De manera unánime, la Comisión Séptima del Senado de la República de Colombia aprobó en tercer debate el proyecto de ley ‘Jineth Bedoya Lima’ que establece como obligatoria la capacitación de todos los funcionarios públicos en Colombia sobre violencia de género.
La medida, diseñada para erradicar la revictimización institucional de las mujeres que buscan auxilio en entidades estatales, responde a un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado colombiano tras el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima, sobreviviente de violencia sexual ocurrida en el 2000.
Además, la normativa establece revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de la formación para los funcionarios, tanto de carrera administrativa como de contratistas y particulares.
El proyecto de ley fue presentado por la representante Catherine Juvinao, quien explicó que la meta es evitar la violencia institucional basada en género, denunciando que esta situación se produce cuando mujeres víctimas de agresiones buscan justicia y son nuevamente revictimizadas por los propios organismos estatales.
“Se pretende erradicar la violencia institucional basada en género, que son todas las violencias que sufren las mujeres víctimas de violencias basadas en género y que cuando van a las entidades del Estado a pedir ayudar, buscar justicia, se les revictimiza”, indicó la congresista de Alianza Verde durante la sesión.
La senadora Norma Hurtado (Partido de la U), también ponente del proyecto, recalcó que no se trata de una ley ordinaria sino del primer instrumento legal que, además de sancionar la violencia, instituye medidas para la no repetición, la adecuada ejecución de los procedimientos y la protección efectiva de los derechos de la mujer en el ámbito institucional.
“Tenemos que reconocer y aceptar que hemos tenido un Estado indiferente. Hoy hacemos un llamado a ese Estado que debe proteger a sus mujeres, de ese Estado que debe cuidar y salvaguardar a sus mujeres”, comentó.
Por su parte, la senadora Nadia Blel (Partido Conservador) declaró que “la sentencia que nos convoca en este proyecto, no es solamente una condena, es también un llamado de atención al Estado. Nuestro Estado tiene que cambiar la forma en cómo aborda la violencia contra las mujeres”.
Entre tanto, la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico) instó a las entidades públicas a que, una vez entre en vigor la ley mencionada, se implementen inmediatamente las capacitaciones.
“Es importante que la ley estipula las capacitaciones como una obligación. No es optativo, no es hacer por hacer. Se tienen que hacer las evaluaciones", recalcó.
En la audiencia, la periodista colombiana agradeció a los congresistas por su respaldo a la iniciativa, y enfatizó en que está sería una de las maneras que, en sus palabras, se pueda hacer justicia por su caso.
“Si los investigadores y los funcionarios públicos que hicieron parte de este proceso, hubieran tenido una formación en prevención de violencias basadas en género, yo no hubiera tenido que repetir una y otra vez la tortura de mi violación. Porque eso es lo que he padecido estos 26 años”, afirmó Bedoya Lima.
Cifras sobre la problemática
Durante la sesión realizada el martes 21 de abril de 2026, se destacó un dato contundente: en Colombia, el 35,4% de las mujeres víctimas de feminicidio había sido atendida previamente por el sistema estatal de salud forense, de acuerdo con cifras expuestas por congresistas.
Detrás de ese porcentaje, existen más de 119 feminicidios, 46.000 casos de violencia intrafamiliar y 102.000 lesiones no fatales registradas en 2025. Estos números fueron presentados durante el debate como prueba del fallo en los mecanismos actuales de protección.
El problema trasciende la atención a las víctimas e involucra prácticas institucionales que perpetúan la impunidad.
La Procuraduría General de la Nación, según datos revelados en el debate, señala que el 92% de las quejas por acoso laboral con componente de género no llega a pliego de cargos y que el 88% de los procesos por acoso acaba archivado sin sanción.
Entre las razones citadas, destacan la dificultad para conseguir pruebas, el aislamiento de las denunciantes y la precariedad de los contratos laborales en el sector público. Esta estructura jerárquica, en los hechos, protege al agresor mientras desprotege a la víctima, según expusieron las ponentes en el Senado.
Ahora, el proyecto de ley tendrá su cuarta y última discusión en la Plenaria del Senado, que de llegar a ser avalado, se convertirá en nueva ley de la república.
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