El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) detectó inconsistencias estructurales en el crédito y subsidio otorgados al abogado penalista Juan José Lafaurie Cabal, hijo del empresario Juan José Lafaurie y la senadora María Fernanda Cabal, quien figura como beneficiario de un crédito blando y de un subsidio de Incentivo de Capacitación Rural (ICR) destinado a pequeños productores.
La auditoría reveló irregularidades en la tenencia y propiedad de la tierra asociada al proyecto y en la identificación de los beneficiarios finales de los recursos públicos.
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El caso involucra el otorgamiento de un crédito por 400 millones de pesos, de los cuales 95.273.700 pesos fueron cubiertos mediante el subsidio ICR, pagados por el Estado colombiano bajo la condición de que el beneficiario fuera considerado pequeño productor.
La investigación interna de Finagro se centró en la documentación presentada para acceder al beneficio. El abogado declaró ser propietario de la finca donde se canalizarían los fondos públicos, pero la auditoría comprobó que el predio pertenece en realidad a una empresa llamada Inversiones Lafaurie Cabal.
Esta firma adquirió la tierra previamente a José Félix Lafaurie y está compuesta por la senadora María Fernanda Cabal y sus hijos Denisse, Luisa Fernanda y Santiago, según los hallazgos obtenidos por El Reporte.
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El informe de auditoría detalló: “Una secuencia de inconsistencias estructurales sobre la tenencia de la tierra y la identificación de los beneficiarios reales del proyecto”.
Los auditores observaron que, para justificar la tenencia del predio, Lafaurie Cabal presentó un contrato de comodato supuestamente gratuito. Sin embargo, la sociedad que otorgó dicho comodato no es la titular del inmueble según los registros, sino una tercera empresa, Lafaurie Cabal S. en C.
Tras lo anterior, el documento señaló: “Es decir, no sabemos, ni se ha demostrado a qué título o en qué calidad legal, la sociedad que le entregó la tierra ostenta la tenencia, propiedad o facultad de disposición de dicho predio para poder entregarlo en comodato. La línea de derecho sobre el inmueble no se encuentra demostrada”.
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Adicionalmente, El Reporte destacó que el contrato de comodato impone al beneficiario la obligación de transferir el 20% de las utilidades netas y ceder el 100% de las mejoras al propietario, lo que contradice la naturaleza gratuita del acuerdo presentada ante el banco.
Esta estructura contractual permitió que, según los auditores, la empresa propietaria se convirtiera en cobeneficiaria material de la inversión pública, hecho que genera una multiplicidad de beneficiarios y cuestiona la calificación de “pequeño productor” atribuida a Lafaurie Cabal.
El esquema financiero contempló, además, que el Estado colombiano actúa como fiador del 80% de la deuda a través de una garantía del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG).
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La suma de estas circunstancias llevó a los auditores de Finagro a concluir que existió una “desnaturalización del comodato” y que los recursos públicos asignados no beneficiaron únicamente al titular del crédito, sino a un grupo familiar vinculado a la propiedad y explotación del predio.
El informe, cuya existencia fue confirmada por El Reporte, permanece bajo reserva en el interior de Finagro.
Esto dijo Juan José Lafaurie sobre este caso: “Acudiré a todos los canales institucionales”
El 16 de diciembre de 2025, Juan José Lafaurie Cabal, hijo del presidente de Fedegán y la senadora María Fernanda Cabal, respondió públicamente a las críticas sobre el crédito que solicitó como “pequeño productor” ante el banco Serfinanza, en Cesar.
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Por medio de un comunicado, el joven abogado expresó: “Ante las recientes afirmaciones injuriosas y calumniosas que han sido difundidas en mi contra, me veo en la obligación de manifestar, con absoluto respeto por las instituciones y por el debate democrático, que acudiré a todos los canales constitucionales y legales previstos en el ordenamiento jurídico para la protección de mi honra y buen nombre”.
El caso generó controversia cuando figuras políticas y usuarios en redes sociales cuestionaron la legitimidad del beneficio, considerando la posición de su familia.
Lafaurie Cabal enfatizó que “será la administración de justicia, y solo ella, la llamada a establecer responsabilidades” y advirtió que la filtración de datos, vinculada al periodista Daniel Coronell, podría constituir una afectación a la confidencialidad de la información crediticia.
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