Cinco hombres fueron asesinados en la vereda El Fical del municipio de Villanueva, departamento de Casanare, en la noche del 15 de abril de 2026, cuando dos atacantes que se movilizaban en motocicleta abrieron fuego en un establecimiento comercial.
Según informó el coronel Pablo Galindo, comandante de la Policía en Casanare, a Semana, las autoridades investigan el ataque, calificado como posible ajuste de cuentas.
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, anunció una recompensa de hasta $50 millones para quienes entreguen información que conduzca a la captura de los responsables. Equipos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional lideran las indagaciones y han intensificado los controles en distintos puntos del departamento para evitar nuevos hechos de violencia.
Los residentes del municipio han exigido mayores medidas por parte de las autoridades, luego de que, en lo que va del año, ya se han registrado 26 homicidios en Villanueva, una cifra que pone en alerta la convivencia y la seguridad ciudadana.
La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la gravedad de la situación en el municipio de Villanueva, destacando que la presencia de grupos armados ha impuesto un clima de inseguridad constante. La entidad alertó sobre el riesgo de que “la imposición de normas y otras formas de gobierno ilegal por parte de grupos armados representa un riesgo permanente de violaciones de los derechos de la población”.
En el territorio, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), convergen intereses de varias organizaciones armadas: el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mediante el Frente José David Suárez y disidentes de las Farc, específicamente los Frentes 28 y 10 del EMC.
El Indepaz precisó que la zona se ha convertido en escenario de una disputa territorial entre estos grupos. El instituto detalló: “Estos grupos han incursionado en zonas empobrecidas para demostrar su poder, reclutando a jóvenes vulnerables”.
Según la información, la población que se encuentra en mayor riesgo está compuesta por campesinos, ganaderos, comerciantes y maestros. Los habitantes enfrentan amenazas que van desde el desplazamiento forzado y los homicidios hasta la violencia sexual y el reclutamiento de menores, de acuerdo con el balance del instituto.
El Indepaz puntualizó que este hecho corresponde a la masacre número 38 registrada en 2026. La cifra refleja la persistencia de la violencia armada en el país y la capacidad de los grupos ilegales para continuar perpetrando acciones letales pese a los esfuerzos estatales de control.
Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán
El asesinato de seis personas en la vereda La Meseta, en la zona rural de Popayán, provocó un fuerte impacto tanto en el departamento del Cauca como en el escenario nacional colombiano. El ataque, que ocurrió el 9 de abril, involucró a varias figuras con trayectorias en la vida pública, lo que acentuó la conmoción social y política en la región.
Las autoridades informaron que un grupo de hombres armados irrumpió en una finca donde se encontraban las víctimas y perpetró el crimen. Entre los fallecidos se encuentran Cristian Fernando Preciado Ibáñez, Jesús Rafael Guzmán Villalba y Wilmer Leandro Torres Peña, todos con antecedentes en actividades políticas o periodísticas en distintos departamentos de Colombia.
El hecho dejó como víctimas a seis personas: Cristian Fernando Preciado Ibáñez, Jesús Rafael Guzmán Villalba, Óscar Adolfo Giraldo Muñoz, Jhony Fernando Arbeláez Muñoz, Brayan Ortega Murillo y Wilmer Leandro Torres Peña.
Tres de las víctimas mantenían vínculos con la política. Preciado Ibáñez fue excandidato al Concejo de Rovira, en Tolima, por el partido Centro Democrático. Guzmán Villalba, reconocido empresario y ganadero, se postuló al Concejo de El Guamo, Bolívar, representando al Partido Liberal.
En tanto, Torres Peña era un periodista con afiliación al Colegio Nacional de Periodistas, había aspirado a la Alcaldía de El Colegio, Cundinamarca, y trabajaba para la Agencia de Comercialización de Cundinamarca.
Además de las figuras políticas y periodísticas, la masacre cobró la vida de Brayan Ortega, de 32 años; Óscar Giraldo, de 39; y Jhony Arbeláez. Según los primeros reportes, estos tres hombres se dedicaban a actividades comerciales y no tenían antecedentes en la esfera política.
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