Gustavo Petro insistió en que quiere una constituyente: pidió acelerar la recolección de firmas para impulsarla

El presidente Gustavo Petro ratificó este martes 21 de abril de 2026 que su Gobierno impulsa la convocatoria de una asamblea constituyente en Colombia, una iniciativa que —según explicó— busca reformar la Carta Política para superar lo que considera bloqueos institucionales a su programa de reformas.

El mandatario defendió la legalidad del mecanismo y aseguró que se trata de una vía legítima para enfrentar problemas estructurales como la corrupción y la violencia que han afectado al país durante décadas.

Durante el Consejo de Ministros del 21 de abril, Petro reveló que el proceso se encuentra en una fase organizativa avanzada. En ese contexto, solicitó a sus funcionarios información detallada sobre la consignación de recursos necesarios para financiar la recolección de firmas, así como sobre los formatos oficiales requeridos para activar formalmente la iniciativa.

En su intervención, el jefe de Estado hizo un llamado directo a la ciudadanía para promover la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y anunció que el Gobierno entregará los insumos necesarios para facilitar este proceso. “Personalmente creo que debemos promover la constituyente, que no está prohibida por la ley ni por la Constitución”, afirmó.

Petro insistió en que la propuesta no pretende sustituir completamente la Constitución vigente, sino intervenir un componente específico: el sistema político, que —a su juicio— es el origen de los problemas estructurales del país. “No es nueva porque solo reforma una parte, que es la parte del sistema político, que es la base de la corrupción en Colombia. Es una constituyente contra la corrupción”, enfatizó.

El mandatario subrayó además que la iniciativa debe ser impulsada desde la ciudadanía y no delegarse exclusivamente en las instituciones. “Nosotros, no otros, no le echen la culpa a otros. Nosotros”, expresó. Y agregó: “Y el pueblo que nos quiere seguir, que si es mayoría, entonces podremos realmente acabar con la violencia y la corrupción de este país”.

En esa misma línea, planteó que el éxito del proceso dependerá de la movilización social y del respaldo popular durante la recolección de firmas. “Es el pueblo el que decide si quiere transformar su Constitución o no, y ese poder no puede ser sustituido por ninguna élite”, sostuvo.

El presidente también reiteró que la constituyente no vulnera el ordenamiento jurídico. “No hay ninguna prohibición constitucional para que el pueblo convoque una constituyente. Lo que hay son procedimientos, y esos procedimientos los vamos a seguir”, aseguró, al tiempo que insistió en que se trata de un mecanismo democrático contemplado dentro del sistema institucional colombiano.

Asimismo, hizo énfasis en la relación entre el sistema político actual y las prácticas de corrupción. “Mientras no se transforme el sistema político, la corrupción seguirá reproduciéndose. No es un problema de personas únicamente, es un problema estructural”, afirmó. Y añadió: “Por eso hablamos de una constituyente contra la corrupción, porque es ahí donde se origina gran parte del problema”.

En un tono autocrítico, Petro reconoció que la corrupción no es ajena a su propia administración. “Está en todo el Estado, incluido este gobierno”, señaló. Además, precisó: “Sobre todo agenciada por funcionarios que vienen de atrás, pero también con personas que yo nombro y han abusado de mi confianza”.

Finalmente, reiteró su llamado a la acción colectiva y subrayó que la responsabilidad del cambio recae en la ciudadanía. “Si el pueblo decide avanzar, avanzamos. Si no, respetamos esa decisión. Pero lo importante es que el debate se dé de cara al país”, concluyó.

Estas declaraciones evidencian que el Ejecutivo no solo respalda la propuesta, sino que también está involucrado en su impulso logístico. El jefe de Estado ha insistido en que la constituyente no contraviene la Constitución ni las leyes vigentes, y la presenta como una alternativa ante lo que denomina una “imposibilidad de avanzar reformas en el Congreso”, escenario que —según afirma— ha frenado transformaciones en áreas clave como el sistema político, la justicia y el modelo económico.

La propuesta ha generado una fuerte reacción en distintos sectores políticos. Desde el oficialismo, el comité promotor —integrado por aliados del Gobierno— inició la recolección de firmas en febrero de 2026. El proyecto contempla la elección de 71 delegados mediante voto popular, bajo criterios de paridad de género, quienes se encargarían de redactar las reformas a la Constitución de 1991.

Sin embargo, desde la oposición han surgido críticas contundentes. El exgobernador y excandidato presidencial Sergio Fajardo advirtió que la iniciativa podría abrir la puerta a la reelección presidencial, prohibida en Colombia desde 2015. Según esta postura, el verdadero objetivo sería habilitar a Petro para aspirar nuevamente al poder en 2030.

En respuesta, Fajardo radicó un referendo ante la Registraduría con el propósito de “blindar” la Constitución durante ocho años y evitar la convocatoria de una asamblea constituyente. La iniciativa busca preservar la estabilidad jurídica y evitar que la reforma constitucional se convierta en un eje de campaña electoral.