Presidente de la Corte Suprema lanzó polémica propuesta para enfrentar la crisis carcelaria: “Penas más cortas”

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, propuso replantear la política criminal en Colombia hacia un modelo con penas más cortas pero efectivas, en lugar de castigos elevados que, según indicó, no se están cumpliendo ni generan un impacto disuasivo en la criminalidad.

El magistrado señaló que el actual enfoque punitivo enfrenta limitaciones estructurales, entre ellas la congestión judicial y el hacinamiento carcelario, lo que impide que muchas sanciones lleguen a ejecutarse en su totalidad. “Parece ser más efectivo una pena que puede no ser tan alta, pero que realmente se cumpla”, afirmó.

Lenis explicó que el sistema penal no debe centrarse en aumentar las penas de manera generalizada. “No se trata de aplicar penas grandes o que todo mundo vaya a la cárcel. Es penas que pueden no ser tan altas, pero que sean efectivas”, dijo. Según su diagnóstico, el llamado “populismo punitivo” no ha dado resultados en la reducción del delito.

El magistrado vinculó en entrevista con La Fm esta discusión con la congestión judicial. “Como hay una congestión judicial y muchas causas llegan, pues al final no se terminan, los procesos se terminan dilatando”, señaló, lo que afecta la capacidad del sistema para cumplir los objetivos de sanción y prevención.

En ese contexto, planteó fortalecer mecanismos alternativos como allanamientos, preacuerdos, principios de oportunidad y reparación integral. Indicó que en Colombia la mayoría de los casos llega a juicio, mientras que en otros sistemas judiciales ocurre lo contrario.

“En el sistema norteamericano, el ochenta por ciento del sistema judicial resuelve las causas con estas medidas (…) y el veinte por ciento va a juicio. En nuestro contexto tenemos la regla invertida”, explicó.

El presidente de la Corte también hizo referencia a la necesidad de ajustar la política criminal según el tipo de delito. Señaló que en algunos casos de menor impacto, como el hurto callejero, podrían contemplarse sanciones distintas a la cárcel. “No necesariamente en ese caso tendría que ir a la cárcel, pero pudiera pensarse en otro tipo de medidas”, indicó, mencionando alternativas como el trabajo social.

Sin embargo, precisó que esta visión no implica eliminar sanciones para delitos graves. “Hay delitos demasiado graves y deben tener una sanción”, afirmó, al tiempo que subrayó la necesidad de una evaluación diferenciada dentro de la política criminal.

Lenis también advirtió sobre la situación estructural del sistema penitenciario, que calificó como un problema que involucra múltiples entidades. En ese sentido, insistió en la necesidad de articular la política criminal con la política de seguridad y la política penitenciaria.

En relación con cifras, mencionó que en estaciones de policía y sedes de Fiscalía se identificaron 496 personas condenadas que permanecían en esos lugares por falta de cupos carcelarios. Según explicó, tras gestiones con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), se logró su traslado a centros de detención. “Hoy son cuatrocientos noventa y seis, el mes de mañana va a ser otro número”, advirtió, al señalar que se trata de un flujo constante.

Otro dato expuesto por el magistrado se relaciona con la carga de trabajo en la Corte Suprema. Indicó que más del 70 % de los procesos en la Sala de Casación Penal corresponden a delitos de violencia sexual contra menores de edad. “Son muy altos (…) casi mayor al setenta por ciento”, afirmó, destacando la gravedad de estos casos dentro de cualquier revisión de política criminal.

El presidente de la Corte insistió en que cualquier reforma requiere acciones coordinadas del Estado. “Se necesita respuestas del Estado (…) una voluntad política de querer mejorar la situación carcelaria en el país”, señaló.

Finalmente, reiteró que la efectividad del sistema no depende únicamente de aumentar penas, sino de garantizar su cumplimiento. “Ese sería un punto”, concluyó, al insistir en que la discusión debe centrarse en la eficacia real de las sanciones dentro de un sistema que enfrenta limitaciones operativas y estructurales.