
Diez meses después del ataque sicarial contra el senador Miguel Uribe Turbay, se siguen conociendo detalles sobre la ejecución del plan macabro que acabaron con la vida del precandidato presidencial del Centro Democrático.
Mientras que las investigaciones siguen su curso por parte de las autoridades, uno de los presuntos implicados en el magnicidio dio su versión frente a su papel en el ataque contra el dirigente político.
El turno fue para Cristian Camilo González Ardila, señalado como el motociclista que habría llevado al menor de edad que disparó contra Uribe Turbay, que realizaba un acto público el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón (occidente de Bogotá).

El hombre, que actualmente se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, fue entrevistado por el periodista Rafael Poveda en el pódcast Más allá del silencio, donde introdujo elementos inéditos sobre la preparación y ejecución del atentado, así como tensiones entre sus dichos y la hipótesis oficial de la Fiscalía General de la Nación.
Inicialmente, el hoy procesado detalló como era su relación con Hélder José Arteaga Hernández, conocido como alias El Costeño o Chipi, señalado como autor intelectual del crimen contra el senador del Centro Democrático.
“Yo lo distingo más o menos hace unos doce o trece años por mucho. ¿Por qué lo distingo? Porque él peluqueaba en el barrio, él era el barbero. De vez en cuando también, pues ahí fumábamos mucho con él, la verdad”, manifestó al programa digital.

Posteriormente, el motociclista indicó que ‘El Costeño’ lo contactó para participar en el plan criminal. Sin embargo, insistió en que nunca recibió detalles claros ni sobre la víctima ni sobre la naturaleza del encargo, limitándose a cumplir instrucciones vagas y a realizar actos rutinarios dentro de su historial delictivo.
“Él solo me decía que iba a hacer un trabajo… pero nunca me dijo a quién ni qué iban a hacer”, declaró
Previo al atentado
El principio organizador detrás del crimen retrocede dos meses antes del ataque. Según el relato de González a Más allá del Silencio, existió un plan inicial para emplear explosivos contra las camionetas blindadas en las que se movilizaba Miguel Uribe; sin embargo, este método fue descartado por errores logísticos y la elevada probabilidad de ser detectados por las autoridades.
“Él me habla de que necesita un man que vaya en una moto y lleve a un man que va a poner una maleta encima de una camioneta y eso, pero él nunca me dice qué persona es, ni por dónde es, ni cuándo lo vamos a hacer, ni me muestra ninguna bomba”, añadió.
Incluso, mencionó que, por su desconocimiento del personaje, hasta sospechó que la posible víctima pudiera ser el presidente Gustavo Petro, al igual que la candidata presidencial Paloma Valencia.

“Pudo haber sido Petro, pudo haber sido Paloma, pudo haber sido cualquiera. No sabía quién era, la verdad. O sea, yo supiera quién era, yo le digo de una vez el nombre”, enfatizó.
En la semana previa al asesinato, sostuvo que se consolidó la decisión de emplear a un menor de edad como autor material de los disparos, una táctica recurrente utilizada por organizaciones criminales para intentar eludir la responsabilidad penal plena. González recordó que en una videollamada le indicaron: “Me dice que le busque un menor (…) que tiene que ser un menor. Más no, yo nunca había trabajado con él”, instrucción que acompañó de advertencias sobre el alto riesgo de la acción.

Durante el atentado
La Fiscalía mantiene la hipótesis de que González debía facilitar la huida del menor de edad —identificado como el autor material de los disparos— y señala contundentemente su responsabilidad operativa.
No obstante, González sostuvo que el día del atentado llegó al parque El Golfito horas después de los hechos y se encontró con la confusión, las sirenas y los heridos ya presentes. “Yo llegué cuando todo ya había pasado. Cuando llego, ya veo todo lleno de gente, gritando… yo no sabía qué estaba pasando”, relató.
Incluso afirmó haber intentado auxiliar en el traslado de los heridos dando aviso a las ambulancias, una acción que, en su opinión, contradiría su supuesta implicación directa en el escenario del crimen.
Frente al transcurso de su proceso judicial, González denunció intimidaciones por parte del fiscal del caso. “El fiscal me asustó (…) me dijo que si no contaba algo que él no supiera, me mandaba preso”, indicó.

Uno de los fragmentos más elocuentes del testimonio ofrecido a Más Allá del Silencio es la caracterización que hace González de la escena y la vulnerabilidad de la víctima: “No sucedió por la pericia de los delincuentes, sino porque la víctima estaba desprotegida, cualquiera lo hubiera podido haber… le hubiera podido haber quitado la vida”, declaró, aludiendo a la sensación de indefensión que reinaba incluso pese a la notoriedad pública de Uribe Turbay.
González, desde prisión, reiteró que no conocía la verdadera magnitud del encargo ni la identidad de la víctima hasta que “horas después, viendo las noticias, entendí lo que había pasado”.
No obstante, también admitió los incentivos económicos involucrados: “La necesidad tiene cara de perro… yo necesitaba plata. Si yo hubiera sabido que era Miguel Uribe, yo cobro 20 millones, no 10”, afirmó el hoy procesado al programa digital, explicitando el contexto de marginalidad y la escala de pagos dentro de estos delitos.

Tras el ataque, el precandidato luchó por su vida durante más de dos meses, falleciendo finalmente tras una convalecencia que evidenció la gravedad de las heridas sufridas.
Las nuevas revelaciones y contradicciones en las versiones de los implicados subrayan la complejidad de la causa penal y la importancia de esclarecer tanto la responsabilidad de los autores materiales como la de los determinadores intelectuales y logísticos, en medio de un escenario en el que la violencia política y la instrumentalización de menores constituyen desafíos críticos para la justicia en Colombia.
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