En un contexto marcado por la circulación de amenazas contra aspirantes presidenciales y el aumento de los cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en Colombia, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, se pronunció frente a las quejas de la campaña de Abelardo de la Espriella, que ha señalado presuntas fallas en las garantías para su participación electoral.
Las declaraciones se produjeron al término de una reunión de seguimiento a las medidas de protección, realizada con la participación de la Procuraduría, el Ministerio del Interior y representantes de campañas políticas, en la que se evaluaron los esquemas de seguridad vigentes y las solicitudes elevadas por los candidatos.
En ese escenario, Rodríguez aseguró que, según los registros de la entidad, la campaña de De la Espriella no ha presentado requerimientos específicos de protección que respalden las denuncias públicas.
Debate sobre la seguridad de los candidatos presidenciales
El pronunciamiento del funcionario ocurre luego de la difusión en redes sociales de material con amenazas dirigidas a los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. En las imágenes divulgadas aparecen sus rostros junto a coronas fúnebres, nombres completos y años de nacimiento, lo que generó reacciones de rechazo en distintos sectores políticos.
La circulación de este contenido ha llevado a que campañas, actores políticos y hasta organismos internacionales de derechos humanos, como la ONU, a insistir en la necesidad de revisar las condiciones de seguridad en el proceso electoral, así como los esquemas de protección asignados a los aspirantes.
Estos hechos se suman a antecedentes recientes de violencia política en el país, como el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay en 2025, lo que ha intensificado las alertas frente a posibles riesgos durante la actual contienda electoral.
En medio de este panorama, el director de la UNP reiteró que las medidas de protección se activan a partir de solicitudes formales y evaluaciones técnicas de riesgo. “Hubo algunas candidaturas que señalaron que de pronto les hacían falta vehículos o personal, pero fueron muy pocas. Sin embargo, en particular, la campaña del doctor Abelardo, en esta reunión, no expresó que hubiera ninguna falencia”, señaló.
Evaluación de riesgos
Rodríguez explicó que el análisis de las condiciones de seguridad de los candidatos se realiza a través del Comité de Recomendación de Medidas de Protección Electoral (Corpe), que se reúne de forma periódica para revisar las solicitudes y definir acciones.
“Se le ha atendido en las diferentes reuniones del Corpe con las solicitudes que ha hecho. El Corpe se reúne cada vez que hay solicitudes suficientes y lo está haciendo prácticamente cada semana para evaluar cómo se van manifestando las solicitudes y los posibles riesgos que puedan tener las personas de las diferentes fórmulas a la presidencia”, indicó.
El funcionario agregó que el nivel de riesgo no es fijo, sino que puede variar según el contexto. “El riesgo no es una constante, es variable, por lo que debe evaluarse permanentemente”, afirmó.
En su intervención, también abordó versiones relacionadas con el senador Miguel Uribe Turbay, señalando que existe confusión sobre el procedimiento para solicitar refuerzos en los esquemas de seguridad. “Se ha venido construyendo una teoría según la cual el doctor Miguel Uribe habría hecho solicitudes de reforzamiento del esquema a la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, él nunca le dirigió una sola solicitud a la UNP, porque no tiene por qué hacerlo”, sostuvo.
Rodríguez precisó que, en el caso de congresistas, la valoración del riesgo corresponde a la Policía Nacional, a través de la Dirección de Protección (Dipro). “A través de la Dipro, se evalúan las solicitudes, se escucha sobre las posibles amenazas o la modificación del riesgo y luego se traslada esa información a la Unidad Nacional de Protección para que implemente las medidas necesarias”, explicó.
“La Unidad Nacional de Protección no es la que determina las medidas, ni la que valora el riesgo, ni la que recibe las solicitudes para esa revaloración”, precisó.
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