Ministro de Salud aseguró que las clínicas y hospitales “quieren crearle una trampa al Gobierno”

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, emitió un balance sobre el estado de la Salud en Colombia, luego de una nueva diligencia ante la Corte Constitucional, derivada del incidente de desacato interpuesto en su contra.

Durante la jornada de la mañana del 16 de abril de 2026, y en las instalaciones del tribunal —en el que rindió cuentas sobre la actualización de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC), que es el valor anual que el Gobierno paga a las EPS por cada afiliado para cubrir el Plan Obligatorio de Salud (POS), el alto funcionario reiteró que no existe ninguna insuficiencia estos pagos.

Insistió en que el ajuste es suficiente para la financiación del sistema de salud, y cuestionó a actores del sector, incluidas las EPS, que solicitan más recursos a pesar de registrar grandes utilidades, dijo el ministro.

En primer lugar, Jaramillo cuestionó el incidente de desacato, debido a que “nunca en la historia se había traído a un ministro aquí a responder por un supuesto desacato, que yo personalmente tengo que decir que he cumplido absolutamente todas las órdenes de la Corte, nunca las hemos incumplido”.

Pero dijo que las razones detrás del mecanismo procesal, según él, no son válidas, porque “150 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) del país siguen reportando utilidades gigantes. Para 2024 estas reportaron 5,2 billones de pesos y para 2025 reportaron ganancias por 7,1 billones de pesos”.

En ese sentido, el jefe de la cartera comentó que la discusión central no debe centrarse en la insuficiencia de la UPC, sino en la gestión y destino de los recursos ya existentes por parte de las entidades sanitarias.

“Pero por supuesto, esto prestó no para una mesa técnica, porque aquí lo que vinieron algunos personajes, que son los que manejan las EPS, que son los que se lucran de las EPS, que representan el establecimiento que se ha financiado y se ha beneficiado, (...) es a crearle una trampa al Gobierno”, dijo.

El jefe de la cartera de Salud dijo que, pese a la crisis que atraviesan las EPS, incluso las intervenidas, sus dirigentes quieren pedir más dinero al Estado, “sin demostrar que verdaderamente haga falta, como lo demostramos nosotros, porque lo único que ha hecho este Gobierno es aumentar, óigase bien, aumentar el presupuesto como nunca antes. Uno no puede entender que vengan a pedir plata acá y sus clínicas”, sostuvo.

Desde la Corte Constitucional citaron al ministro para verificar el cumplimiento de las órdenes relacionadas con el cálculo de la UPC.

La Fiscalía expuso hallazgos en el manejo de fondos de la UPC

El 14 de abril de 2026 se conoció que durante una sesión técnica en la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación alertó sobre posibles irregularidades en el manejo de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación.

Según expuso el fiscal delegado ante jueces especializados del circuito, Jairo Alberto Giraldo Rojas, las investigaciones han identificado apropiación, desviación y uso irregular de estos fondos, lo cual mantiene en alerta a las autoridades. La información fue presentada el 13 de abril.

Los hallazgos de la Fiscalía involucran reclamos por pacientes inexistentes, la creación de empresas promotoras de salud (EPS) fachada y recobros de servicios no incluidos en el plan obligatorio.

Giraldo Rojas afirmó que “se ha podido identificar, durante el transcurso de estos 10 años, que las EPS no han realizado los reportes de sus usuarios o afiliados que han fallecido, lo que les ha permitido recibir también recursos de la parafiscalidad”, citado por El Espectador. El funcionario también señaló graves alteraciones en la información de los usuarios con el objetivo de obtener mayores recursos y denunció la existencia de inversiones de recursos de la salud que no guardan relación con la atención de los pacientes.

Las investigaciones han detectado que por un solo afiliado se pueden recibir, en un mismo momento o en una misma vigencia, varios recursos, lo que facilita el desvío y la apropiación indebida de fondos.