Una operación articulada entre la Policía Nacional de Colombia, la DIAN y la Fiscalía General de la Nación permitió la incautación de 574.818 unidades de mercancía de contrabando en seis ciudades del país, en un despliegue simultáneo contra redes dedicadas a la comercialización ilegal de productos.
El valor comercial de la mercancía incautada supera los $36.252 millones, según el reporte oficial de las autoridades.
Las acciones se desarrollaron en Bogotá, Buenaventura, Cali, Bucaramanga, Cúcuta y Maicao, donde fueron ejecutadas 22 diligencias de registro y allanamiento en puntos identificados como centros de acopio ilegal y carga contenerizada.
Las autoridades informaron que el operativo se concentró en estructuras logísticas utilizadas para el almacenamiento y distribución de mercancía ingresada de manera irregular al país.
Más de 574 mil unidades de mercancía incautadas
Durante los procedimientos fueron decomisados productos como oro, confecciones, cigarrillos, calzado, autopartes, juguetes y otros artículos de procedencia extranjera.
La Polfa confirmó que la totalidad de la mercancía no contaba con documentos que acreditaran su ingreso legal al territorio nacional.
Riesgo sanitario por productos sin registro del Invima
Las autoridades advirtieron que parte de los productos incautados, especialmente alimentos perecederos y suplementos dietarios, no cumplían con los requisitos sanitarios exigidos por el INVIMA.
En el comunicado oficial se indicó que estos productos no eran aptos para el consumo humano, lo que representa un riesgo directo para la salud pública.
Captura por corrupción de alimentos
En el marco de la operación fue capturada una persona señalada por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.
El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía, que adelantará el proceso de judicialización ante un juez de control de garantías.
Declaraciones del director de la Polfa
El coronel Mauricio Andrés Carrillo, director de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera, explicó que la operación hace parte de una estrategia reforzada contra el contrabando.
“En la última semana ejecutamos veintidós diligencias de registro de allanamiento a nivel nacional en ciudades y puertos del país, sobre cargas contenerizadas y centros de acopio ilegal”, señaló.
El oficial confirmó el resultado de la operación: “logrando la incautación de más de quinientas setenta y cuatro mil unidades de mercancía ilegal, avaluadas en más de treinta y seis mil millones de pesos, además de dinero en efectivo producto de esta actividad criminal”.
Golpe a estructuras y cambio de enfoque operativo
Carrillo explicó que el objetivo de las autoridades ya no se limita a la incautación de mercancía, sino a la afectación directa de las redes criminales.
“Hoy estamos cambiando la estrategia de lucha contra estas economías ilegales. No nos quedamos solo en la incautación o la aprehensión. Estamos identificando, judicializando y afectando las estructuras que financian el contrabando”, indicó.
El coronel añadió que el impacto es financiero y estructural: “Esto significa golpear directamente las finanzas de estas organizaciones criminales que evaden impuestos, afectan la economía y el comercio legal y comprometen la seguridad de nuestro país”.
Impacto económico del contrabando
El oficial explicó que las operaciones generan un efecto directo en las finanzas del Estado. “Cada operación tiene un doble impacto. Protegemos el recaudo del Estado, que se traduce en inversión social, y cerramos el flujo de dinero ilegal”, afirmó.
Carrillo también advirtió sobre el impacto sanitario del contrabando de productos sin control.
“También evitamos la comercialización de productos sin control sanitario, como en el caso de los medicamentos adulterados o de uso institucional, protegiendo la salud pública”, señaló.
Llamado a la ciudadanía
El director de la Polfa hizo un llamado a comprender la dimensión del delito. “Es importante invitar a los ciudadanos a ver el contrabando no como una evasión fiscal, es decir, un pago que no se hace de los impuestos o la no declaración de estas mercancías ante autoridades aduaneras al momento de ingresar al país”, indicó.
Agregó que este fenómeno tiene un impacto estructural: “Es un fenómeno que financia el crimen y debilita al Estado”.
Coordinación institucional e internacional
La operación contó con articulación entre autoridades nacionales y agencias internacionales, como parte de la estrategia de combate al crimen organizado transnacional.
“Por eso lo estamos enfrentando con mayor contundencia de la mano de autoridades judiciales nacionales e internacionales”, concluyó Carrillo.
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