La Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) reveló un presunto esquema de desvío y ocultamiento de recursos en la cooperativa Coosalud, que habría operado entre 2019 y 2025, según el macroinforme elaborado tras la intervención administrativa en la entidad.
El informe, que ya fue remitido a la Fiscalía General de la Nación, describe maniobras financieras que podrían haber transformado deudas en inversiones y capitalizaciones, alterando la presentación real de la situación financiera.
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Según el comunicado oficial, Supersolidaria detectó durante sus auditorías técnicas una arquitectura financiera compleja, mediante la cual Coosalud Cooperativa habría trasladado obligaciones económicas originalmente a cargo de la EPS hacia la propia cooperativa y otras estructuras relacionadas. El objetivo, de acuerdo con el documento, habría sido ocultar deudas asociadas a la EPS, engañando así sobre el estado real de los pasivos.
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El análisis identificó operaciones sucesivas de deudas con clínicas y proveedores, ejecutadas a través de compraventa de cartera, cesiones, pagarés en blanco y estructuras fiduciarias. Estas transacciones habrían permitido transformar pasivos en registros contables como inversiones o capitalizaciones, alterando la transparencia financiera de la organización.
Las cifras del presunto desfalco
Entre los hechos documentados, Supersolidaria reportó presuntas simulaciones de compras de cartera por más de 55.000 millones de pesos provenientes de prestadores de salud. Además, se detectaron contratos que superan los 37.000 millones respaldados con pagarés en blanco y la creación de un patrimonio autónomo para reorganizar obligaciones con múltiples acreedores, donde las transacciones podrían alcanzar los 90.600 millones de pesos.
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El macroinforme también advierte procesos ejecutivos superiores a 300.000 millones de pesos derivados de estas operaciones. Estos datos reflejan la magnitud del presunto desvío y la sofisticación de los mecanismos utilizados.
Fondo de aportes sociales y operaciones crediticias bajo la lupa
Otro aspecto destacado por Supersolidaria es la diferencia significativa en el Fondo de Aportes Sociales de los asociados, el cual debía registrar cerca de 15.000 millones de pesos y presenta un saldo sustancialmente inferior. Este hallazgo sugiere la posible utilización de estos recursos en las operaciones descritas en la estructura financiera, afectando el patrimonio de los asociados.
En cuanto a operaciones crediticias, el macroinforme señala un crédito por 221.000 millones de pesos, de los cuales una parte no presenta una trazabilidad claramente determinada dentro de la cooperativa, mientras que otros montos fueron objeto de movimientos hacia terceros. Esta falta de transparencia complica la reconstrucción de los flujos financieros y abre interrogantes sobre el destino final de los fondos.
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El impacto sobre el sistema de salud y la reacción de las autoridades
La información recopilada por Supersolidaria fue puesta en conocimiento de la Fiscalía, que ahora deberá determinar las posibles responsabilidades penales y administrativas. El macroinforme constituye un insumo técnico para las autoridades competentes, que deberán examinar los hechos con rigurosidad, dado el potencial impacto sobre los recursos destinados al sistema de salud y el patrimonio colectivo de los asociados.
Declaraciones y repercusiones políticas
Ante la revelación de estos hallazgos, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de sus redes sociales, señalando directamente a los que considera los responsables: “El señor Juan Carlos Pastrana y Rafael Santos y los demás miembros de la junta de Coosalud deben responder porqué permitieron el desfalco de la EPS Coosalud gerenciada por el señor González“.
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El mandatario además cuestionó el destino de más de 300.000 millones de pesos que, según sus palabras, “se esfuman y es dinero público”.
Petro añadió: "Sé que ya me sancionaron con 15 salarios vitales por decir esto, pero no importa, busco cómo pagarlos pero aquí están todas las pruebas; la justicia no se puede poner del lado de los bandidos“.
Estas declaraciones hacen referencia a una sanción impuesta por un juez por desacato, relacionada con este mismo caso, luego de no retractarse de acusaciones hechas contra un directivo de Coosalud.
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