La ley seca podría cambiar para las elecciones presidenciales: Senado impulsa reforma que limita la restricción a solo 12 horas

El Senado de la República avanza en una decisión que podría transformar el entorno de las próximas elecciones presidenciales de 2026: un proyecto de ley busca reducir drásticamente la duración de la ley seca, tradicional medida que restringe la venta y consumo de licor durante procesos electorales, al limitar su aplicación a un máximo de 12 horas continuas.

De aprobarse, esta reforma modificaría la forma en que más de 41 millones de ciudadanos, habilitados para votar según la Registraduría Nacional, participarán en la jornada electoral prevista para el domingo 31 de mayo, brindando un respiro al comercio y al turismo, históricamente afectados por la restricción prolongada.

“La iniciativa busca proteger la reactivación económica del sector comercial sin sacrificar la seguridad ciudadana, y solo permite superar ese tope en situaciones de grave alteración del orden público”, dice en el comunicado emitido por el Senado de la República.

La iniciativa ya fue aprobada en primer debate por la Comisión Primera del Senado, que estableció el nuevo límite de 12 horas y habilitó únicamente extensiones excepcionales en casos de grave alteración del orden público, siempre que estas sean debidamente justificadas.

“La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate un proyecto de ley que establece un límite de 12 horas continuas a la Ley Seca en Colombia”, se agrega en el documento.

El proyecto determina también que la prohibición regirá desde dos horas antes de la apertura de las urnas, programada para las 6:00 a. m., hasta dos horas después del cierre, es decir, hasta las 6:00 p. m. del mismo domingo de votaciones.

“⁠Jornadas Electorales: Para las elecciones nacionales, departamentales, locales y distritales, la prohibición regirá desde 2 horas antes del inicio de la votación (6:00 a. m.) hasta 2 horas después del cierre de los comicios (6:00 p. m. del mismo domingo)“, se añade en el documento.

En consecuencia, las medidas excepcionales ya no podrían imponerse de forma generalizada, sino solo ante circunstancias extraordinarias comprobadas, lo que marca una diferencia sustancial frente al modelo anterior, en el que la restricción podía extenderse entre 24 y 48 horas previas y posteriores al proceso electoral.

El senador Alejandro Vega, autor del proyecto, sostuvo que “las restricciones prolongadas a la venta de bebidas alcohólicas afectan injustamente a los comerciantes, no permiten la correcta generación de empleo y golpean duramente el turismo, sin que necesariamente reduzcan los índices de violencia en el país”, en declaraciones citadas por Red+ Noticias.

Vega remarcó que la reforma permitiría dinamizar el comercio y dar un “nuevo aire” a los fines de semana electorales, al equilibrar la seguridad pública con el impulso a sectores económicos tradicionalmente afectados.

“El senador Alejandro Vega defendió la necesidad de modernizar esta normativa, argumentando que las restricciones prolongadas afectan injustamente a los comerciantes, la generación de empleo y el turismo sin que necesariamente garanticen una reducción en los índices de violencia”, se observa en la misiva.

Esta problemática había generado debates previos, especialmente por el impacto directo en ventas de bares y restaurantes, que veían una caída durante los días de restricción extendida.

La propuesta establece que tanto en elecciones nacionales, departamentales, locales y distritales, la ley seca solo podrá aplicarse bajo el nuevo criterio de duración limitada, salvo situaciones excepcionales de perturbación severa del orden público.

De superar la deliberación en la Plenaria del Senado, el proyecto avanzaría hacia sus últimos debates y la correspondiente sanción presidencial, etapas necesarias para convertirse en ley nacional.

El cambio normativo que tramita el Senado se centra en reducir la ley seca a no más de 12 horas continuas durante jornadas electorales, con excepciones limitadas a contextos de emergencia comprobada.

Esta modificación busca reducir el impacto económico y social registrado en elecciones anteriores, beneficiando de manera directa a comerciantes y actores del sector turístico, sin descuidar la finalidad de prevenir desórdenes durante el ejercicio del voto.