propios representan el 48% del total, una proporción superior incluso a las transferencias, que pesan 29%. Ese comportamiento muestra una mayor capacidad para sostenerse con recaudo interno y tomar decisiones sobre el gasto con menos dependencia externa.

El panorama es muy distinto en los territorios de menores ingresos. En los departamentos clasificados en tercera y cuarta categoría, las transferencias concentran el grueso de los recursos: 61,7% y 65,7%, respectivamente. En esos mismos casos, los ingresos propios apenas rondan el 20%. La lectura es clara, donde hay menos músculo económico, también hay menos libertad presupuestal.

El documento también detalla de dónde salieron esas transferencias. De los $28,7 billones recibidos, $26 billones correspondieron al Sistema General de Participaciones (SGP), es decir, el 89% del total. Esto revela una fuerte concentración en una sola fuente de recursos y, al mismo tiempo, una alta exposición frente a las decisiones del nivel central.

Pero el problema no se limita al origen del dinero. Buena parte de esos recursos ya llega con un destino previamente establecido por ley. Eso significa que, aunque los departamentos reciben montos importantes, no siempre pueden orientarlos hacia las urgencias específicas de sus regiones.

Dentro del SGP, la mayor tajada fue para educación. En total, este rubro alcanzó $23,3 billones, equivalente al 92% de los $25,5 billones analizados dentro de esa bolsa. Salud ocupó el segundo lugar con $1,2 billones (5%), mientras agua potable y saneamiento básico recibieron cerca de $600.000 millones (2%). La conclusión del Observatorio es que esta estructura reduce la flexibilidad territorial. Aunque se trata de sectores esenciales, el alto nivel de amarre presupuestal limita la capacidad de reacción ante problemas locales que no encajan dentro de esas líneas definidas.

En cuanto a los recursos propios, el informe señala que ascendieron a $19,3 billones y estuvieron dominados por los ingresos tributarios. Estos representaron $14,1 billones, equivalentes al 73% del total. Los no tributarios, por su parte, sumaron $5,2 billones (27%).

Entre los impuestos departamentales, el mayor peso lo tuvo el gravamen al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas, con $3,1 billones, correspondientes al 22% del total tributario. Luego aparecieron el impuesto sobre vehículos automotores, con $2,6 billones (18%), y las estampillas, con $2,3 billones (17%). Aunque estas rentas son fundamentales para sostener las finanzas regionales, varias también tienen restricciones legales sobre su uso. Es decir, incluso el dinero recaudado directamente por los departamentos no siempre puede destinarse libremente a prioridades nuevas o emergentes.

Los recursos de capital completaron el mapa financiero con $12,5 billones. Allí sobresalieron los recursos del balance, que sumaron $7 billones (54%). Les siguieron otros recursos de capital con $3 billones (27%) y los recursos de crédito con $2 billones (17%).