Dueño de fábrica de confecciones en cárcel de Itagüí habló sobre ‘Douglas’ y otros miembros de la Oficina de Envigado: “No es mi jefe”

Después de la divulgación de nuevas denuncias sobre presuntas irregularidades en la cárcel de máxima seguridad La Paz en Itagüí, Antioquia, el traslado de 23 cabecillas de estructuras armadas, involucrados en acciones ilegales y en la fiesta vallenata del 8 de abril de 2026, sigue sin autorización por parte de la Oficina del Comisionado de Paz.

La demora prolonga la permanencia de estos internos, señalados de operar delitos desde el interior del penal, en un contexto de creciente presión y reclamos por mayor control institucional.

Claudia Carrasquilla, concejal de Medellín y exfiscal, difundió imágenes de camionetas de alta gama que presuntamente ingresaron a la cárcel en horarios nocturnos, lo que alimentó el debate público sobre el control real en La Paz y disparó preguntas sobre el manejo interno de la penitenciaría.

Carrasquilla, en diálogo con El Tiempo y el programa Primer Plano, apuntó directamente a José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, asegurando que es “amo y señor de una maquila que funciona en el penal con la que además está rebajando condena a 32 años de cárcel por secuestro extorsivo en concurso con concierto para delinquir agravado”.

El penal de La Paz concentra la atención no solo por los hechos recientes, sino también por la exposición de un mecanismo de rebajas de condena a través de talleres de confección instalados en cinco cárceles del país. Documentos obtenidos por el diario revelaron que desde mayo de 2009 el comerciante Álex Mejía Acevedo está vinculado a la empresa Comercializadora Createx S.A.S., que declara activos superiores a $3.863.000.000.

Mejía dirige talleres en La Paz, La Modelo, Guaduas y El Pedregal, con el soporte de instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y las universidades de Antioquia y Pontificia Bolivariana, según sus declaraciones al mismo medio.

El funcionamiento de la fábrica en las cárceles y los beneficios para internos

El modelo de talleres de confección, autorizado al comerciante Álex Mejía desde hace una década en la cárcel El Pedregal, otorga una reducción de dos días de condena por cada tres días laborados, además de un pago económico por cada prenda entregada, que varía entre $3.000 y $5.000. Según Mejía, aproximadamente 400 internos, incluidos miembros de la oficina de Envigado, el clan del Golfo y familiares de otros capos, participan en sus talleres repartidos en diferentes penales. Mejía afirmó: “No escojo a qué cárcel voy ni qué privados de la libertad trabajan conmigo”, deslindándose así de acusaciones sobre privilegios o favoritismos, informó El Tiempo.

Cuando se le preguntó respecto al rol de alias Douglas dentro de la maquila o fábrica de confección de productos, Mejía explicó que este “hace control de calidad. Revisa que salgan bien las prendas. Antes estaba en máquina plana, pero por su condición física (tiene problemas visuales) no siguió ahí”. Sobre las versiones de ingreso irregular de insumos en horarios fuera de lo común, negó rotundamente tales prácticas: “No trabajamos a la medianoche. La fábrica está ubicada en un lugar lejos de donde están esos muchachos, cerca al comando de vigilancia”.

Mejía también expuso que no ha recibido presiones ni amenazas por parte de los internos y que los cuestionamientos sobre una licitación en la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Sabaneta, Antioquia, obedecen a un “mal entendido con unos cheques y a que algunos guardas querían unos modelos de uniformes”, explicó al medio citado.

Reclamos por transparencia y continuidad de la polémica

Claudia Carrasquilla, exfiscal y concejal, sostuvo su exigencia para que las autoridades aclaren “quién manda en la maquila, cómo funciona, cuáles son las cuentas y qué mercancía entra y sale”, según declaraciones recogidas por El Tiempo. Esta solicitud se da en medio de una investigación pública sobre el supuesto dominio ejercido por alias Douglas y su círculo dentro de la cárcel La Paz, así como el papel de las maquilas en los sistemas de reducción de condenas y beneficio económico para los internos.

Actualmente, la Oficina del Comisionado de Paz aún no ha girado la instrucción para trasladar a los cabecillas implicados, mientras que la mesa de diálogo creada en torno a estos hechos continúa congelada, prolongando la falta de respuestas institucionales ante un escenario de vigilancia y cuestionamiento social sostenido.

Con la autoridad penitenciaria y las instancias oficiales estancadas, persisten tanto la incertidumbre sobre el control interno en La Paz como la presión pública para esclarecer la relación entre la operación de maquilas, el sistema de beneficios para los reclusos y la reiteración de hechos irregulares denunciados en uno de los penales más vigilados del país.