Gobierno Petro no podría decretar otro aumento del salario mínimo: alertan por el “mayor peligro para el bolsillo” y el “efecto desastre”

La iniciativa del presidente Gustavo Petro de promover un aumento del salario mínimo en Colombia, como respuesta a la decisión del Banco de la República de mantener las tasas de interés en 11,23%, provocó una amplia controversia entre el Gobierno y los gremios empresariales. El debate gira en torno al impacto de la medida sobre la inflación, la legalidad del proceso y la autonomía del banco central, en medio de estimaciones inflacionarias que ya ubican el índice entre 3% y 3,5% en los primeros meses del año y anticipan un posible cierre anual de hasta 8%.

El eventual incremento del salario mínimo propuesto por el mandatario podría afectar la economía laboral de Colombia, ya que modificaría de forma automática los contratos y escalaría a otras bandas salariales debido al llamado “efecto arrastre”. La posibilidad ya generó alerta en los gremios por los riesgos de inflación, impactos en la estabilidad financiera y los procedimientos legales obligatorios que norman cualquier ajuste al salario mínimo.

Capacidad económica de los hogares

Durante el Consejo de Ministros del 21 de abril, Petro sostuvo que el encarecimiento del crédito limita la capacidad económica de los hogares y frena el consumo. Para él, el aumento del salario mínimo se plantea como un mecanismo respaldado por el principio constitucional del “salario vital y móvil” para proteger el ingreso de los trabajadores.

El mandatario aseguró que “estos incrementos están respaldados por el principio constitucional del ‘salario vital y móvil’”, e insistió en que los aumentos salariales no son responsables de la inflación. Apuntó que la causa principal de la pérdida de poder adquisitivo está en el costo elevado del crédito.

Acto “populista”

Por su puesto, las reacciones del sector privado no se hicieron esperar y manifestaron preocupación. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, calificó la advertencia presidencial de “populista” y defendió la función esencial del banco emisor.

“¿Qué es lo que está haciendo el Banco? Evitando que a la gente le cueste más su canasta familiar; que cuando vaya a la tienda a comprar huevos o leche, no le cueste más. Eso es lo que busca el banco cuando sube las tasas. No es, como dice el presidente, que el Banco tenga una fijación con este Gobierno para que todo le salga mal”, dijo el dirigente durante el 9° Encuentro y Feria Renovables LATAM en Barranquilla.

El mayor peligro para el bolsillo

Alertó que el mayor peligro para el bolsillo de los colombianos es la inflación, que, según sus estimaciones, ya se sitúa en 3% y 3,5% en lo que va del año. Proyectó que podría cerrar entre 6% y 8%. “El peor impuesto para un ciudadano de a pie y la forma más eficaz de perder dinero es la inflación. Eso es lo que quiere evitar el Banco de la República”, afirmó el dirigente gremial.

Castañeda considera inviable cualquier decisión unilateral del Ejecutivo en esta materia sin seguir el procedimiento establecido. Advirtió que “no es realista. El Gobierno solo puede determinar un alza una vez se reúna la comisión entre Gobierno, trabajadores e industria bajo el marco de la Ley 278. Si no hay acuerdo, se emite un decreto, pero debe seguirse ese debido proceso. De lo contrario, estaríamos viendo claramente un prevaricato por parte del Gobierno”.

Advertencias empresariales sobre autonomía y estabilidad económica

Por su parte, durante el 9° Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puertos en Cartagena, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, enfatizó en la necesidad de respetar la independencia del banco central y alertó sobre los riesgos de mezclar el salario mínimo con coyunturas políticas. “Colombia debe ser consciente de que las familias requieren una institucionalidad que las defienda contra la inflación”, afirmó.

Mac Master cuestionó la idea de que los ajustes de salarios o las tarifas de servicios públicos no repercutan en los precios finales. Según dijo, minimizar el impacto de estos factores desconoce la dinámica económica y expone al país a aumentos continuos en el costo de vida.

Y es que la tasa de referencia en 11,23% refleja la cautela del banco ante la inflación y la necesidad de actuar con prudencia, especialmente en un entorno electoral. Al respecto, el dirigente advirtió que debilitar la autonomía del Emisor podría desencadenar una espiral inflacionaria y que, aunque el país no ha vivido hiperinflaciones, ese escenario sería una fuente mayor de pobreza.

Al acercarse la primera vuelta presidencial, Mac Master resaltó la importancia de separar los intereses electorales de las decisiones macroeconómicas. “Se debe ser responsable a cinco semanas de la primera vuelta presidencial”, expresó, y criticó el uso de discursos políticos ajenos al soporte técnico en temas como la inflación y el salario mínimo.

Para el presidente de la Andi, solo la reducción sostenible de la inflación puede mejorar el bienestar de los colombianos. Exhortó a que la discusión sobre la autonomía del Banco de la República permanezca bajo estrictos criterios técnicos y no sea arrastrada por las campañas electorales.

Análisis jurídico sobre el proceso de ajuste salarial

Sobre la situación, el líder de la Unidad de Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados, Nicolás Rico, aclaró a Valora Analitik que el Gobierno carece de facultades para aumentar el salario mínimo por fuera del procedimiento normativo. Según la Ley 278 de 1996, todo ajuste debe comenzar en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, compuesta por representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores.

Rico explicó que la normativa exige desarrollar el proceso de concertación durante el último trimestre del año. Si no hay acuerdo antes del 15 de diciembre, las partes pueden extender el diálogo; si el desacuerdo persiste, el Gobierno puede fijar el salario mínimo mediante decreto, pero solo hasta el 30 de diciembre tras agotar los mecanismos de concertación. Resaltó que estas disposiciones tienen carácter excepcional y existen para evitar decisiones arbitrarias. Un incremento decretado al margen del calendario o de las reglas de concertación podría acarrear ilegalidad y exponer al Ejecutivo a sanciones judiciales, incluida la posible acusación de prevaricato.

Asimismo, indicó que toda decisión unilateral podría ser anulada por los tribunales si carece de fundamentos técnicos o vulnera los parámetros legales. El proceso normativo, por tanto, es la única vía legítima y válida para modificar el salario mínimo en Colombia.

Efecto desastre

Un ajuste extraordinario al salario mínimo, sin importar su origen, genera efectos inmediatos en el sector laboral. Conforme describe Nicolás Rico, ningún trabajador puede percibir menos que el mínimo legal vigente y los contratos se ajustan automáticamente ante cualquier incremento decretado.

Este ajuste automático se extiende a otras escalas, lo que produce el conocido “efecto arrastre”: trabajadores con sueldos cercanos al mínimo suelen exigir incrementos proporcionales, desafiando las estructuras de compensación de las empresas. El fenómeno impacta las convenciones colectivas, las políticas empresariales internas y puede forzar modificaciones en los esquemas de salario integral. Algunas compañías, ante un alza significativa, optarían por transformar el modelo salarial para mitigar el impacto, desencadenando procesos de desintegralización.

Las consecuencias, entonces, abarcan tanto a quienes reciben el mínimo como a las escalas salariales superiores, generando ajustes en la economía interna de las compañías y el sistema laboral global.